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Agrupación de Hostales y Residenciales alza la voz contra la proliferación de alojamientos ilegales

Por La Prensa Austral domingo 15 de abril del 2018
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Sumamente preocupados y con una sensación de extrema impotencia conversaron esta semana con El Magallanes los miembros de la directiva de la Agrupación de Hostales y Residenciales de Punta Arenas. Esto último, porque ven atónitos cómo el mercado informal de hospedajes les va ganando terreno, sin someterse al marco regulatorio actual que rige para este tipo de establecimientos y sin respetar los requisitos mínimos para ofrecer a los turistas un servicio de calidad. 

La justificada queja estriba en que, si bien nuestra región cuenta con unos 425 alojamientos establecidos -según el Registro de Alojamientos Turísticos del Sernatur-, a cargo de empresarios y emprendedores que viven directamente de la actividad, los informales los triplicarían en cantidad, escapando de la obligatoriedad de cumplir las normas del DL Nº 824 sobre la ley de Impuesto a la Renta y del DL Nº 825 sobre Impuesto al Valor Agregado (Iva). De hecho, tampoco cancelan patente y no están  sujetos a constantes revisiones y auditorías por parte de los distintos servicios públicos, como sí pasa con los establecidos, afirma la directiva.

Lo virtual y el comercio desleal

Al respecto, la agrupación manifiesta que se encuentra en una compleja situación, ya que, mientras ellos deben sacrificarse para cumplir con las altas exigencias, la oferta turística informal de alojamientos prolifera de forma exponencial sin reparar en tales aspectos y situándose en todas las ‘vitrinas’ posibles, desde el comercio on line (o e-commerce) hasta la publicación de avisos en redes sociales, donde las alternativas son presentadas por dueños de casas particulares,  departamentos y cabañas no certificadas.

Sobre este punto, los afectados señalan que el origen de la problemática radica en que la globalización ha transformado las relaciones comerciales, dando paso a estructuras de comercio no formalizado, sin ningún tipo de control, tales como Air BnB o Booking , entre otros. “Este fenómeno permite que los clientes accedan a los mercados informales a través de plataformas web, en las que publican sin importar si son empresas establecidas, porque la ley no se los exige y no pasan por algún tipo de control. Frente al paradigma del comercio on-line mundial, hay algunos países que han logrado resguardar las arcas fiscales y empresariales, aplicando leyes que controlan el funcionamiento de sus mercados internos, como es el caso de Inglaterra y España en transporte y alojamiento. Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado para ir evolucionando de acuerdo a las tendencias actuales  del comercio global”, postulan.

En línea con esto, aseguran los asociados que la Ley de Comercio Electrónico presenta un grave vacío legal y urge modernizarla para que proteja al empresario y al Estado. “Como consecuencia de esto es que aparecen empresas extranjeras líderes de la comercialización global de los servicios de alojamiento, cobrando comisiones entre el 5% y el 14% de la venta, sin emitir un documento tributario respectivo que permita al hotelero ingresar contablemente dicho gasto. Y lo que es peor aún, estas empresas no registran domicilio legal en el país, por lo cual no pagan impuestos, ni son fiscalizadas”, sostienen.

La vicepresidenta de la Agrupación, Paulina Alvarez Labarca, puntualizó en esta temática que la actual normativa electrónica sólo está favoreciendo a los compradores. “En ningún caso protege a los empresarios o al Estado y eso tiene que cambiar, porque en promedio los ilegales se ahorran un 45% de los gastos en que debieran incurrir si se instalan formalmente”.   

El presidente del gremio, Jorge Alvarado Ojeda, complementó diciendo que producto de esta situación no pocos colegas del rubro han optado por acciones impensadas. “Como el Estado no tiene armas para frenar esto, se está empujando a los legales a ser ilegales. Algunos, incluso, han entregado las máquinas de transbank para que las boletas no vayan al SII. En mi caso, sólo en marzo perdí casi un 50% de los ingresos, en comparación al año pasado y más encima hace cuatro años que he mantenido los precios. El perjuicio es tan grande que sólo, como ejemplo, si uno quisiera vender el hospedaje, estamos hablando de una infraestructura que como mínimo tiene un costo de $300 millones. En cambio, los ilegales llegan y la venden como casa particular, por lo que el avalúo del bien raíz es mucho menor, fácilmente unas tres o cuatro veces menos”, señaló.    

Arriendos ‘especiales’

En tanto, el secretario de la entidad, Manuel Parada Soto, indicó que en la región se está dando un fenómeno muy particular. “Hace un tiempo los arriendos costaban como máximo $400 mil al mes, pero últimamente está lleno de avisos de arriendo de casas por días, por unos $40 mil por ejemplo. Es cosa de ver cómo, sin ninguna preparación ni infraestructura adecuada, estas personas pueden llegar a ganar hasta $1.200.000 en temporada alta. Hasta que no haya una desgracia, no se tomarán las medidas del caso”.

Perjuicios

A nivel de perjuicio económico, la proliferación de los informales se traduce en una disminución de las ventas. “La pérdida, en general, por esta temporada ha sido de, al menos, el 40%, entre noviembre y marzo. La competencia ha sido fiera y lamentablemente la gente está dispuesta a pagar menos, sin importar cómo sea el lugar”, indicó Paulina Alvarez.

En cuanto a otros daños colaterales que provoca la operación de establecimientos ilegales, la directiva cita variables que considera deben ser tomadas en cuenta por la autoridad y tomar decisiones urgentes en razón de ellas.

“El Estado se ve afectado por la evasión de impuestos, considerando que éstos -los informales- no pagan el 19% de Iva y tampoco el Impuesto a la Renta; a través de Tesorería General de la República, el perjuicio está dado porque estos inmuebles no pagan contribuciones de acuerdo a la actividad comercial. La seremi de Salud deja de percibir el ingreso por concepto de Resolución Sanitaria, además de no poder hacer cumplir las normas  de higiene y  seguridad  lo  que puede llevar a  una lamentable desgracia”, indicaron.

Agregan también el hecho de que la municipalidad, por su parte, deja de percibir los aranceles por concepto de pago de patente comercial y publicidad  de calle y deja de tener control en lo que respecta a la regularización de la propiedad y cobros de aseo. “Y lo más grave es que la actividad turística regional se ve vulnerada porque, a pesar del esfuerzo económico que hace Sernatur para promocionar nuestra región como destino, lo aprovechan quienes no aportan ingresos al Estado ni participan del trabajo conjunto en la creación del turismo. Eso proyecta una pésima imagen de la región y por ende del país. Además, todos estos establecimientos no formalizados no participan de la responsabilidad social, ya que ocupan personal por día sin pago de leyes sociales, sin seguro de accidentes de trabajo ni de trayecto; tampoco del fondo de salud, lo que a futuro significará que tengan malas jubilaciones y el Estado tendría que asumir con pensiones solidarias esa informalidad laboral, como también la ausencia de contratos de trabajo y el pago de leyes sociales, lo que atenta contra los derechos de los trabajadores. “Con todo lo anteriormente señalado, podemos darnos cuenta del gran despilfarro tributario que tolera el Estado por concepto de comisiones no declaradas”. 

Infracción y penalidad

Como solución, la directiva propone que se curse una modernización la Ley de Comercio Electrónico, de manera que los diversos oferentes se sometan a las normativas vigentes que aplican para los establecidos. Esto, junto con la realización de una efectiva campaña de fiscalización a los establecimientos publicados en vitrinas virtuales, así como sancionar por igual al vendedor como al comprador del servicio.

En este escenario, la Ley Nº 20423 publicada el 12 de febrero de 2010 es clara al establecer obligatoriedad en el cumplimiento de las normativas, lo que de no ser acatado conlleva multas que van desde las 5 a 10 UTM, para todos aquellos servicios de alojamiento  que no estén debidamente registrados. “Pero esta -ley- no cumpliendo, ni menos se fiscaliza, generando millonarias pérdidas en recaudaciones de impuestos para el Estado”, recalcó la directiva.