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Ordenan reincorporación inmediata de dos funcionarias desvinculadas de la gobernación de Magallanes

Por R Martinez domingo 26 de agosto del 2018

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A Daniela Gallardo, que se desempeñaba como encargada de Convenios y Proyectos; y a Olivia Oyarzo, quien era encargada de Adquisición y Administración, se les puso término anticipado de contrato basándose en la “deficiente evaluación de desempeño” de ambas mujeres.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el pasado viernes dos recursos de protección interpuestos por el abogado -y ex seremi del Trabajo- Carlos Abarzúa, ordenando la reincorporación inmediata de dos funcionarias que se desempeñaban en la gobernación de Magallanes y que fueron desvinculadas luego que el gobernador Nicolás Cogler formulara una comunicación al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, señalando existir una “deficiente evaluación de desempeño” de ambas mujeres.

En dos fallos que fueron resueltos por los ministros Marcos Kusanovic, Víctor Stenger y el fiscal judicial Fabio Jordán, se dio cuenta de la situación de las trabajadoras Daniela Gallardo Chaura y Olivia Oyarzo Cisterna, despedidas el 31 y 28 de mayo de este año respectivamente.

En el caso de la primera denunciante, que llevaba a cabo labores como encargada de Convenios y Proyectos, se planteó que el término anticipado a la designación a contrata de la funcionaria se sustentaba bajo el argumento de “no ser necesarios sus servicios”, recurso que fue impugnado por medio del memorandum reservado Nº2/2018 de fecha 17 de abril de 2018, en el cual se indica que Gallardo Chaura fiscalizó de manera deficiente los proyectos FNDR 2017, adjudicados a la gobernación, y como consecuencia de lo anterior quedó inhabilitada para postular a dichos recursos el año 2018, acto administrativo que fue calificado por el abogado como arbitrario e ilegal.

Sin embargo, en el oficio ORD. N°410/2018 que envió la jefa de División Planificación y Desarrollo Regional, Wannia Enssle Martínez, a Cogler, se señala que la gobernación se encuentra habilitada para postular a los recursos, contrariando lo que expresa la resolución impugnada.

En este contexto, se declaró que existió un acto ilegal y arbitrario, privándose a la funcionaria “de su derecho a las remuneraciones por todo el periodo de desafectación o desvinculación, esto es, desde el 17 de enero de 2018 como lo indica la Resolución Exenta RA N° 245/82/2018 del servicio de Gobierno Interior que dispuso la prórroga de su contrata”.

Respecto a la situación de Olivia Oyarzo Cisterna, que se desempeñaba como encargada de Adquisición y Administración de la gobernación, se le desvinculó por haber sido objeto de reiterados reclamos por parte de otros funcionarios ante “supuestos malos tratos, afectando negativamente el ambiente laboral”. No obstante, en entrevista con La Prensa Austral el domingo 27 de mayo, la afectada precisó que acudió ante el presidente de la Asociación de Funcionarios, Juan Valderrama, quien es el encargado de gestión de personas, con el propósito de constatar si existía algún reclamo formal o documento que avalara la causal de despido, indicándole éste que no había reclamo formal alguno de ningún funcionario ni tampoco ninguna investigación sumaria en su contra.

Sin embargo, tanto Cogler como el subsecretario Ubilla evacuaron un informe dando cuenta de múltiples situaciones de conflicto en los que estaría involucrada Oyarzo desde que fue contratada en mayo de 2016, lo cual no fue considerado por el tribunal de alzada, decretando igualmente arbitraria e ilegal la resolución exenta en la cual la autoridad resolvía poner término anticipado al contrato de la trabajadora.

Finalmente, se ordenó la inmediata reincorporación de ambas funcionarias a sus labores en el término de cinco días de ejecutoriada la sentencia, como también se les deberá pagar las remuneraciones que hayan sido devengadas durante el tiempo de su separación ilegal.