“Lo que la Armada de Chile está haciendo es la traición de su misión principal, que es servir a la gente y al ecosistema, y no a las empresas privadas”. Así lo afirmó Lamya Essemlali, la activista francesa que desde el puente del buque Bandero lidera la campaña Krill Wars de la Fundación Capitán Paul Watson- en entrevista con La Prensa Austral, el único medio chileno con el que habló tras el enfrentamiento del 4 de abril en el estrecho de Bransfield. Essemlali tiene 46 años, es de origen marroquí y lleva dos décadas en el activismo ambiental marino. Fundó Sea Shepherd Francia junto a Paul Watson en 2006. Hoy comanda el Bandero, un buque de 64 metros que integró una patrulla pesquera japonés y que la Fundación adquirió de forma encubierta al gobierno de Japón en 2024. Desde ese barco, su tripulación de 19 personas lleva semanas enfrentando a la flota pesquera industrial de krill en aguas antárticas -y el 4 de abril protagonizó un choque de seis horas con el pesquero noruego Antarctic Endurance, que terminó con la nave huyendo con su sistema de identificación automática (AIS) apagado, tras la intervención de la Armada de Chile con el remolcador Lientur. Chile no tiene jurisdicción La presencia de la Armada en ese enfrentamiento es precisamente lo que Essemlali cuestiona con mayor dureza. “No reconocemos la jurisdicción de la Armada de Chile en estas aguas. Son aguas internacionales. Hay tres países que claman tener jurisdicción - Chile es uno de ellos- pero ninguno ha sido validado”, afirma. Y va más lejos: “Eligieron el lado de las empresas privadas que están jugando con el fuego en la Antártica y nos están evitando alertar al mundo de lo que están haciendo”. Desde el punto de vista jurídico, la posición de Essemlali tiene base real, aunque incompleta. El reclamo soberano chileno sobre el sector existe -el territorio chileno antártico abarca el área entre los meridianos 53° y 90° oeste- pero está congelado por el Artículo IV del Tratado Antártico de 1959, que suspende todos los reclamos territoriales sin extinguirlos. En la práctica, ningún Estado tiene soberanía reconocida internacionalmente sobre esas aguas. La Armada justificó su intervención en el marco de la CCAMLR y el Sistema del Tratado Antártico, pero la tensión jurídica de fondo permanece sin resolución. “No tienen derechos policiales. CCAMLR es una organización científica que da regulaciones a la industria de pesca de krill. Regulaciones que son débiles, que carecen de principios básicos de escala. También desafiamos la ciencia de la CCAMLR, que no es completa, es sesgada”, plantea Essemlali. “La Armada chilena no tiene jurisdicción para abordar nuestro barco. Cuando hablan de “medidas adicionales”, no sabemos a qué se refieren. Estamos preparados para cualquier cosa”, agrega. El gobierno de Kast El nuevo gobierno chileno, en funciones desde el 11 de marzo y que ha declarado una postura soberana firme sobre la Antártica como uno de sus ejes de política exterior, tampoco escapa al juicio de la activista. “Parece que tienen una agenda política en declarar la soberanía sobre las aguas antárticas, no por buenas razones, porque usan esos argumentos para proteger los intereses de las empresas privadas en lugar de proteger la integridad del ecosistema y el derecho de las generaciones futuras”, dice Essemlali. Su diagnóstico es directo: “Estamos preocupados de que siguen una agenda política personal y poco ética que no va en los intereses de la gente de Chile.” La colisión fue deliberada Sobre los hechos del 31 de marzo -cuando el Bandero chocó al pesquero Antarctic Sea de Aker BioMarine, empresa que calificó el incidente como un “ataque deliberado”- Essemlali desmiente la versión que la propia Fundación había entregado a Reuters, donde calificó el choque de “colisión accidental”. “La colisión no fue un accidente. Fue deliberada, pensada de una manera que no causara ningún daño”, dice sin rodeos. “Lo hicimos para enviar un mensaje fuerte.” Aker BioMarine ha anunciado acciones legales. La respuesta de Essemlali es desafiante: “Si hay repercusiones legales, tomamos esa oportunidad para ganar más atención y traer más luz pública sobre el tema. Si hay un juicio, también será el juicio de Aker por estar en la Antártica y hacer lo que están haciendo.” El mensaje para Punta Arenas Consultada específicamente por los habitantes de Punta Arenas -la ciudad que Chile considera su puerta de entrada a la Antártica y cuya identidad está profundamente ligada a esas aguas- Essemlali es enfática: “La Armada chilena debería estar trabajando en proteger el área por el bien de la gente, y no intervenir para proteger los intereses privados de Noruega o cualquier otra empresa que haga beneficios en la Antártica”. “Les diría a la gente de Punta Arenas que estamos luchando por la integridad del ecosistema y de la gente. Los magallánicos deberían preocuparse e involucrarse en lo que está sucediendo en el área, porque es un lugar muy sensible”, agrega la activista.

Dos atractivos espectáculos deportivos se llevarán a cabo este fin de semana para celebrar los 75 años de la Constructora Salfa en nuestra región. Cosal, club que se identifica con la empresa desde hace varias décadas, cuando precisamente llevaba el nombre de Salfa, será protagonista de la celebración con un equipo de referentes que marcaron toda una época defendiendo la camiseta de la institución. Al frente estará un elenco de ex profesionales de Universidad de Chile, con un equipo integrado por varios de sus históricos campeones y que en el último tiempo vienen realizando presentaciones en diversas zonas del país. Ahora será el turno de nuestra región, pues los azules enfrentarán a Cosal por partida doble: primero este viernes 10 en Puerto Natales a partir de las 19 horas en el estadio municipal “Víctor Bórquez Miranda” y el sábado 11 en el estadio Fiscal de Punta Arenas desde las 18,00. El club “constructor”, organizador del espectáculo, tendrá en sus filas a los siguientes jugadores, según el listado que dio a conocer Nelson Martínez, ex jugador, actual presidente del club y quien oficiará como técnico junto a Manuel Cárdenas: Eduardo Cárcamo, Danilo Muñoz, Angel Bahamóndez, Osvaldo Andrade, José Hernández, Jaime Vega, Miguel Aguirre, Cristián Serón, Nolasco Cárdenas, Christian González, Nelson Velásquez, Mauricio Tecay, Pablo Tecay, Julio Cruz, Juan Carlos Alvarado, Ramón Tangol, Robert Mansilla, Rodrigo Bórquez, Héctor Calbún, Misael Almonacid, Wildo González, Víctor Arriaza, Cristián Prat y Luis Mayorga. “Algunos van al partido en Natales y se complementarán con jugadores pertenecientes a los clubes Bories, Mineros, Cuyul y Esmeralda”, comentó Martínez, detallando que por parte de la capital de Ultima Esperanza dirán presente Mauricio Vílchez, José Vera, Daniel Henríquez, Heriberto Chavol, Jorge Alarcón, Fredy Torres, Iván Vargas, Pablo Aguilar y Charly Tureuna. Consignar que por lesiones no podrán estar Patricio Pinto, Sebastián Espinoza y Miguel Miranda. NÓMINA AZUL Mientras tanto, en la nómina que dieron a conocer los organizadores para la visita de la “U” a nuestra región resaltan el puntarenense Mauricio Aros, Luis Musrri, José “Pepe” Rojas, Matías Rodríguez, Sergio “Superman” Vargas, Pedro “Heidi” González, Héctor “Galleta” Suazo, Marco Estrada, Angel Rojas, Waldo Ponce, Nelson Pinto, Manuel “Caté” Ibarra, Rodrigo Barrera y Horacio Rivas, entre otros. Varios de ellos ya han enviado sus saludos a través de las redes sociales del club, invitado a los magallánicos para que asistan a los partidos. “El 10 y 11 de abril estaremos por allá compartiendo con todos ustedes en una hermosa fiesta junto al club deportivo Cosal”, expresó “Pepe” Rojas, uno de los campeones de la Copa Sudamericana 2011. Las entradas están a la venta en la plataforma Toliv a un valor de 10 mil pesos general, en tanto los niños hasta 10 años de edad pagarán 5 mil.

Aunque la temporada alta de turismo 2025-2026 dejó un flujo sostenido de visitantes, el turismo en Punta Arenas evidenció una baja en comparación con años anteriores, marcada principalmente por la disminución en la llegada de cruceros. De acuerdo con el balance entregado por el municipio, las cifras se sitúan un 11% por debajo de la temporada pasada y un 32% menos en relación con 2019. Esta caída se explica, en gran parte, por una reducción cercana al 20% en las recaladas de cruceros, un segmento que impacta directamente en el comercio, la gastronomía y los servicios locales. El alcalde Claudio Radonich se refirió a este escenario, señalando que “si comparamos con 2019, estamos un 32% más abajo. Y respecto de la temporada pasada, un 11% menos”, agregando que la disminución de cruceros “es clave, porque son visitantes que consumen en la ciudad, aunque no pernocten”. Pese a este contexto, más de 18 mil personas visitaron el Centro de Información Turística entre octubre y marzo, con una mayoría de turistas extranjeros. A los mercados tradicionales como Estados Unidos, Alemania y Francia, se sumaron visitantes de países menos habituales, muchos de ellos en tránsito hacia la Antártica. En cuanto a las preferencias, el profesional de la Unidad de Turismo, Iván Torres, explicó que “los visitantes muestran especial interés por circuitos patrimoniales, museos y también por experiencias de naturaleza, como navegación y avistamiento de fauna”. Críticas a la dirección de Sernatur El alcalde Radonich también cuestionó duramente la gestión de la dirección regional de Sernatur, encabezada por Víctor Román León, calificándola como “muy mala” e “inexistente”. La autoridad comunal afirmó que la estrategia de promoción no ha estado enfocada en las particularidades de Punta Arenas. “Creo que no se ha puesto foco en lo importante, como es nuestra ciudad. Se siguen líneas nacionales, cuando lo que necesitamos es diferenciarnos”, sostuvo. En esa línea, enfatizó el rol estratégico del territorio. “Nuestra ciudad es la principal puerta de entrada a la Antártica por vía aérea y marítima, por lo tanto, el enfoque debe ser antártico y complementarse con otros destinos de la región”, indicó. Asimismo, cuestionó la falta de presencia institucional en la promoción turística local. “No se notó la diferencia si Sernatur estuvo trabajando directamente en la promoción del turismo aquí en Punta Arenas”, señaló. Finalmente, el jefe comunal planteó que más allá de nombres, el problema radica en la visión del sector. “Las personas a cargo deben estar vinculadas con el mundo del turismo. No veo un esfuerzo por tener una promoción directa de nuestra ciudad”, concluyó.

Un aumento sostenido en las consultas y atenciones a personas migrantes se ha registrado en Punta Arenas durante los últimos meses, de acuerdo con los antecedentes recopilados por la oficina local del Instituto Católico Chileno de Migraciones (Incami), dependiente de la Diócesis de Punta Arenas. El organismo, que cumple seis años de presencia en la región, ha debido enfrentar un escenario marcado por el incremento de casos vinculados a la irregularidad migratoria y a las limitaciones normativas que enfrentan quienes buscan regularizar su situación. Según explicó la trabajadora social y asesora en trámites migratorios, Vanessa Guerrero Reyes, en los últimos seis meses se han contabilizado 1.015 atenciones, reflejando una demanda creciente por orientación. Este crecimiento se evidencia también en la evolución de las consultas: mientras entre enero y marzo del año pasado alcanzaban aproximadamente 120, en el mismo periodo actual ya suman 314, más que duplicando la cifra anterior. El alza se observa con mayor fuerza en los casos de personas que ingresaron al país por pasos no habilitados. Durante el periodo comprendido entre enero y agosto del año pasado se registraron 86 consultas asociadas a este tipo de ingreso, cifra que aumentó a 185 desde septiembre en adelante. En paralelo, también se ha detectado un incremento en personas en situación irregular que ingresaron como turistas, pasando de 212 a cerca de 230 en periodos comparables, aunque en una proporción menor. En este escenario, desde Incami advierten sobre los tiempos y restricciones que rigen los procesos migratorios. Guerrero indicó que, en los casos en que una persona cumple con los requisitos establecidos, la aprobación para iniciar el trámite de obtención de la cédula chilena puede tardar aproximadamente un año, tanto para quienes se encuentran dentro del país como para quienes realizan el proceso desde el extranjero. Sin embargo, precisó que las personas que ingresan por pasos no habilitados no pueden regularizar su situación ni acceder a una visa bajo la normativa vigente, lo que complejiza aún más su condición.

Vanessa Monge, bióloga en bioprocesos y estudiante de magíster en la Universidad de Magallanes, fue seleccionada a nivel nacional e internacional para participar en un curso de química analítica organizado por la OPAQ (Organización para la Prohibición de Armas Químicas) en su centro en Países Bajos, donde se capacitó en el análisis de la saxitoxina, una toxina marina considerada arma química. Monge es encargada del Laboratorio de Marea Roja del Centro Internacional Cabo de Hornos (Chic) en Puerto Williams, donde trabaja con el doctor Máximo Frangopulos en la detección de toxinas marinas y floraciones algales nocivas. “La saxitoxina es la toxina paralizante de molusco. Esta molécula es considerada un arma química, está dentro de la convención que categoriza todos los posibles compuestos químicos considerados armas químicas”, afirmó Monge. La científica aclaró conceptos sobre la marea roja. “El fenómeno se llama floraciones algales nocivas. La marea roja no es roja, ni tampoco es marea, pero sí son proliferaciones gigantescas de microalgas que pueden o no sintetizar toxinas”, señaló. “Estas toxinas son sintetizadas por el fitoplancton, las microalgas. Los moluscos se alimentan de fitoplancton, entonces pueden acumular toxinas, y después las personas cuando comen estos moluscos contaminados pueden tener intoxicaciones”, detalló. “La saxitoxina bloquea los canales de sodio, lo cual hace que los síntomas en una intoxicación sean parálisis facial, hormigueo, y en concentraciones muy elevadas puede llegar a la muerte porque puede detener el corazón”, explicó. El curso “Basic Analytical Chemistry Course for Women Chemists” (Curso básico de química analítica para mujeres químicas) reunió a científicas de Chile, Brasil, Argentina, Zimbabue, Tanzania, Kenia, Armenia y Jordania. “Fue una capacitación en cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas y en cromatografía gaseosa. Nos enseñaron cómo se preparan las muestras, cómo se ocupa el equipo, cómo se trabajan los datos. Nos explicaron cómo funciona la OPAQ a nivel mundial y las misiones internacionales para mitigación de armas químicas”, relató. En enero se inauguró el equipamiento del Laboratorio de Marea Roja en Puerto Williams. “Nuestra proyección es aspirar a la acreditación para funcionar como laboratorio de referencia de salud pública, porque acá no existe un laboratorio de la seremi de Salud”, señaló. “No vamos a usar bioensayo de ratón, que es la técnica biológica más común. En vez de eso, vamos a ocupar técnicas de química analítica, como la cromatografía líquida”, agregó. Monge destacó que la OPAQ ofrece programas de capacitación, proyectos de investigación y donación de equipamiento. “Hay harta cooperación que se puede hacer y harta oportunidad para el desarrollo de lo que hacemos aquí”, concluyó.

Cuatro comunas de Magallanes figuran entre las diez municipalidades con mayor gasto per cápita en celebraciones durante 2024 y 2025, encabezadas por Río Verde con $981.871 por habitante, la cifra más alta de Chile, según reveló el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 de la Contraloría General de la República. El informe, que analizó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades, identificó gastos totales por más de $31.034 millones en órdenes de compra asociadas a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante el periodo. Río Verde gastó $100.150.869 para sus 102 habitantes, lo que representa un gasto per cápita 108 veces superior al promedio nacional de $9.064. Le siguen en la comuna de Laguna Blanca con $154.081 per cápita (cuarto lugar nacional), Torres del Paine con $105.109 (quinto lugar) y San Gregorio con $37.637 (séptimo lugar). El documento detalla que el 39% del gasto nacional se destinó a producción de eventos y servicios asociados como arriendo de equipos de sonido, baños químicos y catering, alcanzando $12.095 millones. A nivel país, el Día Internacional de la Mujer concentró el mayor gasto con $4.447 millones, seguido por Día de las Infancias ($3.682 millones) y Día del Adulto Mayor ($2.698 millones). El informe identificó gastos en celebraciones como Día de la Trashumancia, Día de la Sonrisa, Día de las Mascotas y Día del Profesional, entre otras, por $136 millones. Contraloría detectó casos donde municipios gastaron más en celebraciones que en asistencia social a personas naturales. En 2024, Alto Hospicio, Arica y Pozo Almonte presentaron diferencias superiores a $90 millones entre ambos ítems. El informe recordó que la Ley N°18.695 establece que los gastos municipales deben relacionarse directamente con las funciones propias del municipio y orientarse al beneficio de la comunidad local, respetando los principios de eficiencia y economicidad. Asimismo, el Dictamen N°16.903 de 2017 señala que el gasto en celebraciones debe constituir un medio para cumplir objetivos municipales y no un fin en sí mismo. Contraloría dispondrá fiscalizaciones y exámenes de cuentas a los municipios que no cumplan la normativa o presenten gastos en celebraciones superiores al gasto social y al promedio nacional.

La Casa Blanca desmintió este martes cualquier insinuación sobre el uso de armas nucleares contra Irán, en medio de la creciente tensión tras el ultimátum impuesto por el presidente Donald Trump a Teherán. La aclaración surge luego de interpretaciones a declaraciones del vicepresidente JD Vance sobre eventuales opciones militares. A través de su cuenta oficial de respuesta rápida, la administración estadounidense negó categóricamente que Vance haya sugerido el uso de armamento nuclear. “Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el vicepresidente ‘insinúa’ tal cosa”, señalaron, en respuesta a publicaciones que vinculaban sus dichos con una posible escalada atómica. La polémica se produce en un contexto de alta presión diplomática, luego de que Trump advirtiera que “toda una civilización morirá” si Irán no responde antes del plazo fijado para permitir la apertura del estrecho de Ormuz. El mandatario aseguró no desear ese escenario, aunque lo consideró probable. En la misma línea, Vance sostuvo que Washington dispone de herramientas que “hasta ahora” no han sido utilizadas, reforzando la advertencia de eventuales acciones si no hay cambios en la postura iraní. Entre las amenazas mencionadas por Estados Unidos figura la posible destrucción de infraestructura clave como puentes y centrales eléctricas. Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria elevó el tono y advirtió que cualquier ataque tendrá consecuencias más allá de la región. El organismo aseguró que responderá contra infraestructuras de Estados Unidos y sus aliados, comprometiendo el suministro energético global. Así, el cruce de amenazas mantiene en alerta a la comunidad internacional ante un eventual agravamiento del conflicto.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que todo Irán podría ser “sacado” este martes al expirar el plazo que impuso para que la república islámica reabra la vía fluvial clave del estrecho de Ormuz. “El país entero podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana por la noche (por hoy)”, dijo Trump en una conferencia de prensa este lunes. En tanto, ratificó el ultimátum dirigido al régimen para llegar a un acuerdo: “Tenemos un plan que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos, que todas las centrales eléctricas quedarán fuera de servicio”. “Y todo eso se hará en cuatro horas, si queremos”, añadió, en alusión al plazo que vence a las 20H00 (00H00 GMT del miércoles) para que Irán acepte sus condiciones. Medios estatales iraníes informaron que Teherán ha rechazado la propuesta, calificándola de iniciativa estadounidense. Se indicó que varias naciones buscan una solución diplomática tras 38 días de conflicto. Durante la comparecencia, Trump detalló la operación militar ejecutada para rescatar a dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes en territorio iraní. El Presidente indicó que en la operación participaron más de 170 aeronaves militares estadounidenses, incluyendo 21 aeronaves para recuperar al primer tripulante y 155 en la segunda misión, que permitió extraer al copiloto. Las aeronaves incluyeron cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna y 13 aeronaves de rescate. Trump precisó que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos para evitar que la tecnología cayera en manos iraníes. Trump relató que el copiloto, herido, escaló en la montaña mientras trataba sus heridas y utilizó el dispositivo para transmitir su ubicación a las fuerzas estadounidenses, lo que permitió coordinar el rescate. El operativo se realizó bajo fuego enemigo, sin bajas estadounidenses, en lo que el Mandatario calificó como una demostración de “habilidad y precisión, letalidad y fuerza” de las Fuerzas Armadas. Aumento del volumen de ataque Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anticipó que el volumen de ataques estadounidenses contra Irán aumentará este martes, superando el nivel observado el primer día de la operación. Trump, acompañado de altos asesores de seguridad nacional, insistió en que Estados Unidos dejará “sin puentes ni centrales eléctricas” a Irán si no se alcanza un acuerdo antes del plazo señalado. El Presidente expresó que cree que Irán está negociando “de buena fe” para llegar a un acuerdo antes de que venza el ultimátum. Consultado sobre la posibilidad de que la población iraní se levante contra el régimen, Trump opinó que “deberían hacerlo” y adelantó que las consecuencias serían “grandes”. Añadió que, según interceptaciones, ciudadanos iraníes estarían pidiendo más ataques contra el gobierno de Teherán. Sobre el papel de las fuerzas kurdas en el conflicto, Trump manifestó su preferencia por que se mantengan al margen. El Mandatario destacó que la decisión de extender el plazo hasta este martes se tomó para “ser una buena persona” tras el domingo de Pascua, pero reiteró que, una vez vencido, Irán enfrentará “la edad de piedra”, en alusión a la destrucción de infraestructuras esenciales. Infobae TRUMP

De acuerdo a la Contraloría de la República, los municipios gastarona nivel nacional más de $31 mil millones en festejos entre 2024 y 2025. Un millonario gasto en celebraciones detectó la Contraloría General de la República, organismo que tras revisar la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades detectó que entre 2024 y 2025 se gastaron más de $31 mil millones en compras asociadas a festejos. De acuerdo a lo indicado por la Contraloría, en varios casos, las municipalidades gastaron más recursos en celebraciones que en ayudas sociales, luego de analizar órdenes de compra e información de Mercado Público y los registros presupuestarios municipales a través de la plataforma Sicogen. En el análisis, no se incluyeron gastos de corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal como Fiestas Patrias. Más celebraciones que ayuda social En el reporte de la Contraloría, que fue publicado en su sitio web, se determinó que en 2024, los municipios de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte “registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social a personas naturales. En 2025, esta situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica”. El documento agregó que en 2024, un total de 118 municipios superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones. Mientras, en 2025, lo hicieron 104 entidades edilicias, superando un promedio de $38 millones por comuna. Un 39% del gasto total se destinó a la producción de eventos y a servicios asociados, tales como arriendo de equipos de sonido, baños químicos y servicios de catering. Esto equivale a más de $12.095 millones. Entre los ítems con mayor gasto se encuentran actividades asociadas a fechas como Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre, entre otras conmemoraciones. Adicionalmente, se identificaron gastos asociados a ocasiones particulares, como Día de la Trashumancia, Día del Juego, Día del Artesano, Día del Artista Local, Día del Circo, Día del Payador, Día del Químico Farmacéutico, Día de la Amistad, Día de la Cuidadora, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, Día de la Solidaridad, Día de las Mascotas, Día de “los que pasamos agosto”, Día de Pascua, Día del Perro, Día del Profesional, Día del Títere y Día del Rock, por un total de $136.489.150. Gasto promedio nacional De acuerdo al informe de Contraloría, el gasto promedio nacional por persona en celebraciones alcanzó los $9.064, la cifra es superada ampliamente por comunas como Río Verde ($981.871), Sierra Gorda ($201.964), Camarones ($198.915), Laguna Blanca ($154.081) y Torres del Paine ($105.109), que presentan los mayores niveles de gasto per cápita a nivel país. Además, 11 municipalidades registraron gastos acumulados en celebraciones que superan los $360 millones en el período analizado, entre ellas, Alto Hospicio, Arica, Pozo Almonte, Victoria, Teno y Melipilla, concentrando los mayores montos a nivel nacional. Publimetro

El Gobierno de José Antonio Kast decidió desestimar la realización de una auditoría externa internacional al Estado, una de sus principales promesas de campaña, argumentando restricciones presupuestarias. La decisión fue confirmada por la Subsecretaría General de la Presidencia, que indicó que la licitación fue cancelada debido a la estrechez fiscal. Durante la campaña, el Ejecutivo había comprometido una revisión profunda de ministerios, servicios públicos y empresas estatales con apoyo de auditoras internacionales, con el objetivo de detectar irregularidades, sobreprecios y eventuales redes de operadores políticos. Además, se había planteado la publicación íntegra de los resultados y la implementación de medidas correctivas. Pese a descartar el proceso externo, el Gobierno ya inició una auditoría interna. El pasado 20 de marzo se instruyó a los servicios públicos entregar, en un plazo de 17 días, información detallada sobre el uso de recursos fiscales entre 2025 y marzo de 2026. El proceso es liderado por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, encabezado por la subsecretaria Constanza Castillo, junto a autoridades de Interior y Hacienda. La instancia busca elaborar un diagnóstico del estado financiero del aparato público. Desde el Ejecutivo aseguran que la revisión se realizará con rapidez y transparencia, aunque la decisión de descartar la auditoría internacional marca un giro respecto de los compromisos iniciales del programa de gobierno.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó que el Gobierno mantendrá la solicitud de renuncia a la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, una vez que concluya su licencia médica. “Es una decisión fundada”, afirmó la secretaria de Estado, subrayando que la medida responde a diferencias en la gestión de la cartera. Desde el Ejecutivo indicaron que la solicitud se basa en discrepancias sobre la conducción de programas y su financiamiento, aunque no descartaron eventuales sumarios u otras acciones administrativas, las que están siendo evaluadas por la subsecretaría correspondiente. Desde el entorno de la directora, en tanto, se ha planteado que su eventual salida no estaría vinculada a aspectos administrativos, sino que debe analizarse considerando su estado de salud. No obstante, desde el servicio señalaron que no existe información oficial sobre su situación. La controversia se produce en la antesala de la comparecencia de Marín ante la Comisión de la Mujer del Senado, instancia en la que deberá explicar los fundamentos de la decisión y abordar el estado de la agenda legislativa de la cartera. Con información de Biobío

La defensa de Galvarino Apablaza confirmó que el exfrentista no se entregará voluntariamente a la justicia, en medio de su condición de prófugo en Argentina. La situación ha incrementado las dudas sobre su ubicación, luego de que la policía intentara localizarlo sin éxito en al menos cuatro domicilios. El abogado del Estado de Chile en el caso, Gustavo Gené, señaló que las responsabilidades por la fuga deben ser abordadas por las autoridades argentinas, que tenían a su cargo el control del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El jurista lleva más de dos décadas trabajando en el proceso de extradición iniciado durante el gobierno de Ricardo Lagos. Desde el ámbito político, el senador Iván Moreira sostuvo que la defensa conoce el paradero de Apablaza, mientras que Javier Macaya apuntó a una serie de “malas coincidencias” en el proceso. En tanto, el diputado Juan Valenzuela criticó al Gobierno por el manejo del caso. La defensa aún evalúa una última acción judicial para frenar la extradición, mediante un recurso ante tribunales argentinos que podría revisar nuevamente su estatus de refugiado, beneficio que fue retirado recientemente por la administración de Javier Milei. El caso suma un nuevo capítulo de incertidumbre en un proceso que se extiende por más de 20 años y que continúa sin una resolución definitiva. Con información de Biobío

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la ampliación de la detención de dos exfuncionarios de Carabineros de Chile, imputados por un presunto delito de violación contra una mujer mayor de edad. La medida se extenderá hasta el próximo miércoles, con el objetivo de reunir nuevos antecedentes en la investigación. Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del sábado, en el contexto de un procedimiento policial que derivó en la fiscalización de la víctima. Posteriormente, la mujer acudió junto a familiares a un centro de salud para constatar lesiones, instancia en la que se activó la denuncia. La fiscal Soledad Díaz explicó que se están realizando diligencias clave, como revisión de cámaras, toma de declaraciones y recopilación de pruebas para esclarecer la dinámica de los hechos. De los imputados, uno es señalado como autor del delito, mientras el segundo habría participado en calidad de encubridor. Durante el control de detención, la defensa no se opuso a la ampliación del plazo, argumentando la necesidad de acceder a la carpeta investigativa. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, otorgando 72 horas adicionales para avanzar en la indagatoria. Ambos exuniformados permanecen bajo custodia y serán trasladados a un módulo especial del centro penitenciario de Valparaíso, destinado a resguardar su seguridad. En paralelo, la institución policial confirmó la desvinculación de los involucrados y el inicio de un sumario administrativo, en medio de un caso que genera alta conmoción y cuestionamientos sobre los protocolos durante procedimientos policiales. Con información de Emol

El gremio de Pescadores Industriales del Biobío denunció la venta de conservas de caballa etiquetadas como jurel por parte de cinco marcas comercializadas en el país, solicitando a la autoridad sanitaria la apertura de un sumario por presunto engaño al consumidor. La acción fue presentada ante la Seremi de Salud Metropolitana e involucra a las marcas San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deyco y Misol. Según el gremio, los productos se venden en supermercados y canales mayoristas como jurel, pese a que corresponderían a otra especie. La denuncia se basa en cinco informes elaborados por la Universidad de Chile, los que concluyeron que el contenido de las latas analizadas corresponde a caballa. Desde el sector pesquero advirtieron que esta práctica no sería aislada, sino parte de un patrón detectado previamente en el mercado. La presidenta del gremio, Macarena Cepeda, sostuvo que ya en 2025 se habían ingresado denuncias similares, que derivaron en sanciones y advertencias, por lo que esperan que en este caso se adopten medidas equivalentes. A su juicio, se trata de una práctica que afecta la confianza de los consumidores y genera competencia desleal para la industria nacional. Asimismo, alertaron que este tipo de irregularidades —como la sustitución de especies, etiquetado engañoso y ocultamiento del origen— se ha expandido a nivel internacional, lo que obliga a reforzar los controles en la cadena de comercialización. Desde el gremio recalcaron que Chile, y particularmente la Región del Biobío, ha construido una reputación en la producción de alimentos del mar, la que podría verse afectada por estas prácticas. En ese contexto, hicieron un llamado a los consumidores a revisar el origen de los productos y preferir aquellos que identifiquen claramente su procedencia nacional. La autoridad sanitaria deberá ahora evaluar los antecedentes y determinar eventuales sanciones, en un caso que vuelve a instalar el debate sobre la fiscalización y trazabilidad de los productos del mar en el país. Con información de Biobío.