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En penal Santiago Uno colombianos propinaron golpiza a dueño de boite Tentación detenido por trata de personas

Por Poly Raín viernes 30 de diciembre del 2016

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Con lesiones visibles en su cuello y cabeza, resultó el dueño del club nocturno Tentación, de Avenida Colón, tras ser víctima de una golpiza por parte de un grupo de presos colombianos al interior del penal Santiago Uno, hasta donde fue trasladado el domingo pasado junto a su esposa, en calidad de detenidos, en virtud de un mandato judicial firmado por la ministra de la Corte Suprema, María Eugenia Sandoval, previa declaración de extradición por parte de la Cancillería de la República Argentina.
Jorge Patricio Latorre Barrientos (53) y su esposa Gladys Rosana Benites (48), fueron detenidos el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Punta Arenas, tras ser requeridos desde Argentina por integrar una supuesta red de trata de personas con fines de explotación sexual. En dicho país, específicamente en la ciudad de Mendoza, tres personas de nacionalidad argentina -dos mujeres y un hombre- cumplen una condena de 6 años de cárcel por los mismos hechos.
Latorre y Benites fueron trasladados a Santiago el domingo 25 de diciembre en razón de la audiencia fijada por la ministra María Eugenia Sandoval, que solicitó la comparecencia de los detenidos para este martes 27 a raíz del recurso interpuesto por las defensas, donde se pedía modificar la medida de prisión preventiva.
El abogado particular Francisco Cárdenas Mansilla, actuando por Latorre, destacó en su alegato ante la Corte Suprema, que el matrimonio requerido tiene arraigo total en la ciudad de Punta Arenas, de orden laboral, familiar y social, lo que es relevante para calificar su posible peligro de fuga. Asimismo, señaló que todos los movimientos migratorios que ambos registran en la República Argentina, están dentro del marco normal de quienes habitan la Duodécima Región, lo que demuestra que no hay posibilidad de eludir la medida cautelar de arraigo nacional solicitada.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Leva Henríquez, por la requerida Gladys Rosana Benites, expuso que la detención previa corresponde en la práctica a una prisión preventiva, cuya única finalidad es cautelar, es decir, asegurar la presencia de los requeridos al proceso de extradición. En este caso en particular, en opinión de la defensa, existen otros instrumentos procesales que permitan brindar la misma cautela que se busca con la detención previa de la requerida, como lo serían el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, deben preferirse por sobre la detención previa, en razón de los principios de proporcionalidad y de necesidad.
Resolviendo la solicitud, la ministra María Eugenia Sandoval planteó que se hace necesario mantener la medida de detención previa decretada, por el peligro de que los reclamados se den a la fuga, razón por la cual no se accede a la solicitud de la defensa de Latorre y Benites, en orden a sustituir la ya aludida medida de detención previa, por otra cautelar.
Luego de esta resolución, las respectivas defensas solicitaron a la ministra instructora se ordene a Gendarmería de Chile, el inmediato traslado de los detenidos al complejo penitenciario de Punta Arenas, adoptando en el intertanto todas las medidas que salvaguarden su integridad física, ello luego de que Jorge Latorre denunciara haber sido víctima de agresiones por parte de internos de nacionalidad colombiana, en el módulo 35 de Santiago Uno, lugar al que fue asignado preliminarmente, con lesiones visibles y constatables en su cuello y cabeza, motivo por el cual fue trasladado al denominado “calabozo de castigo” como medida de protección.
Se hizo presente que ambos detenidos carecen de todo tipo de apoyo y redes en Santiago, lo que se manifiesta en cosas tan domésticas como que no tienen mudas de ropa y utensilios de aseo básico.
Sobre la petición de traslado a Punta Arenas de los detenidos, con fecha 29 de diciembre, el jefe del Destacamento Especial de Tribunales de Gendarmería de Chile, comunicó a la Corte Suprema, que por protocolo de seguridad de las aerolíneas, los traslados deben coordinarse con 24 horas hábiles tratándose de Sky y con 48 horas en el caso de Latam. Atendida la fecha especial de fin de año, no hay disponibilidad de pasajes aéreos, es por ello que dichos traslados se realizarían la próxima semana, dependiendo de la disponibilidad de pasajes y en horario diferido, con el fin de cumplir con los protocolos de seguridad de las aerolíneas.
Apelación
Sobre la marcha, las defensas de los requeridos recurrieron de apelación en contra de la resolución pronunciada por la ministra María Eugenia Sandoval, que negó la sustitución de la medida cautelar de detención previa con fines de extradición, por las medidas de arresto domiciliario y arraigo nacional.
En este caso, el plazo que le asiste a la República Argentina para materializar su petición de extradición, es de dos meses desde que se le notificó el arresto de los requeridos, por lo que en principio, el plazo se extendería hasta el 15 de febrero de 2017.
Este jueves, la segunda sala penal de la Corte Suprema sometió a revisión la resolución de la ministra Sandoval, cuya vista de la causa consideró los alegatos de las defensas y del Ministerio Público, representado por la abogada María Luisa Montenegro, quien bregó porque se confirme la prisión de los requeridos en la cárcel de Punta Arenas. En su dictamen, los ministros legitimaron la negativa a sustituir la medida cautelar de prisión por otras distintas, atendiendo el peligro de fuga que se visualiza de parte de los detenidos.
Investigación
argentina
En el Juzgado Federal Nº1 de Mendoza se radica la causa penal seguida contra los comerciantes locales, investigados por ser parte de una presunta red de trata de personas que operaría en Punta Arenas, como informó el Poder Judicial transandino al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país en un oficio remitido el 3 de octubre pasado.
Dicho texto consigna que “se explotaría sexualmente a mujeres de diversas nacionalidades, muchas de ellas argentinas (…) los imputados (Benites y Latorre), a través de personas interpuestas captarían a las presuntas víctimas con ofertas laborales engañosas, ofreciéndoles el traslado hasta dicha localidad, como también vivienda y comida”.
Los hechos que habrían originado la causa, dicen relación con lo ocurrido en la mañana del 1 de octubre de 2014, en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza, cuando personal de una aerolínea comunicó a las autoridades que tres personas intentaban abordar un vuelo, mientras otro individuo les entregaba documentos, tickets y un papel con el destino al que debían dirigirse.
Dos de los pasajeros eran las jóvenes F.M.B. y R.A.B., quienes habrían sido captadas con ofertas laborales engañosas, sin saber que, de llegar a Punta Arenas, tendrían que ejercer la prostitución. Sin embargo, al ser consultadas por el pasaje que pretendían utilizar, ellas habrían mentido, señalando que su madre se los habría comprado, cuestión que fue desvirtuada por la mujer, quien desconocía hasta ese momento que ellas pretendían abandonar el país, cuestión que finalmente se vio frustrada.
Así nació el proceso judicial, que en dicha oportunidad permitió la detención de tres personas, dos mujeres y un varón, todos argentinos, quienes habrían dado las luces para que se configurara el delito, vinculando a Gladys Benites y Jorge Latorre Barrientos en el delito, siendo sindicados como los financistas y los supuestos gestores del traslado de las víctimas.