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Menor de 17 años fue imputado de 10 robos a recintos municipales pero juez desestimó enviarlo a prisión

Por La Prensa Austral jueves 13 de diciembre del 2018

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Por cuatro delitos de receptación, tres robos y otros tres de daños fue formalizado la tarde de ayer un adolescente en una extensa audiencia efectuada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Según los antecedentes aportados por el Ministerio Público, el imputado estaría implicado en los robos ocurridos en las escuelas Manuel Bulnes, Portugal, 18 de Septiembre, el jardín infantil Laguna Azul y el consultorio Juan Damianovic, ocurridos entre octubre y noviembre de este año.

Conforme a lo relatado por la fiscal Rina Blanco, los antecedentes del primer hecho se remontan al pasado 8 de octubre, cuando el imputado de iniciales C.J.O.Z., de 17 años, junto a otros individuos no identificados ingresaron a la Escuela Manuel Bulnes mediante escalamiento y saltando el muro perimetral, para abrir una ventana del patio, ingresando al inmueble y realizando múltiples destrozos al interior, sustrayendo la suma de 150 mil pesos en efectivo además de otra cantidad no determinada de dinero desde una alcancía.

El segundo episodio se desencadenó entre las 12 horas del 13 de octubre y las 13,45 horas del día siguiente, cuando el acusado junto a otros antisociales concurrió hasta el mismo establecimiento educacional para ingresar del mismo modo que en el primer episodio, lugar donde nuevamente efectuaron desmanes rompiendo documentación, cerraduras y mobiliario interior, para luego dirigirse a la sala de computación destruyendo la puerta de acceso para de esta forma apropiarse de diez notebooks y tres tablets avaluados en más de 2 millones de pesos.

Ya sabiendo la forma de acceder al mencionado colegio, el siguiente hecho habría sido perpetrado entre la noche del 14 de octubre y la madrugada del 16 del mismo mes, instancia en que el adolescente acompañado de otros sujetos, cometieron daños en perjuicio del mobiliario, para finalmente sustraer otros tres notebooks desde la sala de computación, para luego dirigirse a la sala del Pie (Programa de Integración Estudiantil), desde donde robaron otro computador. Antes de abandonar el lugar, se desplazaron hasta la sala del laboratorio de ciencias, donde quebraron los vidrios y destrozaron un robot de lego que los alumnos de robótica habían tardado meses en confeccionar para competir en un concurso. Entre las especies y los daños, el avalúo supera los 3 millones de pesos.

Finalmente, el último delito quedó al descubierto el martes pasado, cuando efectivos de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI tras varias órdenes de investigar por parte de la Fiscalía llegaron hasta el domicilio del imputado, luego de ver que por las redes sociales el acusado ofrecía a la venta especies pertenecientes a las escuelas Portugal, 18 de Septiembre, al jardín infantil Laguna Azul y al consultorio Juan Damianovic, todos los cuales sufrieron robos en los últimos meses, encontrando al interior del inmueble dos notebooks, tres cámaras fotográficas y diez preservativos.

Bajo este contexto, la persecutora solicitó al magistrado Juan Villa decretar la internación provisoria del menor de edad en la cárcel juvenil, dando a conocer que los detectives periciaron su celular en el cual mantenía conversaciones por Whatsapp con otros sujetos, en los que acordaba cómo concretarían los robos, qué elementos utilizarían y cómo reducirían las especies sustraídas.

Pese a aquello, el abogado defensor Richard Maldonado, argumentó que no se podía enviar a su representado a la cárcel juvenil, ya que todos son “simples delitos”, que ninguno tenía una pena de crimen y que éste no registraba antecedentes penales. “A pesar de ser 10 los delitos formalizados, son todos simples delitos por lo que existe un límite legal que no permite imponer la internación provisoria”, remarcó.

Considerando la reiteración de hechos, el juez de garantía impuso las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a los inmuebles afectados y la sujeción a la Fundación Esperanza, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.