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Fijan audiencia para formalizar a ex directivos de la Cormupa por desvíos de fondos públicos

Por La Prensa Austral martes 13 de junio del 2017

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Para el próximo 11 de julio de 2017, a las 9 horas, la jueza Paula Stange fijó audiencia de formalización de cargos en contra de los cabecillas de la Corporación Municipal de Punta Arenas el año 2013, por los delitos previstos y sancionados en los artículos 235 en relación con el artículo 233 del Código Penal, esto es, distracción o desviación de fondos públicos, en grados de consumados, hechos cometidos durante el período comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2013 en esta ciudad.

Es así, que el 11 de julio deberán comparecer ante el Juzgado de Garantía, Gonzalo Pumarino Vargas, (ex jefe de Planificación), Hugo Bizama Pommiez (ex secretario general), Hermes Hein Bozic (ex asesor jurídico) y Katherine Urtubia Carrasco (ex jefa de Finanzas), todos los cuales deberán ser citados a la audiencia respectiva.

La audiencia de formalización de la investigación fue solicitada por el fiscal Felipe Aguirre Pallavicini. La misma dice relación con el caso Chileduc, organismo al que se pagó asesoría para la elaboración de los nuevos estatutos de la Corporación Municipal.
En agosto de 2014, los entonces concejales Juan José Arcos, Vicente Karelovic, David Romo, José Aguilante y Julián Mancilla, llegaron hasta el Centro de Justicia para oficializar una querella criminal para que se investiguen posibles delitos al interior de la Cormupa a partir de los hechos reseñados anteriormente.

Lo propio hizo la Contraloría Regional, que indagó sobre la contratación y pago de Asesorías Técnicas Educativas (Ates), efectuada al interior de la Cormupa. La investigación desarrollada por el ente contralor, se centró en 11 contratos por concepto de Ates, celebrados durante los años 2012-2013.

Entre las constataciones efectuadas por la Contraloría, se pudo establecer que la Corporación Municipal contrató a Chileduc (en calidad de proveedor) para la ejecución de la implementación del rediseño y la modificación de los estatutos de la entidad municipal, por un monto que alcanzó los 33 millones de pesos. Dicho contrato de prestación de servicios fue celebrado el 26 de septiembre de 2013, entre la Cormupa y la consultora Redess Ltda., consignándose que Chileduc habría recibido el pago con fondos que fueron desembolsados de la cuenta de Subvención Escolar Preferencial (Sep).

Cuestionamiento

Dicha situación “contraviene lo consignado en el artículo 1º de la Ley Nº20.248 que estipula que dicha subvención está destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza media”, precisa el informe.

Por otra parte, y según lo dispone el artículo 13 del decreto con Fuerza de Ley Nº1-3.063, de 1980 del Ministerio del Interior, “los recursos de origen fiscal o municipal que se destinen a las corporaciones constituyen ingresos propios de ellas, sin perjuicio, de dar cumplimiento al fin para el cual le han sido transferidos, por lo que no corresponde que destine los recursos a un fin distinto al previsto en la ley, en concordancia con el criterio contenido en el dictamen Nº 29.532, de 2001, entre otros”, remarca Contraloría.

Los mencionados antecedentes sirvieron de base para que el fiscal a cargo del caso, Felipe Aguirre, solicite audiencia de formalización. El informe de Contraloría también fue puesto en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.