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Caso Rayen: Fiscalía pide más de 12 años de cárcel para ex intendente Arturo Storaker

Por La Prensa Austral miércoles 20 de abril del 2016

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Un abanico completo de delitos de corrupción, incluyendo malversación de caudales públicos, fraude al fisco, desacato, cohecho, negociación incompatible, estafa y soborno, son los que detalló la acusación que el fiscal regional de Magallanes presentó contra los siete imputados del caso Rayen: Luis Sáez Martínez, Javier Gómez Letelier, Javier Gajardo Castro, Patricia Leiva Narváez, Hugo Reyes Tureuna, Pablo Sáez Martínez, y el ex intendente de Magallanes, Arturo Storaker Molina.

A cuatro años de iniciada la causa, el fiscal Eugenio Campos Lucero está pidiendo penas que van desde multas e inhabilitación, hasta penas de 10 años de presidio. Un total de 69 páginas contienen la acusación interpuesta al filo del plazo legal, la noche del lunes en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Cabe señalar que esta acusación podría ser la primera en presentarse, dado que para el próximo 26 de abril se debatirá una posible reapertura en la investigación, lo que de ocurrir, haría necesario que, concluido el nuevo plazo eventual, se presente otro texto acusatorio. Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado también podría interponer acusación particular, o bien, se adhiera a la actuación del fiscal regional.

Los cargos

Luego del desborde del río de las Minas, en marzo de 2012, se constituyó un organismo especial denominado Comité de Operaciones de Emergencia (Coe), que estuvo presidido por el intendente de la época, Arturo Storaker Molina.

Se detalla que “dentro de ese escenario, el imputado Arturo Storaker, empleado público a esa época, pues se desempeñaba como intendente de la Región de Magallanes, intervino en razón de su cargo, defraudó y consintió en que se defraudara al fisco de Chile por el imputado Luis Sáez Martínez, quien era el jefe de la División de Análisis y Control del Gobierno Regional (Dac), a quien se le otorgó y encomendó por el propio intendente la función de coordinar con la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y el Ministerio de Obras Públicas (Mop) todas las labores relacionadas con la emergencia (…) máxime por ser funcionario de exclusiva confianza del intendente y su ‘mano derecha e izquierda’ conforme a su propia declaración”.

Explica el fiscal que Sáez, facultado por Storaker, designó a Javier Gómez Letelier para apoyar las labores de limpieza de la ciudad, siendo derechamente quien daba las órdenes en terreno. Así, es que Sáez y Gómez incorporan a la empresa Rayen Spa a la historia, valiéndose de que este último conocía a Javier Gajardo Castro, representante legal de la firma, desde que trabajaron juntos en otra constructora, al igual que a Hugo Reyes Tureuna, supervisor de Rayen.

Se dieron las cosas para que la noche del 15 de marzo, durante una reunión que habrían sostenido en un hotel de Punta Arenas, se decidiera que, pese a no cumplir con los requerimientos que una catástrofe como la ocurrida requería, sería Rayen Spa, de propiedad de Patricia Leiva Narváez, la que intervendría en los trabajos de limpieza de la ciudad.

Cabe señalar que la investigación develó que la empresa carecía de un capital de relevancia, e incluso tenía una pérdida de arrastre; no estaba inscrita en ningún registro público; y su giro autorizado era la venta de servicios automotrices, arriendo de vehículos, compraventa, contratista de obras menores, facturando en el período enero de 2011 a marzo de 2012, principalmente por ventas de shampoo para perros, neumáticos, aceite, cloro y lavalozas.

Hecho uno

Figura en la acusación que “las labores de limpieza se desarrollaron en tres etapas y en cada una de ellas se logró establecer la participación de la empresa Rayen, en que su dueña, Leiva Narváez y su representante legal Gajardo Castro, engañaron con la anuencia de los imputados funcionarios públicos, Storaker, Sáez y Gómez, quienes permitieron que se defraudara al fisco de Chile”.

Se indica que entre el 16 y 23 de marzo, los imputados habrían hecho cobros sobrevalorado de obras, además de adulterar el número de trabajadores contratados, iniciándose así el perjuicio millonario fiscal. En una segunda etapa, entre el 27 y 31 de marzo, se habrían emitido cobros de servicios con horas consignadas en las facturas muy por encima de las que efectivamente se habrían trabajado; además de cobros por más de 500 trabajadores contratados, cifra que no tendría relación con los registros de obra.

“Con la conducta del imputado Arturo Storaker, quien procedió a suscribir los convenios pactados fraudulentamente y los instrumentos de pago, toda vez que tenía a su cargo los caudales públicos, abandonando sus deberes como máxima autoridad pública regional, posibilitó la substracción de los mismos, generando un perjuicio total para el fisco de Chile de $507.801.882”, concluye la acusación del fiscal Campos en el primer acápite.

Hecho dos

Según los antecedentes, el 4 de abril de 2012 el imputado Sáez Martínez, a solicitud del intendente Storaker, depositó en una cuenta corriente, cuyo titular era la Sociedad Servicios Marítimos Glaciar y Fjord Expedition Limitada, de la cual el ex intendente era socio y administrador, la suma de $21.776.000, de los cuales 21 millones, correspondían a dineros que habría aceptado de parte de los imputados Gajardo y Leiva, a modo de “coima”, para que la empresa fuese elegida para las obras.

Agrega el texto que “coincidentemente, el  día anterior al pago de la deuda de Sociedad Servicios Marítimos Glaciar y Fjord Expedition Limitada por parte de los imputados, esto es, el día 3 de abril de 2012, el imputado Storaker Molina, en su calidad de intendente, procedió a suscribir, sin previa licitación, un contrato denominado ‘Obras de Emergencia Desborde del Río de las Minas 2012’, por la suma de $404.600.000 a favor de la Sociedad Comercial Rayen SPA”.

Hechos tres y cuatro

Incluye la acción penal que se logró acreditar con la investigación que se utilizaron facturas ideológicamente falsificadas, por más de 150 millones de pesos.

Además, a raíz de la investigación principal, se llegó a antecedentes en los que los hermanos Pablo y Luis Sáez Martínez se habrían envuelto en una estafa deducida de un proyecto de posicionamiento de la marca del Gobierno Regional, consistente principalmente en la creación de una planificación en ese respecto, por lo que recibirían un pago de 50 millones de pesos, de los cuales, sin ejecutar lo ofertado, cobraron un 50% de los montos.

Penas solicitadas

En el caso del ex intendente Storaker, Campos solicitó una pena de 10 años y un día de presidio, por el delito de malversación de caudales públicos, más multa de 12 UTM, y la inhabilitación perpetua para cargos públicos. Por el delito de desacato, la pena de 541 días de reclusión. Y por el delito de cohecho pasivo (recibir pago), la pena de 541 días de reclusión.

Respecto a Luis Sáez Martínez, el fiscal regional pidió una pena de 5 años y un día por fraude al fisco, más multa del 20% del perjuicio, y la inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos. Por cohecho pasivo agravado (dado su cargo de control), una pena 541 días de reclusión más 3 años de inhabilitación. Asimismo, se está solicitando una pena de 5 años y un día por el delito de negociación incompatible.

En cuanto a Javier Gómez Letelier, la Fiscalía persigue una pena de 5 años y un día por el delito de fraude al fisco, sumado a la inhabilitación temporal para cargos públicos. Y como autor de cohecho, una pena de 541 días y una multa ascendente al duplo del provecho aceptado.

Respecto de Javier Gajardo Castro, se pidió aplicar una pena de 5 años por el delito de estafa, más una multa de 30 UTM; por el delito de soborno (cohecho activo), una pena de 541 días de reclusión; y por infracción al Código Tributario, 5 años y un día de cárcel.

Contra Patricia Leiva Narváez, en su calidad de autora de estafa, está pidiendo 5 años de presidio; y por soborno, una pena de 541 días y una multa ascendente al duplo del provecho ofrecido.

Para Hugo Reyes Tureuna se está solicitando una pena de 818 días de presidio, como encubridor de fraude al fisco, más multa del 10% de lo defraudado. Y finalmente, para Pablo Sáez Martínez, se solicitó una pena de 818 días por el delito de estafa, más multa de 10 UTM; y como cómplice del delito de negociación incompatible, una pena de 540 días de reclusión.