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Tronaduras de Mina Invierno sufren traspié en la Corte Suprema: tribunal invalidó permiso e instruyó realizar proceso de participación ciudadana

Por La Prensa Austral sábado 18 de marzo del 2017
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El jueves, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado un recurso de protección presentado por dos organizaciones ambientalistas contra la resolución exenta dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental, que rechazó las solicitudes de apertura del proceso de participación ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno, en la localidad de isla Riesco, comuna Río Verde. La decisión fue adoptada con los votos en contra de la ministra Sandoval y el abogado (i) Lagos.

A consecuencia de este fallo de la Corte Suprema, se deja sin efecto la resolución exenta de 26 de julio de 2016, de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Magallanes, que dio “luz verde” al proceso de tronaduras, retrotrayéndose el proceso de Declaración de Impacto Ambiental del referido proyecto, debiendo someterse previamente, al procedimiento de participación ciudadana.

 

El fallo

 

En rigor, se trató de un fallo dividido (causa rol 55.203-2016), en que finalmente la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Jorge Dahm y los abogados (i) Jorge Lagos y Rodrigo Correa– revocó la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el recurso presentado en contra de dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental, que no consideró el proceso de participación ciudadana en el proyecto minero.

De este modo, la resolución del máximo tribunal establece la arbitrariedad en que incurrió la autoridad administrativa al no abrir un proceso de participación ciudadana en el proyecto ‘Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en mina Invierno’. “(…) tratándose de un proyecto sometido a una DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que versa sobre la forma de extracción de un mineral, es una actividad sometida al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) que generará, en mayor o menor medida, un beneficio o utilidad social, suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley N°19.300, por lo que debió darse lugar al proceso de participación ciudadana, por cuanto concurren las demás exigencias que ha establecido el legislador”, sostiene el fallo.

 

Legalidad

 

 

La resolución agrega que: “El proyecto de autos no debió quedar excluido del proceso de participación ciudadana contemplado en el artículo 30 bis de la Ley N°19.300, y que el recurso de protección deberá ser acogido, enmendando desde luego un aspecto que afecta negativamente un procedimiento en desarrollo, el que, de no efectuarse esta corrección, se verá cuestionado en su legalidad posteriormente”.

Y complementa “(…) por lo anteriormente expuesto –continúa–, debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto, es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana, que deberá ajustarse además a los términos contemplados en la Ley N°19.300”.

 

Revocación

 

 

El escrito concluye indicando que “se revoca la sentencia apelada de cinco de agosto de dos mil dieciséis, y en consecuencia, se acoge el recurso de protección deducido declarándose que se deja sin efecto la Resolución Exenta N°183 de 18 de febrero de 2016, del Servicio de Evaluación Ambiental que rechazó el recurso jerárquico deducido y, en consecuencia, se deja también sin efecto la Resolución Exenta N°098/2016 de 26 de julio de 2016, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, por lo que el proyecto ‘Incorporación de Tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en la Mina Invierno’, retrotrayéndose el proceso de DIA del proyecto referido al momento previo a la RCA (Resolución de Calificación Ambiental), debiendo someterse previamente, al procedimiento de participación ciudadana, previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300”.

 

Alerta Isla Riesco

 

En la agrupación ciudadana Alerta Isla Riesco recibieron con alegría el fallo “que reconoce que la participación ciudadana es un principio del derecho ambiental y por lo tanto, cualquier proyecto que tenga cargas ambientales debe ser sometido a este proceso, aunque su evaluación haya sido realizada mediante Declaración de Impacto ambiental. Tras 4 años de rechazar recursos de protección en materia ambiental, el máximo tribunal apoyó la solicitud de invalidar la RCA del proyecto e iniciar un nuevo proceso de evaluación ambiental”.

En tal sentido, celebraron la decisión de la Corte Suprema, señalando que “ratifica el derecho que tenemos como ciudadanos de ser partícipes de las decisiones que afectan nuestro futuro y el de nuestro entorno. Este es un triunfo ciudadano, logrado gracias al trabajo voluntario de un sinnúmero de personas y ONGs convencidas que el desarrollo de los territorios debe ser verdaderamente sustentable, incorporando todos sus componentes: económicos, ambientales y sociales. Como agrupación hemos tenido la suerte de contar con este equipo”, formularon.

Al respecto, el coordinador regional de Alerta Isla Riesco, Gregor Stipicic, complementó indicando que “nos preocupa que sólo se pueda alcanzar la justicia a costa de arduos procesos contra decisiones que toma el Estado por nosotros. Este un ejemplo de lo que sucede diariamente en nuestro país. Esperamos que este destello de justicia sea un precedente para que de forma definitiva se le devuelva la voz a la ciudadanía.”

 

 

Mina: no hay cuestionamiento

 

 

Por su parte, desde Mina Invierno, se indicó que han tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema que instruye al Servicio de Evaluación Ambiental la realización de un proceso de participación ciudadana en forma previa a la incorporación de tronaduras en la operación minera. “Es importante precisar que la decisión adoptada no cuestiona la calidad de los estudios que formaron parte de la evaluación ambiental, los que en su oportunidad fueron calificados favorablemente por los organismos técnicos competentes. La Compañía se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana y posteriormente implementar tronaduras como método complementario en la extracción de estéril”.

 

Afecta cumplimiento

 

En esta materia, el gerente Sustentabilidad y Gestión de Mina Invierno, Patricio Alvarado, explicó que “tomando en consideración que el programa de producción de 2017 consideraba el inicio de las tronaduras a partir de abril, esta decisión puede afectar el cumplimiento de este programa y su incidencia dependerá del tiempo que tome obtener una nueva resolución de calificación ambiental que permita la incorporación de tronaduras a la operación”.

 

CPC: “Mina Invierno es un proyecto impecable

 

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su presidente regional, Alejandro Kusanovic Glusevic, expuso su preocupación por los efectos que tendrá en las proyecciones productivas de Mina Invierno, el fallo judicial que deja nula la autorización para realizar tronaduras de baja carga para remoción de estéril, con el propósito de abrir un proceso de participación ciudadana.

El ejecutivo sostuvo que si bien el sector privado no se opone a la participación ciudadana en la evaluación ambiental de los proyectos, ésta debe darse en forma ordenada, dentro de los procedimientos establecidos por la ley. “No puede ser que a un proyecto que está aprobado por todos los organismos técnicos que corresponden, se le impida desarrollarse. Esto afecta a la economía y le genera un alto nivel de incertidumbre a la explotación de carbón en Magallanes”, dijo.

Asimismo, relevó el hecho de que la minera brinda empleo a más de 1.000 personas, “a lo que debe adicionarse la contratación de servicios en la zona, y ha invertido U$650 millones, con un alto estándar en la calidad de producción y en el desarrollo de sus trabajadores. Mina Invierno es un proyecto impecable, es un lujo para nuestra región, no podemos torpedear sus esfuerzos por ser más eficientes”, finalizó el presidente regional de CPC.

 

Interpretación ilegal del

reglamento por parte del Sea

 

Es preciso recordar que Alerta Isla Riesco afirmó tiempo atrás, que el proyecto de Mina Invierno, desde sus inicios pretendió incorporar tronaduras y que sin embargo, durante su Estudio de Impacto Ambiental la firma modificó este hecho, aprobándose un proyecto “que no contemplaba ese método, mucho más contaminante. Pasados unos años, presentó una modificación al proyecto mediante Declaración de Impacto Ambiental (Dia), incorporando las tronaduras. Para efectos de este nuevo proceso, organizaciones sociales y personas de Magallanes solicitaron participación ciudadana, cuestión que fue denegada por el Servicio de Evaluación Ambiental (Sea). Para la Corte Suprema, es evidente que esto significó una ilegalidad en su tramitación y por eso hoy obliga a retrotraer todo el proceso a su etapa inicial”.

Para la agrupación, este fallo constituye un hito, ya que se reconoce que al evaluar la existencia de cargas ambientales para la determinación de la procedencia de la Participación Ciudadana en la evaluación de Declaraciones de Impacto Ambiental, deben considerarse primordialmente la externalidades negativas de los proyectos, y que éstas deben sometidas a observación por parte de la comunidad.

Tal punto fue respaldado por el coordinador de Litigios de la ONG Fima, Diego Lillo, quien indicó que actualmente existe un gran número de proyectos con cargas ambientales en los que el Sea no otorga participación, a pesar de existir solicitudes que cumplen los requisitos exigidos por la ley. Ello, indicó, “debido a una interpretación ilegal del Reglamento, que sostenidamente ha realizado dicho órgano. La Corte hoy corrige esta situación en un proyecto en que las externalidades negativas son de gran magnitud y expresamente reconocidas tanto por el Sea como la empresa durante todo el juicio”. Y concluyó: “vuelve a primar la Constitución y el sentido común. El sistema existente debe ser uno en que conviven y se complementan los procedimientos ante el Tribunal Ambiental y el recurso de protección, considerando que este último es el que resguarda el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, añadió.