Necrológicas
  • Filomena Barría Mancilla
  • Miriam Rozas Alvarado
  • Dagoberto Mancilla Ojeda
  • Ida del Carmen Alvarado Navarro
  • Pedro Delgado Andrade
  • Peter Eladio Frías Gómez
De acuerdo con el informe elaborado por el Departamento Jurídico Municipal

El Tribunal Electoral Regional deberá resolver si el concejal Aguilante incurrió en alguna causal de cesación de funciones

Por La Prensa Austral miércoles 29 de agosto del 2018

Compartir esta noticia
2.011
Visitas

Por prestación de servicios del edil a colegios del sistema público por la participación en el programa televisivo “Amigas y Amigos”.

Este martes la directora (s) del Departamento Jurídico Municipal, Claudia Casas Karelovic, remitió al alcalde Claudio Radonich Jiménez el informe solicitado por el concejal Arturo Díaz, en relación a los dineros recibidos por el edil José Aguilante Mansilla, por parte de instituciones educativas dependientes de la Corporación Municipal de Punta Arenas. En este se hace mención a las causales de cesación del cargo, estableciendo entre ellas el incurrir en una contravención grave al principio de probidad administrativa o alguna de las incompatibilidades previstas.

Aguilante recibió un certificado de recepción de pagos de la Escuela 18 de Septiembre por 160 mil pesos, una boleta respecto de la recepción de servicios a la Escuela Portugal por 200 mil pesos y constancia de recepción de dinero del Liceo Industrial por 100 mil pesos, por prestación de servicios del edil a colegios del sistema público por la participación en el programa televisivo “Amigas y Amigos”.

En el documento se señala que el artículo 58 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que “todos los funcionarios (compete de igual forma a las autoridades edilicias) tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria o comercio conciliable con su posición en la administración del Estado, siempre que con ello no se turbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley”.

Es así como la falta de probidad se encuentra regulada en el artículo 40 inciso tercero de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual dispone que tanto el alcalde como los concejales, en su calidad de funcionarios públicos, les son aplicables las normas sobre probidad administrativa establecidas en la Ley 18.575. Conforme lo señalado en el artículo 54 inciso segundo de ésta, indica que este consiste en “observar una conducta funcionaria intachable y un
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Lo anterior entendiéndose que la conducta del funcionario no debe merecer reproche y su desempeño debe ser honesto y leal con el servicio, en relación al cargo o función que desarrolla.

En el mismo orden de ideas, el artículo 76 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su letra f), sobre las normas de responsabilidad administrativa que afecta a los concejales, señala que será causal de cesación del cargo de concejal, el incurrir en una contravención grave al principio de probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo anterior.

Ahora bien respecto a la normativa que regula las causales de incompatibilidad, el inciso segundo del artículo 75 de la Ley 18.695, señala que será incompatible el cargo de concejal con todo “empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que ella participe”, a excepción de cargos profesionales no directivos en educación, salud o servicios municipalizados.

Establecidos los conceptos le corresponde al Tribunal Electoral Regional pronunciarse respecto de esta materia. En su artículo 77 la Ley 18.695 establece que respecto a las causales señaladas en el artículo 76, le corresponde a éste declarar la incompatibilidad o contravención grave al principio de probidad administrativa, a requerimiento del alcalde o los concejales de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 17 y siguiente de la Ley 18.593, de Tribunales Electorales Regionales.