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  • Rubén Cárdenas Oyarzún
  • Sonia Iris Peña Martinic

Cinco vecinos ganan demanda tras aluvión de 2012

Por La Prensa Austral jueves 6 de diciembre del 2018

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Cinco vecinos que en marzo de 2012 resultaron severamente damnificados con las consecuencias del aluvión y posterior desborde del río de las Minas, ganaron un juicio al fisco de Chile y a la Municipalidad de Punta Arenas.

El titular del Primer Juzgado de Letras, Claudio Neculmán Muñoz, arribó a la convicción de que en este caso hubo una evidente falta de servicio, al no alertar previamente a la población a fin de que se tomaran las medidas conducentes a minimizar los daños materiales y extra patrimoniales sufridos por los demandantes.

La demanda fue presentada el 27 de enero de 2016 por el abogado Oscar Gibbons, actuando en representación de los vecinos Rodrigo Araya Carreño, María Angélica Contreras Ruiz, Herminia Gómez Parada, Julia Rohers Mata y Martín Fierro Gutiérrez, todos los cuales entablaron un juicio de indemnización de perjuicios, en contra del fisco de Chile, representado por el procurador jefe del Consejo de Defensa del Estado, Dagoberto Reinuava; el gobierno regional de Magallanes, representado por su entonces intendente Jorge Flies, y la Municipalidad de Punta Arenas, representada por su entonces alcalde Emilio Boccazzi.

El fallo, dejó afuera al gobierno regional, y terminó condenando al fisco y a la municipalidad a pagar la suma de 91 millones 390 mil pesos.

En la demanda, los afectados dejaron sentado que a raíz de las sostenidas precipitaciones de agua registradas en la ciudad de Punta Arenas, el pasado 11 y 12 de marzo de 2012, así como la semana previa, las cuales alcanzaron los 114 milímetros de agua caída y consecuencia de la ausencia de actuación, actuación tardía y defectuosa de los demandados, se produjo el desbordamiento del río de las Minas de la ciudad de Punta Arenas, el cual nace en una planicie que tiene 500 metros de altura y recorre o se extiende por una extensión aproximada de 20 kilómetros, atravesando con su caudal, de cerro a mar, hasta desembocar en el estrecho de Magallanes.

Exponen que pese a que el Centro Meteorológico Austral, advirtió al intendente y al alcalde en ejercicio, mediante cuatro avisos enviados vía email, de la grave situación de precipitaciones que se acercaba, avisos que fueron dados con varios días de anticipación, las autoridades no cumplieron con sus obligaciones legales y reglamentarias, incumpliendo el deber que les establece el ordenamiento jurídico, de proteger a los ciudadanos frente a este tipo de alertas, dejando transcurrir un tiempo valioso en el cual se debieron haber tomado numerosas medidas de resguardo y preparación. A lo anterior agrega la circunstancia de no alertar a la población acerca del peligro que se avecinaba, todo lo cual aumentó exponencialmente los daños que se experimentaron en definitiva.

Los demandantes reclamaban que frente a la situación de emergencia descrita, no se dio cumplimiento a lo ordenado en el Plan Nacional de Protección Civil, como lo era establecer la planificación para el manejo de emergencias y desastres, al cual no se le dio cumplimiento, como se ha señalado, en cuanto a las medidas de preparación y alerta, lo que implicó no estar preparado el sistema estatal y comunal, ni mucho menos la ciudadanía, para enfrentar el fenómeno atmosférico anunciado.

Es así, que ante los anuncios meteorológicos, su deber era declarar Alerta Amarilla, luego roja y ordenar la constitución del Comité Operativo de Emergencias, pero éste sólo se constituyó hacia las 3 de la mañana del día 12 de marzo, cuando la situación ya era catastrófica y no podía cumplir con su función de prevención y alerta.

Fisco y municipio

Al momento de fallar la demanda, el juez Neculmán citó el artículo 1 inciso 4 de la Carta Fundamental que señala que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible…”, continuando en su inciso 5, “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población”. A su turno, el artículo 38 de la Constitución Política de la República admite que cualquier persona que sea lesionada por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, pueda reclamar ante los tribunales sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario que hubiere cometido el daño.

De igual manera, se cita el artículo 4 de la Ley N°18.695 que establece dentro de las funciones de la municipalidad, en su letra i), la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe y el artículo 152 de la referida ley que indica que “las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. No obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”.

En consecuencia, el magistrado sentenciador accedió a la demanda respecto de los demandados fisco de Chile y la Municipalidad de Punta Arenas, quienes deberán responder a su obligación de indemnizar a los demandantes, entendiendo que la actuación de ambos demandados, sus omisiones, desencadenaron en un hecho único como fue el no dar aviso a la población a fin de que se tomaran las medidas conducentes a minimizar los daños materiales y extra patrimoniales sufridos por los demandados, a consecuencia del desborde del río de las Minas ocurrido el 12 de marzo de 2012.

En contra de la sentencia de primer grado, recurrieron de apelación el Consejo de Defensa del Estado, la municipalidad y el propio abogado demandante.

El municipio discrepa de la imputación que le asigna el fallo, pues para ellos queda claro que el municipio actuó bajo todos los preceptos indicados, y conforme a lo que la emergencia requería, por lo que no puede ser imputada como responsable de una catástrofe que es materia de autos, dado que el municipio cumplió, tanto en su etapa de prevención, respuesta y recuperación, con todas las herramientas que están a su disposición, entendiendo, que en caso alguno, es posible contar con elementos que permitan evitar una catástrofe de este nivel y los daños ocasionados, de manera que se realizó todo lo que estaba dentro de los medios para ayudar a los vecinos de la ciudad de Punta Arenas.

Mientras tanto, los demandantes, junto con bregar porque se confirme la sentencia, de igual modo instan porque también se condene solidariamente al gobierno regional de Magallanes, dando lugar al daño emergente y lucro cesante.

Hace un tiempo, otro grupo de vecinos ganó una demanda de la misma naturaleza al fisco de Chile.