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Demandan por unos $55 millones al Instituto Don Bosco ante arbitrario despido de docente

Por R Martinez jueves 15 de febrero del 2018

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En junio del año pasado, la educadora de párvulos Marlén del Carmen Molina Araya fue denunciada por apoderados del colegio tras ser sindicada como presunta autora de maltratos físicos y psicológicos a niños de prekínder. Sin embargo, dichas acusaciones,
según la docente, no fueron fundamentadas, siendo desestimadas por la Superintendencia de Educación.

El pasado viernes 16 de junio de 2017, algunos apoderados del prekínder A del Instituto Don Bosco se dirigieron hasta las dependencias de la Superintendencia de Educación con el propósito de interponer una serie de denuncias en contra de una docente del referido curso, quien fue sindicada como presunta autora de maltratos físicos y psicológicos contra sus alumnos, niños de entre 4 y 5 años de edad, debido a que, supuestamente, al menos seis menores habrían presentado un cambio repentino en sus conductas.
Sin embargo, estas acusaciones en su contra no se pudieron fundamentar, siendo todos estos hechos de “falsedad absoluta”, según la profesora afectada, lo que -de acuerdo a su argumento- se pudo comprobar con el despido de Luz Molina Reyes, que se desempeñaba como técnico de párvulos y que sería en este caso quien le informaba a los padres y apoderados las atrocidades que “supuestamente” hacía la profesional con los niños.
Esta desvinculación se habría suscitado en el mes de agosto de 2017, tras tomar conocimiento de que todas sus aseveraciones e imputaciones eran invenciones.
A la vez, la Superintendencia de Educación desestimó las cuatro denuncias señalando que no se ha transgredido la normativa educacional, mientras que otra acusación ingresada al Ministerio Público fue archivada provisionalmente por falta de pruebas el 21 de junio de 2017.
No obstante, el 2 de enero de este año recibió una carta certificada en su domicilio que contenía la notificación respecto a su despido laboral, invocando como fundamento legal de aquello lo señalado en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, respecto a la causal de “necesidades de la empresa”, en cuanto a que la baja matrícula que se ha visto en el establecimiento en uno de los niveles del preescolar habría obligado a la eliminación de un curso y, por lo tanto, a la desvinculación de la profesional.
Bajo este contexto, la profesora Marlén del Carmen Molina Araya, acompañada por el abogado Luis Díaz Coñuecar, interpusieron hace una semana una demanda de vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido dentro del plazo legal en contra de la Congregación Salesiana Instituto Don Bosco, representada por su director, Vincenzo Soccorso Di Bono.
Antecedentes
La denunciante ingresó a trabajar el 22 de febrero de 2010 como educadora de párvulos en dicho establecimiento educacional. Ella reconoce que su vida laboral ha sido intachable, transcurriendo sin sobresaltos, exenta de todo tipo de cuestionamientos y sin haber sido sometida a algún tipo de investigación.
No obstante, el 16 de junio del año pasado se presentó ante la dirección del colegio una carta dirigida al padre Vicente Soccorso, emanada de cuatro apoderados conteniendo una denuncia -que calificó como “aberrante e ignominiosa” en su contra-, en la cual se le imputaron hechos por maltrato físico y psicológico hacia cuatro menores, agresiones verbales, hacer llorar a algunos niños, excesiva exigencia académica, los cuales habrían ocurrido desde el mes de marzo.
Ese mismo día y -según dice en el recurso judicial- “sin un proceso de corroboración previa, sin investigación y sin que se me oyera”, el establecimiento educacional tomó una medida sancionatoria mediante un procedimiento administrativo interno, indicándole que “mientras dura el proceso de investigación se le solicita no atender al curso en cuestión”.
A la vez, se le instruyó trabajar en el proceso de articulación de alumnos de prebásica y primero básico, ordenándole ponerse a disposición del coordinador académico, suspendiéndola de la actividad educativa, sin tener contactos con niños de “manera transitoria”. Su función específica era implementar una nueva biblioteca, labor en la cual se desempeñó hasta el jueves 21 de diciembre del año pasado.
Bajo este contexto, la profesional acusa que su empleador manejó los antecedentes y el proceso de denuncia “de muy mala manera, con absoluta precariedad, dando por cierto imputaciones peregrinas, infundadas, carente de pruebas y con total desprolijidad que me menoscabaron como persona, mujer, profesional, madre y esposa”, se extrae de la demanda.
Asimismo, argumentó que tras ser apartada de sus labores debió afrontar un continuo y sostenido ataque a su honra a raíz de algunas publicaciones en los medios de comunicación regionales, arguyendo además que el Instituto Don Bosco “ha sido cómplice pasivo de todas estas afrentas”, sancionándola sin un procedimiento de investigación previo.
Despido injustificado
La demandante aseguró que no se puede vincular su despido con la baja de matrícula eliminando un curso de la tarde, ya que, aludiendo a una entrevista que le fue realizada al sacerdote Vincenzo Soccorso, él manifestó que “tanto en el Instituto Don Bosco como en el Liceo San José han aumentado las matrículas, al igual que en todos los colegios de Chile”.
Al momento de conversar con el rector, Luis Velásquez con el fin de clarificar su situación laboral, no se le informó formalmente ningún resultado de las investigaciones y procedimientos internos, acusando a la vez una ausencia total de indagación por parte del empleador y una negativa de éste a escuchar la versión de la trabajadora, como asimismo la imposición de una sanción sin un procedimiento previo.
“Mi empleador me engañó todo este tiempo haciéndome creer que el proceso investigativo continuaba y que ello justificaba que no cumpliera mis labores docentes, pero no era más que una excusa para incumplir las obligaciones contractuales que le impone el contrato de trabajo, además de menoscabarme laboralmente”, precisó en la demanda.
Bajo este tenor, el abogado Luis Díaz Coñuecar ratificó que el recurso judicial fue presentado el miércoles de hace una semana en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, explicó igualmente que la demanda pretende indemnizar el daño a la honra y a la moral de la mujer, exigiendo que se le pague una suma cercana a los 55 millones de pesos.
“Hay un cuestionamiento respecto del profesionalismo y de la forma en la que ella trataba a los estudiantes. Esto le afectó emocionalmente durante todo el segundo semestre de 2017 y más todavía cuando supo de este despido, que implica un poco ahondar en la sospecha que existía en su contra respecto a falsos maltratos. Anímicamente está bastante angustiada lo cual le ha afectado incluso familiarmente”, puntualizó el profesional letrado.