Necrológicas
  • María Mimica Brstilo vda. de Kunica
  • Yolanda Miranda Andretta

El Estado deberá velar por matrimonio de adultos mayores en dramática situación

Por La Prensa Austral jueves 29 de marzo del 2018

Compartir esta noticia
740
Visitas

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió la tarde de ayer el recurso de protección deducido en representación de la pareja de ancianos y ordenó al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y al Servicio de Salud Magallanes, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la salud y protección de los adultos mayores en grave situación de vulnerabilidad.

Esto, luego que La Prensa Austral diera a conocer la dramática situación que vive Humberto Velásquez, de 72 años, y su esposa Laura Allende, de 75 años, y gracias a la gestión del alcalde Claudio Radonich, quien el sábado 24 de febrero llegó hasta el tribunal de alzada para interponer dicha acción judicial, debido a que los afectados no tienen hijos, ni familiares cercanos que colaboren en su cuidado básico o en las rutinas de aseo diario, además la pensión que obtiene uno de ellos no alcanza para cubrir los gastos básicos. Dicho escenario de abandono ha provocado, en consecuencia, problemas sanitarios complejos a los que se suman otras enfermedades no tratadas.

El documento indica que aquella situación permitiría ciertamente presumir un grave riesgo para la salud de los afectados, no encontrándose suficiente y adecuadamente evaluado ni diagnosticado su estado, siendo previsible el requerimiento a lo menos de atención secundaria en forma oportuna, y no sólo descansar con la atención primaria que hasta el momento se le ha otorgado.

“El Estado de Chile suscribió, ratificó y promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual consagra, entre otros, el principio de la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo a la legislación interna. Dicha convención reconoce y establece el deber de garantizar por los Estados partes, una serie de derechos para las personas mayores de 60 años”, agrega el texto.

El “tirón de orejas” para el Senama y Servicio de Salud

Asimismo, el recurso acogido ordenó al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y al Servicio de Salud de la Región de Magallanes, representados en aquel momento por Carolina Armenakis y Pamela Franzi, respectivamente, adoptar una serie de medidas para salvaguardar la salud y protección de los adultos mayores en grave situación de vulnerabilidad.

En primer lugar, el Senama deberá continuar articulando las redes de servicios sociales y efectuando seguimiento de los afectados, para que la vivienda que actualmente ocupan se encuentre en condiciones de habitabilidad e higiene sin poner en riesgo su salud, debiendo solicitar un informe a la Seremi de Salud u otros servicios y entidades públicas sobre la situación sanitaria y medidas necesarias a adoptar respecto de la habitabilidad del inmueble.

Además se le deberá entregar y pagar efectivamente una pensión básica solidaria a la señora Laura Allende, y designarle a la pareja un subsidio para el arriendo de vivienda por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Una vez evaluada la salud de ambos, en especial el estado cognitivo de la mujer, se deberá coordinar la postulación de aquellos al programa o Fondo Servicios de Atención de Vivienda al Adulto Mayor bajo la modalidad comodato de vivienda tutelada del Serviu, o al Establecimiento de Larga Estadía (Elam), conforme a su estado general de salud y grado de auto valencia.

Por otra parte, al Servicio de Salud deberá articular en forma oportuna y a la brevedad la atención secundaria o terciaria que eventualmente requiera la pareja de adultos mayores, por lo que es necesario que el consultorio Mateo Bencur, mantenga las visitas periódicas de evaluación médica, y requiera la atención de salud para aquellos que resulten necesarias producto de dicha evaluación, derivando a los afectados para la realización de un apoyo psicológico, tendiente a evitar en lo posible que éstos deriven a una situación de indigencia o de calle.

Además, dicho Cesfam deberá remitir un informe de la situación de salud junto a las fichas clínicas de ambos al Servicio de Salud Magallanes, tomando el debido resguardo que la remisión de dichas fichas no entorpezca en forma alguna la entrega de atención médica a los afectados.