• La madre de la adolescente denunció que su hija estuvo con contenciones mecánicas por más de 48 horas.La directora del Servicio de Salud Magallanes reconoció una brecha regional en tratamiento de adicciones.

Lucas Ulloa Intveen

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Tiene 15 años. Está internada en el Hospital Clínico por orden de un tribunal. Lleva días en el cuarto piso, en una sala de medicina de adultos, sin el tratamiento de rehabilitación que ordenó el juez. Y mientras su madre agota instancias para que alguien defina qué va a pasar con ella, las instituciones involucradas se turnan para explicar por qué la decisión le corresponde a otra.

La situación de esta adolescente es el centro de una controversia que este medio pudo reconstruir a partir de tres fuentes directas: el testimonio de su madre, una entrevista con la subdirectora médica del Hospital Clínico, doctora Francisca Sanfuentes, y declaraciones de la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez. Los tres relatos confluyen en un mismo diagnóstico: el sistema no tiene respuesta oportuna para estos casos, y mientras no la tenga, es la paciente quien paga el costo.

Su arribo al hospital

El 27 de marzo pasado, un tribunal ordenó la internación de la adolescente para desintoxicación previa a su derivación a un centro de rehabilitación. Tiene diagnóstico de trastorno límite de personalidad, historial de consumo de drogas y causas penales en curso. La familia había intentado durante meses distintas vías de tratamiento -terapia dialéctico conductual online, programas ambulatorios, médicos privados- sin lograr sostener ninguna. El 31 de marzo, cuatro días después de la orden judicial, la menor aún seguía en su hogar. Se emitió una orden de búsqueda. La noche del 1 de abril, PDI y Samu llegaron al domicilio. Su madre la esperó dormida antes de contarle lo que iba a ocurrir.

“Le dije: hay una orden del juez que dice que tienes que hospitalizarte”, relata. La menor accedió. Llegaron al hospital pasadas las cuatro de la mañana del jueves 2 de abril. Lo que siguió fue una noche de crisis aguda -la adolescente había consumido múltiples sustancias la noche anterior- que escaló rápidamente en urgencias.

Las contenciones

La madre describe una secuencia que incluye traslados entre boxes, intentos de fuga, agresiones y, finalmente, la aplicación de contenciones mecánicas en pies y manos. Dice que su hija permaneció así durante más de 48 horas, con marcas visibles en brazos y pies. Las fotografías que compartió con La Prensa Austral así lo muestran.

La subdirectora médica Francisca Sanfuentes confirma el uso de las contenciones, aunque matiza su duración. “Mientras se lograba la contención farmacológica, y ante el riesgo de agresiones o de lesiones para ella y para otros, fue necesario tener esta contención física”, explica. Y agrega que existen protocolos “súper estrictos y precisos” que regulan en qué condiciones, por cuánto tiempo y cómo se supervisan. “Mal podría haber estado en forma permanente porque la paciente salió a fumar entremedio, se le dio permiso a acompañar”, señala.

La madre no lo recuerda así. La contradicción entre ambas versiones sobre la duración de las contenciones es un punto que este medio no pudo resolver con la información disponible.

Lo que sí está fuera de discusión es que la menor terminó en una sala de adultos -Pediatría se negó a recibirla, según la madre- y que allí permaneció los días siguientes. Sanfuentes lo explica como una consecuencia inevitable de la saturación del sistema: la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (UHCIP) del hospital lleva meses con su capacidad superada, lo que obliga a hospitalizar a estos pacientes en servicios de medicina general mientras se genera un cupo. “Hemos generado estrategias y capacitaciones para que los equipos de sala encuentren las herramientas para atender de mejor manera a estos pacientes”, dice.

El guardia que se rió

Durante el ingreso, mientras la menor estaba en crisis en el pasillo de urgencias, su madre se topó con lo que describe como una escena que no puede olvidar: el jefe de turno de los guardias de seguridad del hospital, rodeado de personal, comentando la situación de su hija entre risas. “Le dije: ella tiene problemas de salud mental, tiene 15 años, y tú estás hablando como si esto fuera chistoso. Esto es una tragedia para nosotros”, relata.

Consultada al respecto, Sanfuentes fue directa: “No tengo información de esa situación y no está planteada en el reclamo que nos llegó”.

“El hospital no
es una residencia”

Días después de su ingreso, la adolescente sigue en el cuarto piso. No está en la UHCIP. No tiene el tratamiento de rehabilitación que ordenó el tribunal. Está siendo medicada y evaluada periódicamente por el equipo de psiquiatría del hospital, pero sin un plan de derivación con fecha.

Sanfuentes pone en palabras lo que la situación implica con una claridad que sorprende: “El hospital no es una residencia. Es un centro terapéutico para casos graves y agudos. Tener hospitalizados a pacientes por motivos sociales, judiciales o de otro tipo es una ilegalidad. Estamos vulnerando sus derechos”.

Y sobre el plazo de derivación, la respuesta es igual de dramática: “Puede ser de cinco días hasta seis meses, y ojalá no hasta un año, como son los casos anteriores”. Porque ya hubo casos anteriores. Sanfuentes menciona un paciente derivado desde Natales que vivió más de un año hospitalizado en el establecimiento porque no tenía dónde ir. Sólo cuando el Servicio de Protección Especializada generó una residencia se pudo dar el alta.

Esta semana, además, no fue un caso aislado. “Tuvimos cuatro casos similares en una semana”, revela Sanfuentes, describiendo agresiones a funcionarios, daños a infraestructura y la necesidad de recurrir a Carabineros para contención. El hospital enfrenta una demanda de hospitalización psiquiátrica que lleva años creciendo, especialmente en el segmento infantojuvenil, sin que la oferta de camas haya crecido al mismo ritmo.

La pelota que
nadie sostiene

La madre de la adolescente lo describe con frustración acumulada: el hospital dice que la derivación no le corresponde a él sino al tribunal y a los servicios de protección. El programa ambulatorio no tiene capacidad 24/7. Senda fue oficiada sin plazo. El tribunal ordenó pero no fijó fecha. Nadie tiene la respuesta, y mientras tanto su hija espera.

Sanfuentes confirma esa lectura desde el lado institucional. La derivación a un centro de rehabilitación, dice, “no es por un problema de salud que no se pueda manejar acá” -por lo tanto no es una derivación médica del hospital, sino una medida judicial que debe gestionar el tribunal en coordinación con los servicios correspondientes. “Nunca ha sido una derivación del sector salud”, afirma.

La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, reconoce la brecha sin rodeos: “Tenemos una brecha local reconocida para tratamiento de adicciones. El consumo de sustancias ha aumentado en todo nivel etario y en todo estrato social. Es algo que reconocemos que hay que reforzar”. Yáñez se reunió esta semana con el nuevo seremi de Seguridad Pública para coordinar medidas de resguardo en el hospital -botones de pánico, capacitaciones a guardias, eventual retorno de un punto fijo de carabineros en el establecimiento. Son medidas de contención del síntoma, no del problema de fondo- .

Sanfuentes, por su parte, tiene reunión a nivel de tribunales programada para mañana. Lleva meses en mesas de trabajo con el Poder Judicial, el SSM, la seremi de Salud y los servicios de protección. El objetivo, dice, es que los tribunales dejen de ordenar internaciones hospitalarias para pacientes que clínicamente no las requieren. “Es lo que esperamos lograr acá”, admite.

Mientras eso ocurre, la adolescente sigue en el cuarto piso.