En dos etapas se realizará la reubicación de los habitantes de la toma Lautaro y Villa Las Etnias. En las próximas semanas comenzará el traslado de los pobladores de la toma Lautaro y, antes de fin de año, continuará con los de Villa Las Etnias, proceso de desocupación que el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, calificó, en conversación con La Prensa Austral, como de mayor complejidad.

Guajardo precisó que la toma Lautaro desaparecerá por completo y que las 37 familias serán reubicadas a través de programas internos del ministerio. Aclaró que “no implica, en ningún caso, que nosotros vamos a entregar una solución habitacional” y que el objetivo principal es recuperar el jardín infantil Juan Ruiz Mancilla y el Centro Comunitario de Salud Familiar Sandra Vargas.

La reubicación no se realizará de un día para otro ni se utilizará maquinaria, sino que será un proceso paulatino. En los próximos días comenzará el traslado de las primeras 16 familias que viven en las inmediaciones del centro médico y del jardín infantil cerrado. “Esto no es un trabajo que nosotros vayamos a realizar con maquinaria ni vamos a demoler las casas. Eso también quiero aclararlo”, indicó.

Estos cierres perimetrales comenzarán a levantarse una vez que las 37 familias hayan abandonado el lugar.

La duración de la reubicación también estará sujeta a las condiciones climáticas, aunque se espera que el proceso finalice lo antes posible.

Solución transitoria

Al ser consultado sobre cuál será la solución transitoria para estas familias, Guajardo declaró que esos son antecedentes que manejarán de manera interna y que, por acuerdo con las personas de la toma, no entregarán mayor información.

“Todo lo relacionado con la toma ya está conversado por los equipos del Serviu con las personas”, afirmó Rodolfo Guajardo. Sobre las posibilidades de que los pobladores de este asentamiento puedan acceder a soluciones habitacionales, el seremi advirtió que algunos no podrán optar a beneficios porque no están institucionalizados, mientras que otros son extranjeros, varios de ellos con situación migratoria irregular.

“Las personas pueden estar postulando a un subsidio, sí, pero van a tener que ponerse a la fila, tal como todas las demás personas”, expresó Guajardo.

Sobre cuánto costará reubicar a estas personas, el seremi señaló que los montos se informarán una vez que “tengamos la solución completa”. Añadió que el cierre perimetral de los terrenos correrá por cuenta de los propietarios de estos predios. “Hay que señalar que, una vez que esto ya esté regulado por la Ley de Asentamientos, las personas no estarán facultadas para tomarse un terreno, porque se pasará del ámbito civil al penal”, recordó.

La toma Lautaro se encuentra emplazada en terrenos de propiedad de la constructora Salfa y del exintendente Mario Maturana. La ocupación ilegal de estos predios comenzó en 2016.

Guajardo señaló que, una vez reubicados los habitantes de la toma Lautaro, se continuará con el traslado de las familias de Villa Las Etnias, precisando que el plazo fatal es antes de fin de año. Este último asentamiento irregular se encuentra emplazado en terrenos de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Tomas las Etnias

Guajardo señaló que se trata de una situación distinta a la de la toma Lautaro, por lo que cada caso será evaluado de manera particular. Explicó que, al emplazarse en un bien nacional de uso público, la Delegación Presidencial solicitará en su momento el desalojo del asentamiento, otorgando previamente un plazo prudente para que las familias puedan retirar sus viviendas y pertenencias antes de concretar el procedimiento.

Consultado sobre si los habitantes de Villa Las Etnias accederán a soluciones transitorias, indicó que esa decisión se adoptará de acuerdo con el mérito de cada caso, ya que ambas tomas presentan realidades diferentes. Precisó que, además de la condición jurídica del terreno, las viviendas de ese asentamiento tienen características constructivas distintas a las existentes en la toma Lautaro, lo que obliga a abordar el proceso de manera diferenciada.

Un 10% de las personas controladas en las tomas presenta situación migratoria irregular

En base a los distintos operativos desarrollados por la secretaría regional ministerial de Seguridad Pública y efectivos policiales en los sectores de las tomas Las Etnias y Lautaro, se ha establecido que cerca de un 10% de las personas fiscalizadas presenta situación migratoria irregular, cifra confirmada por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, en conversación con La Prensa Austral. Estos datos forman parte del diagnóstico con el que la autoridad trabaja de cara al plan interagencial que resguardará la próxima reubicación de las familias del lugar.

Según explicó el seremi Ronald López, este porcentaje se ha ido construyendo a partir de la sistematización de los diferentes operativos realizados en las tomas, los cuales son liderados por la unidad de Migraciones de la Policía de Investigaciones, con apoyo de Carabineros.

El seremi precisó que la cifra no es fija, sino que varía en cada control, ya que la composición de las familias presentes en el sector cambia según el horario en que se efectúan las fiscalizaciones. “Si usted ve en la mañana, lo más probable es que encuentre a un grupo objetivo; al mediodía, otro”, explicó, para graficar por qué los resultados de cada operativo no son homologables entre sí.

López detalló que, si bien existe un número de extranjeros en las tomas, no todos presentan irregularidad y que, cuando se detectan casos de personas -extranjeras o nacionales- con alguna situación irregular, se inician los actos administrativos de regularización correspondientes o se cursan las denuncias que procedan según cada situación.

Este diagnóstico se enmarca en el plan de carácter interagencial que la seremi de Seguridad coordina junto a otras reparticiones del Estado, entre ellas las carteras de Vivienda y Desarrollo Social, de cara a la próxima reubicación de las familias de la toma Lautaro.

Desde el ámbito de la seguridad, el plan contempla dos ejes centrales: la coordinación permanente con la Fiscalía respecto de todo hecho delictual detectado en el sector, y el despliegue de presencia policial durante la jornada de reubicación, para resguardar tanto a los equipos de las distintas reparticiones como a los propios pobladores que serán trasladados a los lugares previamente definidos.

López remarcó que el objetivo del plan es que la reubicación de las familias se desarrolle en un ambiente de “completa normalidad” y seguridad, en momentos en que persisten inquietudes vecinales sobre el proceso, y luego de que las tomas fueran escenario de un ataque a pedradas contra Bomberos que dejó ocho voluntarios lesionados durante el combate de un incendio estructural el fin de semana.