Necrológicas
  • Carmen Alvarez Alarcón
  • Valeria Aguilar Díaz

Siete personas serán formalizadas por obtención fraudulenta de créditos en perjuicio del BancoEstado

Por R Martinez viernes 15 de septiembre del 2017

Compartir esta noticia
3.185
Visitas

Para las 10 horas de este viernes está fijada la audiencia de formalización de cargos en contra de siete personas acusadas por el Ministerio Público de su autoría de los delitos de obtención fraudulenta de créditos y uso malicioso de documentos públicos falsificados en perjuicio del BancoEstado, hechos que fueron perpetrados entre junio y agosto del año 2015.
Los sucesos fueron destapados a raíz de una denuncia por el delito de usurpación de funciones públicas y uso de documentos institucionales de carabineros falsos para la obtención de créditos, la cual fue interpuesta por un empleado que trabaja para la Automotora Divemotor, en Zona Franca.
Hasta aquel lugar acudió el 30 de julio de 2015, Viviana Llanquín Uribe, quien manifestó su interés de comprar un vehículo, entregándole un certificado de antigüedad y estabilidad laboral, figurando como cabo primero de la Primera Comisaría de Carabineros, además de conceder tres liquidaciones de sueldo a su nombre con todos los sellos de la institución, una carta jurada notarial, entre otros documentos. Tras aquello, la mujer concurrió hasta las oficinas de servicios financieros Tanner, con la finalidad de solicitar un crédito para la adquisición del automóvil por un monto de $3.700.000.
No obstante, el empleado de la automotora concurrió hasta la unidad policial para entrevistarse con la jefatura de Carabineros, donde para su sorpresa se pudo percatar que Llanquín no era funcionaria de la institución y que los documentos presentados eran falsos, estampando inmediatamente la denuncia de rigor.
Posteriormente, la mujer declaró que era familiar de Johana Williams Barría, quien -según dijo- tenía contactos para agilizar solicitudes de préstamos, afirmando que “tenía una movida con los pacos”, refiriéndose a Carabineros, donde conocía al cabo primero Miguel Alejandro Iturrieta Donoso, quien cumplía servicios en la Primera Comisaría de esta ciudad. Este le planteó a Williams que él podría confeccionar liquidaciones de sueldos de Carabineros con la identidad de cualquier persona junto con certificados institucionales falsos con el propósito de acceder a créditos cuando no tuvieran problemas comerciales. No obstante, en la propuesta efectuada, la mujer debía darle el 35% del valor del préstamo que se requiriera.
Bajo este tenor, Johana Williams, en el mes de mayo de 2015, contactó a una amiga de nombre Jocelyn Güichapani, quien aceptó recibir los documentos falsos de liquidaciones de sueldo para poder acceder a un crédito por una cantidad aproximada a los 9 millones de pesos, pagándole al cabo Iturrieta la suma 2,5 millones de pesos, tal como había sido acordado. Misma situación ocurrió con otra amiga de nombre Bárbara Cárcamo en el mes de junio del mismo año, y con Viviana Llanquín en julio, siendo ésta denunciada por el trabajador de Zona Franca.
A raíz de los hechos descritos, el cabo de Carabineros Miguel Iturrieta fue dado de baja de la institución con fecha 23 de septiembre de 2015.
Querella del banco
En el mismo sentido, de parte del BancoEstado, el agente regional Carlos Martín Navarrete interpuso una querella criminal que fue ingresado al Juzgado de Garantía de Punta Arenas el pasado 10 de febrero de 2016, en la cual consignaba que terceros tramitaron y obtuvieron créditos a su favor con antecedentes no fidedignos, situación que una vez detectada fue puesta en conocimiento de la autoridad bancaria para arbitrar las medidas pertinentes, donde se solicitó realizar una investigación respecto de cinco operaciones tramitadas con datos falsos.
Asimismo, y con información proporcionada por Carabineros, se logró paralizar la tramitación de otras dos operaciones crediticias, las cuales no llegaron a concretarse.
En este aspecto, las pericias efectuadas por la Contraloría Interna del Banco, que abarcó operaciones en un tramo entre enero y agosto de 2015, lograron constatar que se otorgaron seis créditos personales con documentación falsa o adulterada por un total de $51.155.000, cifra que incluía los montos de las tarjetas y líneas de créditos asociadas.
Por otra parte, los documentos forjados consistían en liquidaciones de sueldo, certificados de antigüedad laboral y de cotizaciones previsionales.
En este aspecto, el BancoEstado se querelló en contra de Viviana Llanquín Uribe, quien solicitó un crédito por $9.736.880; Jocelyn Güichapani González, con $12.301.761; Bárbara Paz Cárcamo Aguilar, con $13.084.542, René Arizmendi Oyarzún, con $6.491541; Marcela Jofré González, con $6.406.093 y Teresa Cerda, con un crédito cursado por $1.785.801 (en todo caso esta última no figura como formalizada).
Tres de las gestiones se cursaron ante la sucursal del barrio 18 de Septiembre, dos en la oficina del mall Espacio Urbano Pionero, y la última, en la oficina central en Punta Arenas.
No obstante, en la audiencia de formalización que se llevará a cabo durante esta jornada en la sala 1 del Juzgado de Garantía, la fiscal Wendoline Acuña presentará los cargos al magistrado Pablo Miño en contra de Johana Williams, Miguel Iturrieta, Jocelyn Güichapani, Bárbara Cárcamo, René Arizmendi, Marcela Jofré y Viviana Llanquín, quienes oportunamente fueron citados a la audiencia judicial.