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Corte de Apelaciones deja libre a universitaria acusada de violento robo en el barrio Chilote

Por La Prensa Austral viernes 8 de diciembre del 2017

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Luego que el pasado lunes el magistrado Juan Villa resolviera enviar a la cárcel a la imputada Ana Montiel Andrade, el abogado Leonardo Vallejos interpuso un recurso de apelación que fue acogido por los ministros del tribunal de alzada, modificándose la necesidad de cautela por el arraigo regional y la firma mensual.

A la cárcel resolvió enviar el magistrado Juan Villa el pasado lunes a una joven universitaria de 20 años, a quien el Ministerio Público le imputó autoría en un delito de robo con violencia, el cual -supuestamente- habría sido perpetrado a eso de las 23 horas de la noche del domingo, en contra de una mujer que -según se dijo- fue atacada en el barrio Archipiélago de Chiloé.

La audiencia de formalización se hizo pasadas las 14 horas del lunes, instancia en que la fiscal Wendoline Acuña dio a conocer que la presunta víctima, identificada como Landy Cárdenas Mansilla, salió de su domicilio con la finalidad de comprar cigarros a un almacén, momento en que presuntamente fue abordada por la imputada, de nombre Ana Montiel Andrade y otras dos mujeres que no fueron identificadas, las que le habrían arrebatado un celular, agrediéndola con golpes en el rostro y puntapiés hasta caer al suelo, donde también le sustrajeron otro dispositivo móvil y la suma de 200 mil pesos de dinero en efectivo.

Estos hechos, que se basaban en una denuncia y en la constatación de lesiones, hicieron que el juez de garantía considerara la gravedad del hecho que trae consigo penas de crimen, y que la libertad de la mujer acusada constituiría un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, decretando la prisión en contra de Montiel Andrade.

No obstante, el abogado Leonardo Vallejos se opuso en todo momento a los cargos que le estaban imputando a su representada, lo que conllevó tras la determinación del magistrado a que se interpusiera un recurso de apelación en contra de la medida cautelar impuesta, concurriendo durante la jornada de ayer hasta la Corte de Apelaciones.

“Básicamente se buscaba dejar sin efecto la medida de prisión preventiva, ya que como nosotros los señalamos en el control de detención los antecedentes que se presentaban para justificar la participación de Ana en los hechos formalizados eran insuficientes. Además que su personalidad da cuenta que no era necesario disponer una medida de privación de la libertad. Eran antecedentes débiles, como la sola denuncia, tampoco hubo ningún testigo presencial que ratificase esta  denuncia y tampoco cuando ella fue detenida portaba ninguna de las especies que se dice que habría sustraído”, argumentó.

Familia recopiló antecedentes

No obstante, el profesional letrado comentó que la familia y unos amigos de su representada, durante estos días pudieron recopilar ciertos antecedentes que daban cuenta que los hechos no habrían ocurrido como se denunciaron, relatando que la primera versión es diametralmente opuesta a lo manifestado por estos testigos presenciales, los que reconocieron que la denunciante se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Landy le habría pedido a un amigo que la acompañase en un vehículo para comprar cigarros, él la pasa a recoger y cuando ella se sube al móvil ya se encontraba con síntomas de ingesta alcohólica. En ese entonces, pasaron por el lugar donde estaba mi representada junto a otras personas, momento en que Landy bajó la ventana y los empieza a insultar gratuitamente. El joven que la acompañaba en el auto le pregunta si tenía algún tipo de problemas con ella, pero derechamente no le hace caso y prosiguen en su viaje. A la vuelta de comprar los cigarros, esta señorita nuevamente la insultó y la habría golpeado con la puerta a mi representada y ahí es cuando se arma una especie de discusión”, narró.

Bajo este aspecto, Vallejos indicó que las personas presentes al momento de los hechos confirmaron a través de una declaración jurada ante notario que jamás Ana agredió ni intentó sustraer nada de propiedad de Landy, incluido el joven que la acompañaba. Asimismo, todos los testigos la sindicaron como una mujer conflictiva en el barrio.

“Solicitamos las diligencias de que a estas personas se les ubique y se les tome declaración y todos estos antecedentes ya están en poder de la Fiscalía, por lo que debiesen ser sujeto de análisis de esta investigación, ya que el Ministerio Público tiene la obligación por ley de investigar con igual celo los antecedentes que perjudican y aquellos que benefician a un imputado”, recalcó.

Labor del
Ministerio Público

Finalmente, y considerando los esfuerzos que realizó la familia de la imputada para ubicar a los testigos y recopilar los antecedentes que implicaron que el tribunal de alzada le revocara la medida cautelar más gravosa por un arraigo regional, firma mensual y prohibición de acercarse a la denunciante, el defensor penal licitado criticó duramente al sistema, que -a su juicio- con episodios como éste no se estarían resguardando los derechos fundamentales de las personas imputadas, como lo es la presunción de inocencia.

“El Ministerio Público lamentablemente, a propósito de las últimas modificaciones legales, tiene una manga muy ancha para aplicar medidas cautelares intensas, y por lo tanto, hoy en día la solicitud de prisión preventiva es muy fácil. Ellos tienen una denuncia por un robo con violencia y sólo con aquella solicitan la detención, que la persona sea formalizada y que el Tribunal acceda a la prisión preventiva. Tenemos que cuestionarnos si efectivamente es justificable disponer que una persona sea privada de libertad y sometida a cárcel, siendo que la ley presume que es inocente. Es esa la política que el sistema tiene que sopesar que lamentablemente hoy en día la medida cautelar más gravosa se está abordando con mucha liviandad, casi como una circunstancia matemática”, sentenció.