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Ejército fue condenado a pagar $11 millones a subteniente y a impartir un curso de ética

Por La Prensa Austral martes 13 de agosto del 2019

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El juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Porvenir, Tierra del Fuego, Franco Daniel Reyes Pozo, condenó al Ejército a pagar la suma de $11.000.000 a un oficial del Regimiento Caupolicán, en Porvenir, que demandó laboralmente a la institución, por hechos que calificó de “vulneratorios”.

La acción judicial la presentó un padre, civil, el 23 de enero de este año, en representación de su hijo, un subteniente del Ejército, de dotación de la Primera Compañía de Infantería del Batallón de Infantería Ligero, “por demanda de tutela de derechos fundamentales con relación laboral vigente en contra del fisco de Chile, ente jurídico que personifica al Estado de Chile, representado por Dagoberto Reinuava, abogado, procurador del Consejo de Defensa del Estado”.

La denuncia expone hechos ocurridos entre el 31 de octubre de 2018, hasta hoy, en el Regimiento Caupolicán Nº11 de Porvenir.

En la denuncia figura un cambio de domicilio del denunciante, “separándolo de los compañeros, aislándolo y dejándolo solo sin hacer nada, ni asignarle tarea alguna hasta el día de hoy”.

En la demanda laboral el abogado detalló que su representado “no mantiene sección, la cual es la base del trabajo de un comandante del arma de infantería” y que el único desempeño que mantiene es el de cumplir el rol de oficial de semana. No realiza guardia, “sin ningún motivo justificado pese a que está autorizado tanto por su psiquiatra, como por el médico de la unidad”.

En dos ocasiones ha concurrido a terreno para hacer instrucción, “pero sin unidad de soldados conscriptos y sin trabajo de instrucción, por lo tanto se podría decir que lo llevan a hacer nada, motivo por el cual le ordenan que se vaya a los dormitorios de los soldados conscriptos y que se quede allá debido a que no es ningún aporte para el regimiento”. Reclama una “exigencia absurda de informes”, y critican permanentemente su vida privada.

Lo anterior es una síntesis de los extensos hechos detallados por el abogado en la demanda.

Fallo

Además de los 11 millones de pesos, el fallo judicial exige que se adopten ciertas medidas correctoras. Por ejemplo, que el Ejército proceda a instruir a uno de los oficiales denunciados “a realizar un curso de ética en las relaciones funcionarias, con especial énfasis en el respeto al trato y a los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Además, la justicia dictaminó la publicación del fallo en dependencias del Regimiento Caupolicán, “en un lugar que permita el acceso de todos los funcionarios”.

Ejército

Sobre el dictamen judicial no se pudo obtener una versión oficial del Ejército, salvo conocerse extraoficialmente que la institución acata los fallos. De todas maneras, lo más seguro es que el mismo Consejo de Defensa del Estado apele a instancias superiores, no descartando llegar incluso a la Corte Suprema.