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Más de 600 alumnos de la ex sede U. del Mar de Punta Arenas deberán ser indemnizados

Por La Prensa Austral jueves 18 de febrero del 2016

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Con cautela pero con cierta esperanza, los alumnos de la extinta Universidad del Mar, recibieron la noticia ayer de que el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar ordenó indemnizar a la totalidad de los alumnos que se encontraban estudiando o ligados al plantel al momento del primer anuncio de cierre, ocurrido en 2012. La sentencia, según publicó ayer El Mercurio de Valparaíso, emanada el 8 de enero de este año, surgió como respuesta a una demanda colectiva interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de la Quinta Región, zona donde pertenecía la casa central de la cuestionada casa de estudios. Sin embargo, de hacerse efectiva, contemplaría una solución para ex alumnos de todo Chile.

En total, la medida beneficiaría a 20 mil alumnos de todo el país. En Magallanes, al momento del anuncio del cierre, la Universidad del Mar contaba con una matrícula de alrededor de 650 estudiantes.

La resolución judicial dada a conocer ayer exige el reconocimiento de al menos diez “cláusulas abusivas” de los contratos que cada uno de los alumnos debió firmar al ingresar al plantel, además de la indemnización a todos ellos, según su situación, incluyendo el pago por el detrimento del título profesional, una vez que se conocieron las condiciones en la que estudiaban.

Las compensaciones fueron divididas en cuatro grupos según las distintas condiciones de daño. El primer grupo son aquellos jóvenes que fueron reubicados en otras universidades gracias al convenio realizado por el Ministerio de Educación, a los que se les deberá pagar el dinero gastado en traslados a otras casas de estudio u otras sedes equivalentes a la beca Junaeb de la U. del Mar según tramos, con un monto mínimo de $32.000 por diez meses.

El segundo grupo está compuesto por quienes se reubicaron en 2013 en otras universidades de forma individual dejando de ser estudiantes de la cuestionada casa de estudios. A ellos se les debe indemnizar el atraso académico de cada uno y además recibirán dinero por los costos de traslado y por la diferencia entre el arancel pagado entre 2013 y 2014 en la nueva institución y la vigente en la U. del Mar.

Un tercer grupo está conformado por aquellos cuya reubicación no fue posible y por eso no pudieron estudiar durante el año 2013. A ellos se les debe indemnizar con un monto equivalente a un arancel de su carrera en el 2012 y además, si corresponde, el retraso académico que esto significó. Por último, el cuarto grupo está compuesto por quienes tuvieron ramos cursados en la Universidad del Mar que no fueron o no son susceptibles de convalidación u homologación en otras instituciones. A ellos se les compensará el valor de todas las matrículas y aranceles pagados durante todos los años de permanencia en la Universidad y los gastos en que hayan incurrido por concepto de transporte, para lo cual se considerará, para cada alumno, un monto equivalente a dos pasajes diarios a una tarifa de $180 cada uno durante cinco días por semana y durante 10 meses, cada año.

No se borra el daño

En el caso de Magallanes, el tema de la Universidad del Mar provocó mucho estrés e incertidumbre en los más de 600 estudiantes que había, cuando se ordenó el cierre de la institución. De hecho, la crisis estalló en la capital regional, cuando se desarrollaba una reunión entre los centros de alumnos de todo el país y cuya sede era Punta Arenas.

Han pasado cuatro años y muchos de esos otrora estudiantes, avanzaron en sus vidas, se titularon y son profesionales, después de someterse a un esfuerzo mayor al que debían. Fue el caso de Antonia Aburto, quien fue la última presidenta de la Federación de Estudiantes.

Sueños truncados

Aburto se tituló en Turismo en Inacap, siendo que estudió Traducción inglés-español en la U. del Mar. Por eso, aunque valora el fallo, manifestó que todos los sueños que tenía cuando comenzó, fueron truncados por la mala administración de la universidad. “Esta medida es lo mínimo que podían hacer. En cierta forma estoy de acuerdo con las medidas, pero siento que esta manera de ‘reivindicarse’ es muy poco. El daño psicológico siempre existirá. Yo hasta los días de hoy me deprimo al pensar que jamás pude estudiar la carrera de mis sueños; en esa carrera puse sangre, sudor y lágrimas. Tuve que cambiarme de carrera, porque en Punta Arenas no existe lo que estudiaba y en Chile, específicamente en la Universidad de las Américas, la convalidación de un total de 27 ramos, sólo me reconocían cinco, aparte de los tres años que invertí en efectivo y siempre al día en la U. del Mar, tenía que volver a estudiar otros cinco años”, detalló Antonia Aburto, reviviendo ese drama que le cambió la vida.

Por ello, concluyó que “me siento aún defraudada de la justicia chilena, porque con los pesos que están regalando, nunca van a reparar la profunda herida que muchos cargaremos hasta el final de nuestros días”.

Finalmente, Aburto recordó que los estudiantes magallánicos se sumaron a la demanda nacional, y recordó que convocaron en ese entonces, a firmar a la notaría de Horacio Silva, pero que no llegaron más de 150 estudiantes a firmar la demanda, asesorados por el entonces, jefe de carrera de Derecho, el abogado Mario Elgueta.

Otro estudiante que lideró los reclamos y protestas en aquellos años álgidos fue Juan Pablo Draguicevic, quien pudo titularse como kinesiólogo. No obstante, ni ello fue suficiente, porque como apuntó, “a la hora de enfrentar el mundo laboral, fuimos discriminados por obtener un título profesional de esta casa de estudios”.

Para Draguicevic, hay diferencias sustanciales entre lo que vivieron ellos y estudiantes de otras sedes. “Nos encontramos con una sede cerrada a fines de 2012, edificio que hoy ocupa Gendarmería de Chile, y la situación fue mucho más caótica, donde el grueso de los estudiantes asistía a la jornada vespertina, para así compatibilizar trabajo y estudios, situación que a la hora de la ‘reubicación’ no fue compatible con las carreras profesionales que ofrecía la Umag. Por ende, muchos estudiantes no pudieron continuar con sus estudios, y aquellos que hicieron el esfuerzo, se les vio rebajado en un promedio de dos años su avance curricular”, subrayó.

El ex dirigente se mostró escéptico sobre una solución en el corto o mediano plazo, pese a esta resolución judicial, sobre todo porque “el síndico de quiebra ha apelado para que este dictamen quede sin efecto, argumentando que los acreedores de la universidad se han visto igual o más afectados que los estudiantes con esta situación. Estas palabras me parecen ilógicas, ya que no hay dinero que pueda compensar el tiempo y esfuerzo invertido a lo largo de tantos años”.

Sin embargo, con este fallo, según Juan Pablo Draguicevic, “se comprueba que la educación en nuestro país se plasmaba como un bien de consumo y no un derecho, lo cual no deja de preocupar, pensando en la inmensa cantidad de Universidades e Institutos Técnico -Profesionales que existen actualmente, situación que espero cambie con la reforma educacional que a partir de este año comenzará a regir”.

El fallo del Tercer Juzgado de Letras de Viña del Mar podría ser apelado por alguna de las partes ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.