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Fiscalía solicitó expulsar a colombiana culpable de facilitar la entrada a tres compatriotas para ejercer la prostitución

Por R Martinez miércoles 16 de mayo del 2018

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El abogado Juan Carlos Rebolledo calificó esta medida como una especie de “revanchismo”, anunciando que iniciará acciones legales contra el ente persecutor, el Ministerio del Interior y el INDH con el fin de que se resarzan los perjuicios ocasionados a las otras dos chilenas que fueron absueltas.

Por una semana exacta se extendió la audiencia de juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas en contra de una mujer de origen colombiano, identificada como Luz Deisy Córdoba Correa, acusada por el Ministerio Público por su autoría por el delito de promover o facilitar la entrada al país de personas para ejercer la prostitución, causa en la cual debieron comparecer como coimputadas las chilenas Daniela Vega Uribe y Katherine Sepúlveda Carrasco, como cómplices del ilícito.

A la acusada se le imputaron los delitos que fueron perpetrados durante el transcurso del año 2016, cuando Córdoba Correa contactó a tres compatriotas, les envió dinero, financió sus pasajes y pasaportes para ingresar a Chile facilitando su traslado a Punta Arenas hacia el domicilio de calle Boliviana N°405 con la única finalidad de ejercer la prostitución bajo su subordinación para así poder pagar la deuda que mantenían con ella, acciones ilícitas que habría ejecutado con la colaboración de las chilenas, quienes arrendaban el inmueble.

Sin embargo, pasadas las 10 horas de ayer los jueces Guillermo Cádiz, Julio Alvarez y Luis Alvarez resolvieron de forma unánime condenar a la colombiana por el hecho antes mencionado, absolviendo de paso a Vega Uribe y a Sepúlveda Carrasco de los cargos que les fueran imputados en calidad de encubridoras, dejando sin efecto las medidas cautelares de arraigo regional y firma mensual que pesaban en contra de estas mujeres.

Bajo este aspecto, la fiscal Wendoline Acuña se manifestó conforme respecto que el Tribunal reconociera la existencia del delito y la participación principal, tras la presentación de múltiples pruebas presentadas como testimonios, fotografías, seguimientos en la vía pública, interceptaciones telefónicas y variados documentos.

“Lo que mayormente se discutía era la existencia del delito propiamente tal, de la trata de personas bajo la figura simple. El hecho que el Tribunal haya reconocido y haya condenado por esto para nosotros es una buena resolución, al igual que la participación principal en estos hechos que era de la ciudadana extranjera (…) Tendremos que revisar en relación a las otras acusadas si es que estableceremos o no un recurso de nulidad”, explicó.

Defensa

De igual forma, el abogado defensor de Córdoba Carrera, Juan Carlos Rebolledo, también se manifestó satisfecho por el resultado del juicio, aclarando que “quien debe explicar su disconformidad es la parte contraria. Se mantuvo por dos años a tres personas sujetas a un procedimiento en circunstancias que el 66 por ciento de ellas fueron absueltas, cuestión que nosotros dijimos desde el día uno. La sanción por la cual se condena a doña Deisy es la mínima probable, ya que hemos invocado circunstancias modificatorias que podrían llevar a una pena muy mínima”.

La imputada arriesga una pena de hasta cinco años de prisión, la cual se conocerá a las 20 horas del próximo martes 22 de mayo.

Expulsión del país

Asimismo, la representante del Ministerio Público adelantó que se solicitó la expulsión del país de la mujer extranjera, lo que, según dijo, estaría avalado dentro de las opciones que contempla el actual ordenamiento jurídico en las penas sustitutivas de la Ley 18.216.

“Cuando una ciudadana extranjera es condenada por un delito que tiene una pena que supera los tres años y un día a cinco, y esa persona además se encuentra residiendo en nuestro país de manera ilegal como es el caso, nosotros podemos pedir que ella sea expulsada de nuestro territorio nacional”, arguyó.

No obstante, Rebolledo calificó este accionar del ente persecutor como una especie de “revanchismo”, anunciando que iniciará acciones legales en contra del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las cuales se materializarán inicialmente en la solicitud de que se les condene en costas, con el fin de que se resarzan los perjuicios ocasionados a las otras dos personas absueltas.

“Notamos una especie de interés por continuar perjudicando a alguien más allá de la sanción penal propiamente tal. Ahora nos salen con la solicitud de expulsión y eso es en chileno ‘pegarle a alguien cuando ya está derrotado’. Creemos que es una especie de revanchismo, de que como no obtuvieron todo habría que echarla de acá porque no sé quién es el sensor moral de este país para decir que alguien que ejerce la prostitución deba irse de Chile”, puntualizó.