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La discusión parlamentaria del Estatuto Antártico

Por Agencias domingo 14 de julio del 2019

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Por Jorge G. Guzmán Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis

MagallaniaCorp-Punta Arenas

Me refiero a la discusión en el Senado del proyecto de Estatuto Antártico, comentado en la editorial de 11 de julio de La Prensa Austral.

Es esperanzador conocer que a comienzos de mes una nueva “legislación Antártica” ha entrado en etapa superior de discusión parlamentaria, incorporando, al parecer, aspectos prácticos que hacen a la sustancia del interés permanente de la República en la Región Polar Austral (continente antártico, islas peri-antárticas y Mar Chileno Austral).

Como la comunidad regional conoce, entre 2017 y comienzos de 2018 trabajamos con el Consejo Regional (Core) en la elaboración de una propuesta alternativa a la originalmente presentada en 2014 por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre esas fechas -en diversos comentarios publicados en los medios de nuestra región- hicimos presente que a dicha propuesta del gobierno central le faltaba no sólo ‘profundidad’, sino que ‘modernidad’.

Bajo esa óptica -y con ánimo exclusivamente constructivo- el Core envió por oficio a la Cámara de Diputados un texto de “Ley Antártica” pensado desde el punto de vista del interés permanente de Chile y de nuestra región. Después de eso, ya nadie puede afirmar que en Magallanes no nos preocupamos por nuestra Antártica Chilena.

Es igualmente esperanzador saber que el nuevo gobierno regional haya expresado en el Congreso un compromiso equivalente al consignado en la propuesta de 2018 del Core.

Adecuar legislación nacional

Sobre este último asunto es del caso indicar que, entre otros aspectos relevantes, el texto enviado desde Punta Arenas puso el acento en la necesidad de adecuar la legislación nacional a los escenarios geopolíticos y geo-económicos causados -literalmente- por la plena implementación de la normativa sobre plataforma continental más allá de las 200 millas marinas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (mayo, 2019).

Como ya sabemos, a pesar de que las ‘reuniones antárticas’ se suceden sin interrupción, ‘en los hechos y en el derecho’ la citada normativa internacional ha reactivado la pugna de reclamos territoriales al sur y al norte del área de aplicación del Tratado Antártico de 1959 (latitud 60° Sur). Esto es de importancia material para Chile, el país geográfica, histórica, ambiental y legalmente más cercano al continente antártico (las Islas Diego Ramírez se sitúan más allá de los 56° Sur).

Negar la desafortunada circunstancia causada -en términos aristotélicos- por la entrada en aplicación de la normativa internacional sobre plataforma continental más allá de las 200 millas es ‘tratar de tapar el sol con un dedo’.

Somos de la opinión de que no sólo nuestra política exterior y nuestra política de defensa, sino que también nuestra política de desarrollo regional, deben, de una vez por todas, asumir esta nueva e incómoda realidad.

Como indico más arriba, es esperanzador que el proyecto de ‘Estatuto’ incluya aspectos tales como, por ejemplo, aquel de reconocer competencias antárticas a la administración del futuro gobernador regional.

Sin embargo, en nuestro concepto, la tarea dista de estar concluida.

Siempre con ánimo constructivo, parece de fundamental importancia que la ‘Ley’ que finalmente apruebe el Congreso incorpore otros aspectos que hacen a la esencia del interés permanente de Chile y de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Entre otros, estimo que los siguientes elementos deben, ‘sine qua non’, ser contemplados:

Primero, más que un ‘Estatuto’, este debe ser una ‘Ley Antártica’. La diferencia es más que semántica. Tanto los ciudadanos de la República, como los extranjeros que, de cualquier forma, tienen que ver con la Antártica americana, deben entender que en nuestro país la normativa antártica tiene jerarquía de ‘Ley de la República’.

Segundo, y en el contexto del nuevo sistema político-administrativo descentralizado, las potestades antárticas del Estado de Chile (fundamentadas en extensos y bien documentados derechos geográficos, jurídicos e históricos), deben ser claramente explicitados en los ‘considerandos’ de la nueva Ley.

La propuesta de ‘Ley Antártica’ enviada en 2018 desde el Core incluyó una sección de ‘considerandos’ que informan al legislador y al ciudadano el por qué Chile es, desde el siglo XVI, ‘un país esencialmente antártico’.

Lo indicado en esos ‘considerandos’ constituye, a final de cuentas, ‘el ADN de la Ley’.

Tercero, por razones esencialmente prácticas, la ‘Ley Antártica’ debería catalizar la radicación en Punta Arenas del Tribunal Ambiental. Esto, porque la coherencia de la acción chilena en relación con la normativa del Sistema del Tratado Antártico tiene un componente ambiental esencial.

Episodios recientes como aquel que ha afectado al proyecto de la Mina Invierno, o el desafortunado impasse de Nova Austral, ilustran que, para los intereses del Estado en sus territorios más australes, un tribunal radicado en Valdivia es, simplemente, lejano, insuficiente y perjudicial al interés del conjunto de la sociedad.

Figura de Gobernador Regional

Cuarto, si bien el proyecto de Estatuto Antártico aprobado por la Cámara de Diputados al parecer reconoce algunas facultades a la figura jurídica del gobernador regional, resulta de importancia material asegurar que, en ese mismo ámbito, al gobierno regional se le reconozca la condición de ‘operador antártico’.

Esto, junto con poner a nuestra región en igualdad de condiciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Inach) y el Ministerio de Defensa (Armada, Ejército y Fach), establecería las condiciones básicas para que el Gore incluya en su presupuesto anual los recursos financieros para un Programa Polar y Marítimo de Magallanes y Antártica Chilena. Este programa debería ser ejecutado desde Punta Arenas por un ‘centro de excelencia’ de estándar Corfo, dependiente del gobernador.

En mi concepto, sólo nuestra región será capaz de traspasar la barrera latitudinal que impide la progresión chilena hacia el Polo Sur, y concentra, ya por demasiadas décadas, nuestras actividades polares en el sector del Archipiélago de las Shetland del Sur o, en el mejor de los casos, en el extremo norte de la Península Antártica (Tierra de O’Higgins).

Sobre este asunto es de principal importancia recordar que, desde 1957, existen bases norteamericanas en el mismo Polo Sur.

Si el próximo año el discurso oficial se concentrará en afirmar que ‘Chile fue descubierto desde el Estrecho de Magallanes’, que su ‘centro geográfico’ se ubica a pocos kilómetros al sur del Punta Arenas y que, en consecuencia, Chile se extiende desde Visviri hasta el Polo Sur, la necesaria pregunta es: ¿Qué tipo de presencia tenemos en el Polo? La respuesta es: hasta ahora, ninguna.

Esto puede remediarse si desde Magallanes volvemos a hacernos cargo de nuestra tradición antártica.

No es casual que al ingreso del actual edificio de la Gobernación Marítima descansen los restos de la goleta Rippling Wave, que incluso nuestro amigo y tutor Robert (Bob) Headland (SPRI, Universidad de Cambridge), finalmente aceptado documentar como activa en la Antártica americana desde la década de 1870. Esta pequeña embarcación es el último vestigio de una pléyade de naves chilenas que, desde mucho antes de que se negociara y entrara en aplicación el Tratado Antártico, operan, ocupan y usan un espacio geográfico que es parte de Chile desde el inicio de la conquista europea (década de 1540).

Finalmente, en una coyuntura evidentemente pre-eleccionaria, estimo de importancia que los pre-candidatos a parlamentarios, gobernador, consejeros regionales y concejales municipales opinen y definan sus puntos de vistas sobre esta materia, que tiene que ver, nada más ni nada menos, que con la integridad territorial del país y de su Región de Magallanes y Antártica Chilena.