Colombiano acusado de daños a BancoEstado quedó en libertad
A diferencia de lo que planteaba la Fiscalía, y por lo cual pedía una pena de 5 años de presidio, para los jueces no resultó acreditada la acción del imputado de querer dañar un Monumento Nacional, además porque no hay señalética que así lo indique.
El único detenido y acusado por los graves daños que el año pasado sufrió el BancoEstado, un edificio declarado Monumento Nacional, recuperó la libertad después de pasar un año preso en la cárcel de Punta Arenas.
En el marco del estallido social, la tarde del domingo 20 de octubre de 2019, hubo manifestaciones y desmanes que terminaron con la casi totalidad de los ventanales del banco quebrados y computadores destruidos.
Pese a que fue una turba la que emprendió las acciones, la Policía de Investigaciones solamente logró la detención de una persona de nacionalidad colombiana, Anderson Rayo Andrade, producto de un control de identidad preventivo ejercido dos días antes de su captura y luego reconoció su participación, aseverando que el aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad y que las prendas de vestir con las que aparecía en el video estaban en un vehículo, entregando los datos de su ubicación.
Este antecedente la justicia lo consideró relevante para reconocerle que colaboró con la investigación. Atenuante que jugó a su favor a la hora de establecer la condena y modo de cumplimiento.
Acusado
El fiscal Felipe Aguirre Pallavicini condujo la investigación y lo terminó llevando a juicio oral, donde pidió que el ciudadano extranjero fuera condenado a 5 años de presidio por “daños a un Monumento Nacional”; y a una segunda pena de 541 días por “desórdenes públicos”.
Sin embargo, el abogado defensor, José Miguel Navarrete, pidió la absolución de su representado.
Finalmente los jueces Jovita Soto y Julio Alvarez recalificaron la acusación y condenaron sólo por daños simples.
A los magistrados no les resultó acreditada la acción dolosa del imputado de querer dañar un Monumento Nacional, “por falta de conocimiento acerca de la naturaleza del objeto dañado”.
Para los jueces el acusado es un joven de nacionalidad colombiana, que llevaba poco tiempo viviendo en Punta Arenas, en una situación socio económica precaria, mantenía sus pertenencias en un vehículo abandonado, “sumado a que en la Plaza Muñoz Gamero y en los edificios que enfrentan las esquinas, entre ellos el BancoEstado, no existen señaléticas informando que dicha edificación es un Monumentos Nacional en la categoría de zona típica”.
Voto disidente
No obstante lo anterior, está el voto disidente del juez Jaime Alvarez Astete, que fue del parecer de condenar con la agravante de cometer el delito con ocasión de conmoción popular, en relación a un Monumento Nacional, producidos en un contexto claro y evidente, público y notorio, de conmoción pública, “que incluso tiene nombre y se ha dado en llamar estallido social, donde los mismos registros de video dan cuenta de esta aglomeración de personas en las calles, con alteración del orden público, instalación de barricadas en la calle, incluso con quema de elementos combustibles y en procura de un desorden generalizado, lo que a juicio del suscrito, configura la causal de agravación de cometer el hecho con ocasión de una conmoción popular”.
Irreprochable conducta
El tribunal no acogió la atenuante de irreprochable conducta anterior, como lo pedía la defensa, porque el acusado registra una condena de 61 días de presido, por hechos ocurridos el 11 de octubre de 2019. Además tiene condenas como adolescente.
Una de 2018 del Juzgado de Garantía de Concepción, por hurto simple. Otra del Juzgado de Garantía de Talcahuano, por daños simples. Y una del Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor de hurto simple. Y una por porte de arma blanca, del tribunal penquista.
Libertad
En el caso BancoEstado, el tribunal terminó sentenciando ayer a 200 días de presidio a Anderson Rayo Andrade, por daños simples y 100 días por desórdenes públicos.
El defensor Navarrete pidió dar por cumplida la pena, ya que su cliente lleva más de un año preso así que los jueces le otorgaron la libertad.
Y hasta que el fallo quede ejecutoriado el condenado quedó con arraigo regional y firma quincenal en Carabineros.
En esta causa actuaron como querellantes los abogados Jaime Cárdenas Oyarzo, por el BancoEstado y Catalina Solís Ruiz por la intendencia.
