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Expertos advierten que los gobiernos no protegen a sus pueblos originarios

Por Agencias domingo 23 de septiembre del 2018

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La comunidad internacional clama que los representantes de las comunidades indígenas son los mejores defensores del medioambiente, pero los gobiernos y empresas son los que menos respetan sus derechos.

“Por desgracia, no puedo. No puedo nombrar ningún país que esté proporcionando una protección real a los pueblos indígenas”. Esta no se trata de una opinión cualquiera. Viene de labios de Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (Onu) sobre los derechos de los pueblos indígenas. Adelanta sus impresiones durante una entrevista en el Foro de Bosques de Oslo, celebrado el pasado junio. Ahora las ha puesto por escrito y difundido en las páginas de su informe anual sobre la situación de estos pueblos.

Bajo el título “Deberían haberlo sabido antes”, la relatora denuncia que los gobiernos y las empresas de todo el mundo están haciendo cada vez más difícil, y letal, que las comunidades indígenas protejan las tierras y los bosques. Estas poseen consuetudinariamente más del 50% del territorio mundial, pero sólo tienen derechos legalmente reconocidos en el 10%, algo que da vía libre a los gobiernos para declararlos ilegales en las tierras que han sido sus hogares durante generaciones.

Tauli-Corpuz difunde en su informe los datos de la organización Front Line Defenders, que sostiene que de los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 2017, el 67% eran indígenas que protegían sus terrenos o sus derechos, casi siempre frente a proyectos del sector privado.

De estos, el 80% ocurrieron en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas, aunque también se resalta la situación de Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Perú. La ONG británica Global Witness, por su parte, contabilizó al menos 207 asesinatos en su informe de 2017, presentado el pasado julio y que la relatora también menciona.

“Reconocer la importancia de proteger a los defensores de las tierras y del medioambiente es un tema que ha salido a menudo en el Foro. Pero en las sesiones a las que he asistido no he oído nada sobre la violencia y la intimidación que sufren rutinariamente estos grupos por empresas que quieren explotar sus territorios”, señala Patrick Alley, cofundador de Global Witness, durante el encuentro en Oslo.

Alley habla así durante una de las sesiones paralelas del Foro que él mismo modera. Bajo el título “Abordar las causas de los ataques a los defensores del medioambiente y los indígenas”, el investigador presenta a cuatro personas que han sufrido en sus propias carnes la pérdida de un ser querido de manera violenta por su militancia.

También se pronuncia Julio César López, coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. El líder comunitario explica que la disidencia de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) también existen otros actores armados que resguardan los intereses de narcotraficantes. Y los pueblos originarios están en medio de esta lucha, lo que les provoca “temor” e “incertidumbre”.

Para Tauli-Corpuz, el problema radica en que todo el desarrollo al que el mundo se ha adaptado es un modelo que continuamente extrae recursos, muchos de los cuales se encuentran sobre todo en tierras indígenas. “Da lo mismo que hablemos de oro, litio, cobalto o madera: si hay existencias, allí que van por ellas. Los agricultores extensivos quieren expandir sus cultivos y van y toman las que quieran aunque pertenezcan a los indígenas. Esa es la foto que tenemos en el mundo de hoy”, reconoce a este periódico. “Se privilegia a las empresas por los intereses económicos y comerciales que hay detrás”, denuncia, en relación con la expansión de proyectos de desarrollo de infraestructuras, agricultura y minería en tierras indígenas sin el consentimiento previo de los legítimos dueños.

Esta situación ha impulsado el drástico aumento de la violencia y del acoso legal contra los pueblos indígenas por parte del sector privado, que actúa en complicidad con los gobiernos. Acoso por parte de quienes primero deberían protegerlos, indica la relatora en su informe, en el que incluye docenas de ejemplos (nueve en países de América Latina, cuatro en Africa y siete en Asia) de ataques físicos o legales perpetrados en rincones de todo el mundo. Se trata tan sólo de una selección, asevera, porque a sus oídos llegan “cientos”.

El modus operandi

Estos asesinatos casi siempre ocurren en el contexto de continuas amenazas contra comunidades enteras. Primero, con campañas de difamación y discursos de odio que presentan a los pueblos indígenas como “obstáculos para el desarrollo”, o en el peor de los casos, como “terroristas” o “matones”, subraya el informe de la relatora. Luego vienen órdenes de arresto por cargos inventados, que a veces se dejan deliberadamente pendientes para que las comunidades vivan bajo una amenaza perpetua. Cuando los líderes indígenas son detenidos, a menudo permanecen en la cárcel durante años en espera del juicio. En los peores casos, el militarismo, la legislación antiterrorista y los “estados de emergencia” se utilizan para justificar una creciente violencia física.

Victoria Tauli-Corpuz ha vivido en primera persona la persecución. Mujer y líder indígena del pueblo filipino kankanaey igorot, el pasado marzo el presidente Duterte pidió incluirla en una lista de 600 terroristas perseguidos por las autoridades del país en represalia por defender a los pueblos de la isla de Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente militarización de una zona convulsa a causa de conflictos con la milicia islámica que opera en el territorio. El pasado agosto, su nombre fue borrado de tal lista.

En este sentido, también se pronuncia Víctor Armando López Illescas de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, una red de esta región formada por comunidades indígenas que se han asociado para manejar los bosques, el agua, sus tierras agrícolas, etc. “Hay varios ejemplos, como el del pueblo q’eqchí de Guatemala, que ha realizado un trabajo muy fuerte para recuperar sus formas de organización y los derechos sobre sus tierras, pero se enfrentan tanto a proyectos privados como al establecimiento de áreas protegidas”.

Y se refiere al polémico caso del Parque Natural Semuc Champey, joya del ecoturismo en el país, establecido sobre tierras q’eqchí y que las comunidades tomaron por la fuerza, echaron a los empleados y gestionaron ellos mismos el complejo durante algo más de un año.

“Sus tierras les fueron arrebatadas para establecer un área protegida que hoy es un destino turístico de primer nivel en el país”, resume López.

“Cuando estas comunidades decidieron recuperarlas, fueron expulsadas, catalogadas como invasoras, y hoy por hoy hay 15 personas bajo proceso por varios delitos como instigación para cometer delitos, usurpación de bienes del Estado… ¿Dónde se ha visto que una comunidad de 200 personas tenga a 50 de ellas con órdenes de captura para ir a la cárcel por defender su territorio?, protesta, indignado.

Otro sonado caso es el del asesinato de la llorada Berta Cáceres, indígena hondureña que llegó a ganar por su labor el máximo reconocimiento para activistas medioambientales, el Premio Medioambiental Goldman. A ella la mataron en su casa el 3 de marzo de 2016, presuntamente por su lucha para paralizar la construcción de una presa en un río de su país del que dependen varias comunidades de la etnia lenca. Pese a la presión internacional para que se investigase el crimen, pese a las pruebas reunidas por expertos y las palabras de un testigo presencial, no ha habido condena alguna.

“El caso de Berta muestra cómo se ha fallado deliberadamente en proteger la vida de las personas que están defendiendo sus recursos naturales, sus pueblos y en este caso, sus ríos. Esto es una cosa crónica en nuestros países, están siendo asesinadas, criminalizadas a veces comunidades enteras”, asevera López. “Lo que hace falta es un compromiso de los gobiernos de una protección mínima”.

Gobiernos deben actuar

Para López, las demandas más urgentes son completar los procesos de devolución, demarcación y saneamiento de las tierras indígenas. “Hay legislación que en el papel es excelente, pero en la práctica no se aplica, al contrario, se ha mantenido un estado de abandono a la ley del más fuerte”, afirma. En segundo lugar, reconocer y apoyar las formas propias de jurisdicción, organización y administración de tierras y bosques que las comunidades tienen. Y en tercero, coherencia en términos de políticas públicas: “que no establezcas por un lado una tierra protegida y estés por otro lado promoviendo la expansión del cultivo de la palma o de proyectos hidroeléctricos abusivos”, detalla.

Para César, el indígena colombiano es también importante brindar medidas de protección colectivas, y no individuales, como las que les ha ofrecido el gobierno colombiano. “Lo que se está haciendo actualmente es otorgar medidas individuales como las que se dan a cualquier ciudadano colombiano, lo que ha hecho que muchos líderes que llevan procesos fuertes en territorios indígenas tengan que abandonar sus comunidades y sus propias luchas para irse a resguardar en las grandes ciudades. Ahí quedan totalmente aislados y abandonados, y estos procesos que llevamos en las comunidades se corten”, denuncia.

“Ellos (los pueblos indígenas) necesitan que se respeten sus derechos sobre el papel y en la práctica. Incluso en los países donde la ley los contempla, no hay ninguna garantía de que no sean menoscabados por intereses económicos, que son los que prevalecen. Así que necesitan una protección real y una implementación real de las leyes nacionales e internacionales que ya existen y que ya se han votado y aprobado por muchos gobiernos”, recomienda Tauli-Corpuz en Oslo.

Entre otras medidas, la relatora exige en su informe a los Estados que realicen investigaciones prontas e imparciales de los crímenes, que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los dueños de las tierras sobre las que se realice cualquier proyecto y que la legislación vigente imponga obligaciones a las empresas cuando exista un riesgo de violación de derechos humanos, y revocar toda legislación que criminalice el modo de vida indígena.