Una dura disputa vendrá próximamente cuando algunos piensen en que, por el alto índice de vacunación en la población de Magallanes, se pueda avanzar en flexibilizar las medidas y pueda ser la ciudad piloto para el turismo como lo planteó en Santiago el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Un informado lector señalaba que antes de dar ese paso hay que completar la vacunación en los niños y llegar al cien por ciento de la población. “No vaya a ser que después empiecen a llegar los santiaguinos y quizás varios de ellos sin vacunarse”, decía el lector.  Sin embargo, hay que pensar en positivo, acotaba otro interlocutor, porque se supone que hay que insistir en el autocuidado y derribar el mito del temor instalado a nivel general.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, anunció la apertura de la convocatoria 2022 del Fondo de Fomento del Arte en la Educación, iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento de procesos de formación artística y programas de educación en artes para niñas, niños, y jóvenes en edad escolar y fomentar la incorporación de los enfoques socioculturales como contenido relevante para el desarrollo de procesos de educación artística. El fondo que gestiona que el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura, cuenta con un total de $550 millones para el financiamiento total o parcial de proyectos orientados al desarrollo de procesos formativos y pedagógicos vinculados a las artes, tanto en el sistema formal como no formal de educación. Esto, a través del apoyo al fortalecimiento curricular de las instituciones, la formación permanente de los equipos pedagógicos y a procesos formativos de estudiantes con capacidades y aptitudes sobresalientes mediante la modalidad Talentos Artísticos. La convocatoria considera un financiamiento máximo de $10.000.000 por proyecto, salvo en la modalidad Talentos Artísticos cuyo límite por proyecto es de $5.000.000. Fae 2022 recibirá postulaciones hasta las 17 horas del viernes 30 de julio de 2021. Las bases están disponibles en https://www.fondosdecultura.cl. De manera complementaria el Ministerio de las Culturas, organizará encuentros virtuales a través del Facebook de la Semana de la Educación Artística para dar a conocer las bases y explicar dudas relacionadas a ellas, además de activar procesos formativos vinculados a la elaboración de proyectos. Estos encuentros se informarán oportunamente por los medios digitales del Ministerio de las Culturas y de la Semana de la Educación Artística.

Haciendo gala de su mejor acento británico, el concejal Juan Pablo Draguicevic compartió en el Concejo Municipal la denuncia de un vecino durante los días de “Cyber Day” (campaña de venta online). Esta daba cuenta que, dentro de las ofertas de Latam, “si uno pagaba un adicional, que no era menor, tenía la posibilidad de ir con el asiento de al lado vacío. Y me parece que si estamos hablando de protocolos de seguridad no podemos estar vendiendo seguridad al mejor postor”, expuso, coincidiendo los ediles en que bajo ese concepto de venta alguien podría pagar por todos los asientos y viajar solo.

- Especialista advierte de vulneración de derechos fundamentales de pacientes, que están sin tratamientos y sin controles. Acusando al Servicio de Salud Magallanes de tratar de mantener una normalidad que es falsa, el psiquiatra Juan Vukusich, quien se encuentra suspendido de sus funciones, advirtió de la delicada situación en que se encuentran sus pacientes y acusa que se han vulnerado los derechos fundamentales. Así el especialista se sumó a los reclamos planteados por pacientes respecto de la falta de horas y los problemas en la tramitación de sus licencias por la falta de atención. “Es indispensable que se termine con la suspensión que me impide atender a los pacientes de Miraflores y a las urgencias”, comentó el especialista, quien acusó que se han contratado médicos generales para “hacer creer” que la situación está controlada, lo cual no es efectivo. “Se pretende engañar a la población porque uno de los médicos que ya no trabaja en Miraflores atendía entre 60 y 80 pacientes en control, esos pacientes van a ser atendidos por médicos generales… En Natales, están sin supervisión y la situación es muy compleja. El médico encargado de Natales llamó al colega que subroga, pero no le han contestado ni el teléfono”, apuntó el especialista. Asimismo, el psiquiatra comentó que hay 70 pacientes en lista de espera para psiquiatra, a los que hay que sumar a los que eran pacientes que se quedaron sin médico psiquiatra y esos son al menos 500, además de los que ni siquiera están en lista de espera. “Recibo por lo menos cuatro o cinco llamadas de personas que necesitan una atención que no les puedo dar, no todos han podido hacer su receta y hay algunos pacientes que eran atendidos por mí y que los están derivando a la atención primaria. Lo cual es una tremenda desconsideración y muchos no quieren cambiar a su médico tratante”, dijo el especialista. Agregó que la atención en el centro penitenciario está sin psiquiatra al menos hace tres semanas y que hay un aumento importante de la demanda de urgencia en el Hospital Clínico de Magallanes. “Yo atendía al menos 50 pacientes nuevos al mes, algunos los atendía vía remota y otros en Miraflores y los de urgencias que no están en la lista de espera”, acotó. Cabe recordar que la suspensión de Vukusich es parte de las facultades de la fiscal para evitar que interfiera en la indagatoria. “La investigación es del 2017 al 2012, han pasado varios años y no hay posibilidad de influir o de afectar la investigación, que, por lo demás, lleva dos años… Lo que están tratando de hacer es culpar a todos quienes estábamos en salud mental, por los convenios en el club de pacientes en los cuales no tenemos ninguna implicancia administrativa”, afirmó Vukusich. Señaló que es muy probable que el Servicio de Salud Magallanes estuviera en conocimiento de la suspensión mucho antes de que se informara de la medida, con lo que hay una violación de secreto sumario. “Aunque no hayan conocido los detalles, sabían que iba a ser suspendido porque una semana antes comenzaron a buscar reemplazo y, cuando lo tenían más o menos arreglado, se produjo la suspensión”, explicó el médico, quien acusó hostigamiento, pues, a pesar de que son siete los investigados -unos con cargos más graves- sólo tres fueron suspendidos. “Espero que se haga justicia y que terminen los actos corruptos de hostigamiento, pero en este momento lo que importa es que entiendan que es una situación que afecta a mucha gente y que la suspensión no se justifica. No está bien que quienes estaban con atención de especialidad sean atendidos por médicos generales por muy buenos médicos que sean. La atención secundaria implica la atención de especialistas y eso no está ocurriendo para un grupo muy importante de personas. Es un parche para mostrar que todo está normal, pero no está normal. Se han tomado medidas arbitrarias e injustas, absurdas y fuera de la legalidad que afecta a pacientes que tenían atención de especialista”, dijo. Ante la falta de opciones aumentaron notoriamente, las consultas al servicio de urgencia de salud mental. “He intentado atender a algunas personas en mi consulta privada, a aquellos que no han querido ir al hospital o que están en una situación muy crítica, incluso a personas de urgencia, pero ellos necesitan sus medicamentos”, dijo. En tierra de nadie El especialista explica que tuvo una paciente que necesitaba que le dieran al menos sus medicamentos y estuvo esperando por horas una respuesta. “Me llamó cuando llevaba casi cuatro horas esperando, es una insensibilidad tremenda”, indicó. Recordó que en otra oportunidad, el jefe de urgencias del Hospital Clínico, que no sabía de la suspensión, lo llamó para que ayude en la evaluación de una paciente que podía requerir hospitalización en psiquiatría. “Le indiqué que era necesaria su hospitalización y me comuniqué con la enfermera de turno para informarle y asegurar que existía una cama disponible, a lo que me dijo que sí. Minutos después, me llama el jefe de urgencias porque la enfermera le informa que no puede recibir a la paciente porque estoy suspendido y no podía dar esa indicación. Esto es un nuevo maltrato tanto a la paciente como al jefe de urgencias y a mí”, comentó.

Hasta el Retén Fronterizo de Carabineros de Puerto Toro, el más austral del territorio nacional, llegó el prefecto de Magallanes, coronel Edgardo Flores Rubio, cumpliendo con una inspección y visita anual. Compartió con el personal de las distintas unidades y destacamentos fronterizos de la región, todos dependientes de la Prefectura de Magallanes. Se destacó la especial colaboración de la Armada de Chile, quienes hicieron posible que el oficial pudiera visitar la Cuarta Comisaría de Puerto Williams, y sus destacamentos dependientes como la Tenencia Fronteriza Yendegaia y Puerto Toro.

El abogado Leopoldo Llanos Lagos juró como juez interino del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas, cargo que dejó vacante Jovita Soto Maldonado, al acogerse a retiro. Egresado de Derecho de la Universidad de Concepción, desde 2020 era titular en el Juzgado de Garantía de Los Angeles. Ingresó al Poder Judicial en febrero de 2007 ocupando distintos cargos interinos en tribunales de las jurisdicciones de San Miguel, Concepción, Temuco, Coyhaique y Puerto Montt. Es además académico de la escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción en la cátedra de Derecho a la Información. Respecto a su nueva designación, manifestó estar muy motivado por incorporarse a un tribunal de juicio oral reformado. “Me permite tener la experiencia de valorar la prueba de modo aquilatado, reflexivo y con mayores argumentos”, dijo. Es hijo del actual ministro de la Corte Suprema Leopoldo Llanos Sagristá, quien ingresó a este tribunal en diciembre de 2019. Puerto Williams El abogado Ricardo Herrera Castillo asumió como secretario del juzgado de Letras y Garantía, además de notario, conservador, archivero judicial y receptor oficial de la comuna de Cabo de Hornos. El lunes pasado, apenas llegó a esa localidad del sur de Chile por vía marítima prestó juramento en sus nuevas funciones. Es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, doctor en derecho civil con énfasis en las personas y máster en economía y gestión para abogados por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con cursos de especialización en diversas materias de la administración de justicia, entre ellas litigación penal y actualizaciones en familia y civil. En otras áreas de su desempeño laboral, fue vicedecano y director de la carrera de Derecho de la sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile, además de profesor titular de las cátedras de derecho tributario y derecho comercial.  Desde 2014 es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Talca. “Es un agrado contar con un abogado de vasta trayectoria, incorporándose al Poder Judicial para acompañarnos en este largo camino”, destacó el juez titular Bernardo Toro. Mientras que Herrera manifestó su satisfacción de incorporarse al tribunal austral. “Entiendo este puesto como una oportunidad de hacer soberanía en un lugar tan apartado y solitario, lo que me motiva a cumplir de la mejor manera posible”.

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que se han vacunado un total de 11.412.131 personas contra el Covid-19, de las cuales 8.991.704 completaron su esquema de vacunación. Paris señaló que un 76,4% de la población objetivo (15.200.840) se ha vacunado con primera dosis y dosis única, y un 59,2% se ha vacunado con segunda dosis. De acuerdo con los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de Salud, hasta el viernes 11, hasta las 21,58 horas, se inmunizaron 171.749 personas, de las cuales, 3.776 corresponden a dosis única, 77.413 son primera dosis y 90.560 con segunda dosis. Además, se detalló que 3.110.504 personas mayores de 60 años y más han participado en la campaña. Respecto al género, el 52,5% de los inoculados corresponde a mujeres y el 47,4% a hombres. En otro aspecto, se precisó que el viernes se vacunaron 32.441 personas contra la Influenza, totalizando a la fecha 5.372.547 inoculados. El ministro Paris detalló también que durante la próxima semana llegará al país un millón de vacunas Sinovac y otro cargamento de 450 mil dosis de Pfizer-BioNTech. Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, reforzó el llamado a vacunarse contra el Covid-19 y aseguró que “los rezagados están en las poblaciones menores entre 23 y 39 años, cifra que asciende, como dijimos, a 427 mil personas (en total)”. “Es muy importante señalar que en la última semana esta cifra se redujo prácticamente a la mitad. En cuanto a las Unidades de Cuidados Intensivos, el 84% de los pacientes que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos no ha completado su esquema”, acotó la autoridad sanitaria. “Vale decir, sólo el 16% de aquellos que ingresa tiene sus dos dosis”, puntualizó Dougnac.

- Candidato comunista señaló que esto lo hará para que “nunca más” se pongan “a disposición de un gobierno extranjero para poder derrocar a su propio gobierno”. El precandidato presidencial del Partico Comunista, Daniel Jadue, señaló que pedirá un estatuto de garantía a la DC y al Ejército, donde se comprometan “a no ponerse a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno”. Estas declaraciones las realizó en su programa semanal de Facebook “Una conversación sin maquillaje”, donde sostuvo: “Yo voy a pedir un estatuto de garantía a la DC y a los militares”. “Creo que todo Chile está esperando que todos los partidos políticos de Chile y el Ejército se comprometan a varias cosas. Primero, a nunca más ponerse a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno”, indicó Jadue. “Eso es alta traición, es traición a la patria”, fustigó el alcalde de Recoleta, y agregó que “me voy a comprometer con el Ejército a algo que es súper relevante: nunca más hacer lo que ha hecho la derecha y el centro chileno de pedirle al Ejército que cuando no somos capaces de resolver los problemas políticos dentro del sistema político, les decimos que salgan a masacrar a nuestro pueblo”. “Lamentablemente tenemos un Ejército que ha participado en muchas más masacres que en guerras para defender el país y más que defender la soberanía nacional, lo que ha defendido es un modelo socioeconómico y una clase dentro del país”, concluyó. Estatuto de garantía La historia del estatuto de garantía que mencionó Jadue en su programa de Facebook, data de 1970. En ese entonces, luego de la elección presidencial, los partidos agrupados en la Unidad Popular tuvieron conversaciones con la dirigencia de la DC, porque Salvador Allende, con un 36,6% de los votos, necesitaba el apoyo de la DC para que, con sus votos en el Congreso, fuera elegido Presidente. Una de las condiciones del partido fue el impulso de un Estatuto de Garantías Democráticas, lo que en la práctica trató de una serie de disposiciones para hacer efectivas distintas garantías constitucionales. Fue así, como a cambio la DC ratificó con sus votos el 24 de octubre de 1970 a Allende como Presidente ante el Congreso. Responde la DC El diputado Gabriel Silber (DC) señaló que es la autoridad comunal el que debe dar las garantías de que no replicará las dictaduras que ha instaurado el PC en otros países. “Las palabras de Jadue aparte de instalar veneno e instalar odio entre los chilenos, a nuestro juicio son como el ladrón detrás del juez: si hay alguien que debe dar garantías en su candidatura a la presidencia de la república, es Daniel Jadue en su condición de candidato comunista”, señaló Silber. “Existen numerosos ejemplos de países donde dicho partido termina persiguiendo a las minorías, instalando dictaduras o avalando la violación sistemática de los derechos humanos. En consecuencia, esperamos que Daniel Jadue separe aguas con claridad de lo que ha sido el PC históricamente en el mundo respecto de su proyecto en Chile”. Mientras que su par Matías Walker indicó que “no vamos a aceptar que el candidato del Partido Comunista venga a ofender a la Democracia Cristiana y a su historia, el mismo candidato del partido que votó en contra del proceso constituyente y ahora quiere desconocer las reglas del juego. El mismo Daniel Jadue que ha apoyado públicamente a dictaduras, que persiguen a los opositores, ahora pretende pedirle garantías a la Democracia Cristiana. Daniel Jadue usted es un candidato derrotado, porque ni siquiera va a pasar a la segunda vuelta, porque usted es una persona desquiciada”. Moreira: “Jadue no tiene autoridad” El senador Iván Moreira (Udi) sostuvo que Jadue busca “polarizar el país y de hostigar peligrosamente a las Fuerzas Armadas de Chile”, con su campaña y que, a su juicio, “él no tiene autoridad moral para indicar con el dedo a las Fuerzas Armadas de Chile, vamos a ganarle democráticamente en las urnas, pero no podemos aceptar que con este discurso de polarización junto a su nueva alianza con La Lista del Pueblo pretendan desestabilizar al país”. Y agregó que “hacemos un llamado a la Democracia Cristiana, al centro del país, a no dejarse engañar”.

Controversia generó la denuncia realizada por la familia del fallecido profesor Nibaldo Villegas, que acusó que Johanna Hernández, ex esposa del docente y quien junto a Francisco Silva fue condenada por el crimen, ha recibido más de $1 millón por concepto de pagos del Bono Familiar de Emergencia (Ife) y otros beneficios estatales. Esto, en desmedro de la familia de Villegas, que actualmente está a cargo del cuidado de su hija. “De hecho mi hermano tenía derecho al Bono Sae y cuando mi sobrino fue a cobrarlo le dijeron que debía tener hecha la posesión efectiva”, precisó Edson Villegas, hermano del profesor, a La Estrella de Valparaíso. Al respecto habló la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, quien explicó por qué Hernández ha recibido estos bonos pese a que se encuentra recluida, condenada a presidio perpetuo calificado por el delito de parricidio . “Entendemos la molestia que provoca este caso, pero efectivamente el Ingreso Familiar de Emergencia Universal no tiene inhabilidades para ser recibido por las personas. El único requisito que se solicita es estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH)”, señaló la autoridad. No obstante, aclaró que ya conversó con la familia de Villegas, para que la niña que está bajo su cuidado sea agregada a su RSH y puedan obtener el bono. “Hemos tomado contacto en este caso en particular don Edson y su familia, para que efectivamente la menor que está a su cuidado y él tiene a su tutela pueda ser incorporada en su Registro Social de Hogares y así el beneficio le llegue efectivamente a la familia”, subrayó. Según el diario La Estrella de Valparaíso, entre julio de 2020 hasta el pasado 8 de junio la autora del crimen de Nibaldo Villegas ha recibido en total de 1.305.000 pesos en bonos. Todo esto gracias al Registro Social de Hogares, donde ella figura como titular.

La División de Microtráfico Cero de la Policía de Investigaciones (PDI), en compañía de la Bricrim de la Prefectura Metropolitana Centro Norte, logró desbaratar a dos sofisticados laboratorios clandestinos de droga que eran utilizados para el abultamiento y procesamiento de sustancias ilícitas (cocaína principalmente). La droga llegaba en su estado más puro desde Bolivia por pasos no habilitados por medio de “burreros”, quienes llegaban a los dos laboratorios que están ubicados en la comuna de Puente Alto e Independencia, en la Región Metropolitana. En dichos laboratorios se abultaba la droga para finalmente ser dosificada y vendida a los compradores. De haber logrado el objetivo por parte de los detenidos, se habrían obtenido alrededor de 200 kilos de drogas, con un valor aproximado de 900 millones de pesos, según señaló la PDI. El prefecto Leonel Fuentes, jefe de la Prefectura Metropolitana Centro Norte de la PDI relató el hecho al señalar que “Tres personas, dos de nacionalidad boliviana y un chileno, quienes poseían dos laboratorios: uno en la comuna de Independencia y uno en la comuna de Puente Alto”. “Laboratorios bastante completos, por cuanto ingresaban clorhidrato de cocaína desde Bolivia, la cual era procesada en estos laboratorios, abultada, convirtiéndola finalmente en cocaína base. Estamos hablando de sobre 130 mil dosis que se hubiera logrado con lo que se logró incautar. (La droga se avaluó) sobre 200 millones de pesos en el mercado informal”, añadió el funcionario. De los tres detenidos, el de nacionalidad chilena era el líder de esta banda de narcotráfico, mientras que uno de los dos bolivianos era el “cocinero”, quien es bastante conocido en el rubro y ya había estado en Chile con anterioridad, cuando fue detenido y deportado a su país. Este último sujeto volvió nuevamente a Chile, cometiendo este delito de tráfico de drogas.

El gobierno ha intentado expulsar a 16.581 extranjeros por haber ingresado de manera irregular a nuestro país desde el 2018, de las que ha concretado 1.401. Así lo señala un registro del Servicio Nacional de Migraciones, al que tuvo acceso La Tercera, que sostiene que los últimos inmigrantes expulsados regresaron a su país el 6 de junio, y son parte de las 321 personas -en su mayoría venezolanos- que el Ejecutivo ha deportado por razones administrativas en los primeros seis meses del año. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que “la figura del refugio apunta a darles protección especial a quienes tengan un fundado temor de ser perseguidos”, agregando: “Las personas que ingresan a nuestro país por pasos no habilitados no están en esa situación por regla general”. “Pese a que Venezuela vive hoy una crisis social, económica y de graves vulneraciones a los derechos humanos, lo que ha ocasionado la salida de aproximadamente cinco millones de sus ciudadanos, quienes ingresan a Chile generalmente no aducen por razones de persecución, sino que laborales”, apunto la autoridad de gobierno. “Muchas veces, incluso, declaran haber residido en países distintos de Venezuela por más de un año y medio. Es más, en la declaración que realizan los extranjeros ante la PDI se les pregunta si han sufrido persecución política para así darles resguardo de ser necesario”. Cabe señalar que, para concretar las expulsiones, el Estado ha desembolsado un total de $3.723.310.144 desde el año 2018 a la fecha, y sólo este año se han gastado 41,7 millones de pesos.

Walter Klug Rivera (70), quien está condenado en Chile por torturar, asesinar y hacer desaparecer a detenidos en diferentes centros de detención en el Biobío cuando era teniente del Ejército, fue detenido este sábado en Buenos Aires, Argentina, luego de haberse fugado hace algunos días hacia el país trasandino. Se trata de un coronel en retiro, quien fue condenado por delitos de violaciones a los derechos humanos por el asesinato de 23 trabajadores de dos centrales de la empresa Endesa durante aquel período. Walter Klug ya se había fugado en el año 2015, antes de cumplir su condena en la cárcel Punta Peuco por los delitos mencionados. El coronel (r) huyó hacia Argentina y posteriormente a Italia, país en donde fue extraditado a Chile en 2020. Ya en Chile, Walter Klug se preparaba para cumplir otra condena por el delito de secuestro ocurrido en 1973 en contra de Luis Cornejo -un estudiante que pertenecía a la Universidad de Concepción- cuando huyó hasta Argentina. Fueron representantes de la Agrupación de Derechos Humanos, Londres 38, quienes advirtieron a los organismos nacionales de justicia que Walter Klug no se encontraba en el país, a pesar de que mantenía arraigo nacional y firma mensual como medida cautelar. Debido a esta situación, hace unos pocos días se emitió una orden de detención internacional de la Interpol, con el fin de extraditarlo a Chile para que cumpliera su condena, situación que se concretó ayer al confirmarse la detención. “Walter Plough Rivera es detenido alrededor del mediodía en la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del hotel donde se hospedaba, un hotel muy sencillo que no llamaba mucho la atención. El había estado en otro hotel anteriormente y la Policía Federal Argentina le seguía los pasos”, detalló el prefecto Maximiliano Mac-Namara, jefe de Interpol Chile. “Efectivamente, él tenía previsto cambiarse de este hotel mañana (hoy domingo)”, aseguró el funcionario policial.

Hay luto en el municipio de Socha, en el oriente del Departamento de Boyacá, en Colombia,  luego de que ocurriera un accidente en una mina de carbón en la que quedaron atrapados 12 trabajadores, de los cuales sobrevivieron sólo tres, tras las labores de rescate que llevaron a cabo los organismos de emergencia. El siniestro ocurrió en la mina Santa Inés, que se ubica en el sector de Boche, cuando al parecer por una acumulación de gases, se produjera una explosión que provocó que los 12 mineros que estaban trabajando en el lugar quedaran atrapados. Ante la situación, la Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que cuando tuvieron conocimiento del hecho, activaron su protocolo de emergencias. “Una vez recibido el llamado de auxilio, la ANM activó el protocolo de atención de emergencias y realizó el desplazamiento de dos ingenieros, dos mecánicos y se convocaron a seis socorredores que ya se encuentran en el sitio para atender el accidente minero”, indicaron a esa hora desde la entidad. Posteriormente el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, Germán Bermúdez, informó que en el lugar también se encontraban apoyando las labores de rescate los organismos de emergencia. Así fue como se lograron rescatar con vida a tres de los trabajadores atrapados. Minutos después la misma entidad reportó el rescate de otros dos mineros, pero los hallaron sin vida. Pero la tragedia aumentó con el paso de las horas, luego de que fueran rescatados los cuerpos sin vida de los mineros restantes.

El partido Perú Libre, del candidato presidencial Pedro Castillo, tendrá la primera minoría en el Congreso peruano, al ocupar 37 de los 130 escaños de la cámara, confirmó este sábado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El organismo electoral publicó una resolución en el diario oficial El Peruano en la que oficializó la distribución del Congreso que entrará en funciones desde fines de julio próximo para cumplir el periodo legislativo 2021-2026. La información indicó que el izquierdista Perú Libre tendrá 37 representantes, al haber obtenido el 13,4% de los votos para el parlamento en las elecciones generales del pasado 11 de abril. La segunda bancada más numerosa será la del partido derechista Fuerza Popular, de la también candidata presidencial Keiko Fujimori, que ocupará 24 escaños, tras recibir 11,3% de los sufragios. Tras estas agrupaciones, cuyos candidatos disputaron la segunda vuelta presidencial el pasado 6 de junio y aún están a la espera de la proclamación oficial del ganador, tendrán 16 legisladores el partido de centro derecha Acción Popular y 15 el derechista Alianza para el Progreso. Los seguirán los también derechistas Renovación Popular, con 13 parlamentarios; Avanza País, con 7, y Podemos Perú, con 5, así como el izquierdista Juntos por el Perú, con 5, el centrista Somos Perú, con otros 5, y el liberal Partido Morado, con 3 legisladores. De esa manera, el próximo Congreso peruano estará integrado por representantes de diez partidos políticos, en su mayoría de derecha, que en conjunto sumarán 80 legisladores, frente a 50 representantes de partidos de izquierda y liberales. Recuento de votos El recuento oficial de votos ya da como ganador matemáticamente de las elecciones a su rival Pedro Castillo, que aventaja a Fujimori en unos 51.000 votos, un estrecho margen insalvable para la candidata de derechas a menos que le surtan efecto sus impugnaciones. Fujimori denuncia sin pruebas fehacientes un supuesto “fraude sistemático” cometido por su rival, y por ello ha intentado anular miles de votos en zonas andinas rurales donde Castillo ha tenido un apoyo aplastante. Sin embargo, las misiones de observaciones electorales de la Organización de Estados Americanos (Oea) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) destacaron que el proceso electoral fue correcto y exitoso, sin incidentes graves.