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Familia Nandwani se querelló en contra del cuñado de senadora Goic

Por R Martinez martes 4 de septiembre del 2018

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Una querella por los delitos de injurias y calumnias por escrito y con publicidad, interpuso ayer el abogado Germán Ovalle, en representación de diez miembros de la familia Nandwani, en contra de Boris Miranda Kirk, cuñado de la senadora Carolina Goic, acusado de proferir múltiples declaraciones en perjuicio de los querellantes, en el marco de un bullado caso de presunta trata de personas, en el cual la Fiscalía cerró la investigación el pasado martes 21 de agosto.

El origen de lo anterior radica en una denuncia y posterior querella a raíz de hechos que habrían vivido las ciudadanas indonesias Eva Anggraeni, Laila Nur y Yuli Anggraeni, mientras eran trabajadoras de Pishu Rewachand Lakhwani en el año 2009. Posteriormente, Yuli fue finiquitada el 7 de agosto de 2010, para luego desempeñarse como asesora del hogar, en la casa del matrimonio de Mónica Nandwani y Deepak Granshamdas, labor que se habría desarrollado -según dicen- por unos meses, al amparo de un contrato de trabajo escrito, con sus cotizaciones al día y el pago de sus remuneraciones.

Tras aquello, Yuli denunció el 27 de julio de 2011 ante la PDI, de haber sido víctima de explotación laboral. En este contexto, el querellado contrajo matrimonio con Eva -una de las tres ciudadanas indonesias antes indicadas- el 23 de diciembre de 2016, convirtiéndose en una especie de interlocutor de su pareja y de las denunciantes.

Peticiones de dinero

En la querella presentada este lunes, se especifica que frente a las peticiones de dinero por parte de Miranda Kirk, “nos hemos mantenido firmes y estoicos, confiando en que tanto la Fiscalía como los Tribunales culminarán su indagatoria y resolverán lo que en derecho corresponde en estos más de 7 años de investigación desformalizada. Frente a la nula respuesta a sus peticiones, paulatinamente comenzó a denigrar públicamente a todos nosotros”.

A su vez, el abogado Ovalle recalcó que “ni siquiera en otras regiones de Chile donde hay delitos realmente potentes se ha difamado con tanta potencia a alguien en una causa que nunca han formalizado a nadie, no han sido llevados a juicio y la Fiscalía entiende que aquí no hay delito de nada”.

Llamado a funar

Sin embargo, añadió que el punto más álgido de todo esto fue a las 20,10 horas del pasado 21 de agosto, luego de que el querellado llamara a funar a la Fiscalía y a la familia Nandwani en una publicación realizada en su cuenta personal de Facebook, siendo el mensaje exactamente escrito el siguiente:

“La familia Nandwani junto a otros hindúes han traído esclavos a Chile desde distintas partes del mundo, los traen engañados, les quitan sus pasaportes, los mantienen intimidados, no les pagan sueldo y lo peor de todo, son humillados, ya que según los hindúes esta gente es ‘inferior’. Dado el dinero que tienen ofrecen plata a fiscales, testigos, policía, etc., con el fin de acallar el delito… Lo peor es que chilenos se prestan para cubrir este delito y principalmente la fiscal Wendoline Acuña, quien hoy presentó el cierre de la causa argumentando que no había delito ni pruebas. Y aquí la prueba de Laila Nur, que fue traída cuando sólo tenía 15 años, falsificando su edad para poder entrar a Chile. Para ella eso no es prueba. Su acta de nacimiento legalmente traducida y timbrada por la misma embajada. Funemos a esta fiscal por ser una vergüenza a nuestro sistema judicial, una corrupta y encubridora”.

“Estamos dolidos”

Por otra parte, Laju Nandwani manifestó que “nos sentimos bastante mal. Nos ha dolido más por mi papá, quien lleva más de 60 años acá y él lo único que ha hecho, al igual que todos nosotros, es trabajar. Somos todos nacidos y criados en Punta Arenas, no hemos venido de afuera ni caímos de ningún otro lado y realmente esto nos avergüenza, porque es como que este es el pago que nos están dando por solamente venir a trabajar y crear fuentes de trabajo, crecer como empresa y hacer algo bueno para la ciudadanía”.

Como corolario, esta querella persigue que se le imponga a Miranda Kirk la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, además de 20 UTM y las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena.