Personal de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo la madrugada de ayer a un sujeto que fue denunciado por el delito de violación en contra de una joven de 19 años. De acuerdo a los antecedentes policiales, el ultraje habría ocurrido la noche del jueves en un espacio público emplazado en el sector norponiente de Punta Arenas. El presunto autor fue identificado como Francisco Salazar Igor, quien compareció ayer en audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de la ciudad, donde fue formalizado por el fiscal Fernando Dobson. Según los antecedentes expuestos por el persecutor, los hechos ocurrieron pasadas las 20,30 horas del jueves, cuando la víctima, de iniciales S.A.S.F., de 19 años, se reunió con el imputado, quien la pasó a buscar al mall Espacio Urbano Pionero, ubicado en Avenida Frei, lugar en el cual ella trabaja. Tras salir del recinto comercial ambos caminaron hasta un sitio eriazo, en las proximidades de la tienda Homecenter Sodimac, donde ambos fumaron marihuana para luego comenzar a besarse. Según el relato del fiscal, luego de las caricias, el sujeto tomó de la cintura a la joven, arrimándola contra un muro y empleando fuerza procedió a efectuarle tocamientos que la víctima rechazó verbalmente, no obstante el individuo persistió despojándola de sus vestimentas para luego violarla, mientras ella le pedía que detuviera su acción. Ya cuando la afectada se encontraba llorando y rogándole que pusiera fin al ultraje, el victimario le hizo caso y le ofreció disculpas. Como consecuencia de lo ocurrido, la mujer sufrió lesiones compatibles a una agresión sexual reciente que fueron constatadas tras el examen sexológico practicado en el Hospital Clínico. Tras aquello, la víctima le contó lo sucedido a su familia, siendo su padre quien estampó la denuncia ante la PDI, quienes lograron dar con el domicilio del individuo en la población Archipiélago de Chiloé, donde finalmente fue detenido. Cabe señalar que ambos jóvenes no tenían una relación sentimental, sino que se habían conocido a inicios de abril en una fiesta, manteniendo el contacto mediante Instagram y otras redes sociales. Posteriormente, Saldivia Igor viajó a Valdivia y a su regreso se juntó con la joven, quien incluso le avisó a sus padres que un amigo iría a su casa. El fiscal Dobson le solicitó al magistrado Pablo Miño decretar la medida cautelar más gravosa, relatando el crudo testimonio de la víctima además de múltiples antecedentes que fueron suficientes para que el juez de Garantía resolviera enviar a la cárcel a Saldivia Igor, fijando un plazo de investigación de 70 días.

Respetando una antigua costumbre católica que prohíbe comer carnes rojas en Viernes Santo, cientos de magallánicos acudieron a pescaderías a adquirir productos del mar. La gran demanda generó varias filas largas de clientes que debieron esperar su turno para ser atendidos, como se aprecia en esta fotografía captada en Tabymar.

En plena marcha y con plazos definidos se encuentra actualmente el proceso correspondiente al llamado a licitación para quienes estén interesados en terrenos fiscales aptos para la ganadería y turismo en la isla de Tierra del Fuego. En total, son 7.924,82 hectáreas (ha) las destinadas para estos propósitos, equivalentes al 44,38% de las 17.858,43 ha definidas a nivel nacional. En el detalle, se trata de 7.873,31 ha para arriendo con destino de uso ganadero, en cuatro áreas que son: Lote 6 A, de la comuna de Cerro Sombrero, de 956 ha; Parcela X-1, de Porvenir, con 165,31 ha; Lote 11, ex estancia Bulnes, con 4.438 ha y Punta Catalina en Cerro Sombrero, con 2.314. Para estas el plazo de cierre de licitación es el martes de la próxima semana (30 de abril). En tanto, en el segmento de inmuebles para la venta, se contabilizan 51,51 ha, distribuidas en 18 lotes de 1 y 2,5 ha en río Azopardo que suman 33,64 ha, además de 8 lotes de entre 1,5 y 3 ha que totalizan 17,87 ha en el sector Caleta María. En este caso, el llamado a licitación se efectuará a fines de junio del presente año y la intención del Ministerio de Bienes Nacionales es mantenerlo por al menos ocho meses. Al respecto, la seremi del ramo, Francisca Rojas, indicó que se trata de dos instancias que son cruciales para avanzar hacia una mejor administración, de parte del ministerio, dado que en definitiva, postularán sólo aquellas personas realmente interesadas en este tipo de inmuebles. “Esto es de suma importancia, especialmente en el segundo conjunto de terrenos -inmuebles para la venta-, porque al haber varios meses de vigencia en el proceso, posibilitará la visita a dichos lugares, por parte de quienes deseen comprar. Hay que tener en cuenta que al ser lugares alejados, la gente pueda ir a visitar el lugar en temporada. Con estas acciones, la idea es aportar a la oferta turística de la comuna de Timaukel, cuyo municipio quiere estar presente, idealmente administrando uno o dos lotes”, refirió. La secretaria ministerial acotó que tras estas licitaciones existe un pleno sentido de la responsabilidad medioambiental, lo que se traduce en bases especialmente formuladas que incluirán ítems relacionados con el tratamiento de aguas servidas, el uso de energías renovables, puntos que serán considerados como relevantes dentro del proceso. Agregó que la apertura económica respectiva para las 51,51 ha involucradas en el segmento debiera darse a fines de febrero de 2020. Cabe recordar que el inicio del proceso, se dio a conocer en noviembre del año pasado y en el marco de la Semana del Territorio, donde el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, junto a la subsecretaria, Alejandra Bravo, detallaron las alternativas del denominado ‘Plan de Licitaciones de inmuebles fiscales 2018: Territorio Fiscal Aportando al Desarrollo Sostenible’, iniciativa que involucra la apertura de licitaciones públicas para 179 terrenos, esperando recaudar para el fisco cerca de US$51,2 millones en ventas y US$3,4 millones en rentas concesionales y de arrendamientos anuales. En tal contexto, la secretaria ministerial, Francisca Rojas, reiteró la importancia de que los terrenos que serán licitados permitirán el desarrollo de proyectos ganaderos en la zona norte de isla Tierra del Fuego y de conservación y turismo en su parte sur, todo esto con un plus para la cartera: el de incrementar los ingresos y, de paso, ayudar a solucionar problemáticas tales como el abigeato. En este caso, tenemos que recalcar que cuando se trata de terrenos fiscales, nosotros como Bienes Nacionales, no tenemos en general un marco presupuestario como para cuidar los cercos y eso ha redundado en que justamente estas superficies sean convertidas literalmente en ‘zonas de paso’, lo que esperamos revertir al darlos en administración”. Para quienes deseen conocer el listado de inmuebles que se ofrecen a nivel país, la cartera dispuso el sitio web http://licitaciones.bienes.cl.

Luego de que personal de la Sección de Investigación Policial (Sip) de Carabineros detuviera a una persona por su presunta autoría en un robo con intimidación que ocurrió en la bencinera Petrobras de Avenida Frei Nº314, pasadas las 14 horas de ayer el imputado debió comparecer en audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Si bien, en los hechos relatados por el fiscal Fernando Dobson se dio cuenta que el inculpado identificado como Luis Alberto Giglio Morales llegó en un automóvil marca Jac J4, cerca de las 2,30 horas del jueves hasta la mencionada estación de servicios, donde le solicitó a un trabajador del servicentro que le cargara 5 mil pesos de gasolina. Tras aquello, el acusado le entregó una tarjeta de crédito para pagar, no pudiendo materializarse la venta ya que no habría tenido saldo. Esto motivó una discusión entre ambas personas, ya que el bombero exigía el dinero, mientras que el sujeto no portaba efectivo, señalando que le pagaría luego y que dejaría en empeño algunas especies. El altercado subió de tono hasta que el imputado se ofuscó y se premunió de una llave francesa para comenzar una riña con el bombero, quien denunció la sustracción de 50 mil pesos desde una chaqueta. Tras ello, el automovilista emprendió la huida en dirección desconocida, quebrantando una sentencia impuesta en 2018, cuando fue condenado por conducir con una patente de otro vehículo, donde se le impuso la prohibición de manejar por cinco años. En este sentido, el persecutor le solicitó al magistrado Pablo Miño decretar la prisión preventiva exhibiendo un video que captó la situación. A esta medida se opuso férreamente el defensor Leonardo Vallejos, quien argumentó que en las imágenes no se observaba el robo de dinero denunciado, sino que únicamente se aprecia el forcejeo y la posterior riña, por lo cual pidió la libertad de su representado. El juez de Garantía no accedió a lo pedido por el fiscal, resolviendo decretar medidas cautelares de menor intensidad, tales como la prohibición absoluta de acercarse a la víctima y a su lugar de trabajo, como también el arraigo regional, dejando a Giglio Morales en libertad y fijando un plazo de 60 días para sustentar la investigación.

En franco despegue está la mirada estatal en lo que tiene que ver con los planes para potenciar el crecimiento en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Así lo dejó entrever esta semana el seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), José Miguel Horcos Guarachi, quien ve optimista las acciones del gobierno para respaldar la fase de crecimiento que está experimentando la zona y donde las variables a tener en cuenta no son pocas. Una de ellas concierne al plan regulador de la ciudad, el que se encuentra actualmente en revisión por parte de la Controlaría Regional, etapa a partir de la cual y con observaciones en mano la cartera podrá mapear sus tentativas de expansión habitacional. “Lo sustancial en esto es que corrimos los límites hacia el cerro Bandera en el sector poniente, hito que permitirá tener una expansión futura de la ciudad que bajo la modalidad actual no sería posible. Esto era realmente necesario porque hay cada vez más interés de las personas por habitar en Puerto Williams, donde hace años no se construía y ahora podemos advertir ya una demanda de por lo menos 80 personas que están en la lista de espera. Eso a la par nos hace tener que pensar en todas las condiciones de infraestructura que necesita la zona. En nuestra cartera tenemos alojados varios proyectos justamente en vialidad urbana, uno que está en funcionamiento para lo concerniente a pavimentación de las calles principales, que es algo esencial para esa zona y para lo cual invertimos más de $3 mil millones”. Más hectáreas, casas y mayores costos A la fecha, el ministerio ha dispuesto terrenos a la Egis municipal de Cabo de Hornos, para cubrir la demanda de 25 edificaciones nuevas. “Esto es parte del proyecto que denominamos ‘Macroinfraestructura en Puerto Williams”, para el que el Gore aprobó $170 millones para el estudio de suelo. Este nos permitirá conocer las alternativas de solución para construir incluso a futuro 167 nuevas viviendas en 16 hectáreas que son de nuestra propiedad. Ahí tenemos pensado disponer algunos instrumentos como el subsidio con sitio propio, pero eso se verá más adelante. De momento, el llamado a licitación será durante el segundo semestre de este año”. El personero indicó que la prevalencia constructiva será en base a los ya conocidos barrios integrados, de modo de permitir que personas de diversos niveles de ingresos puedan residir en una zona que es de alto costo cuando se trata de construir. “Las últimas casas construidas en Puerto Williams eran de 47 m2 a 50 m2. Ahora estamos pensando en viviendas de 50 m2 a 55 m2 en un sitio de 150 m2 ó 170 m2, lo que es muy conveniente para crecer con una ampliación. Más aún si consideramos que el costo de construir una casa en Puerto Williams puede llegar a $1.346.000 el m2. Es decir, una estructura de 52 m2 puede bordear los $70 millones. Eso pasa por los altos costos del flete, que representa prácticamente el 20% a 25% del costo asociado. A eso sumar la falta de mano de obra local, la habilitación de espacios, los sistemas de roles, etc.”, observó. Limpiando bosques y más allá Pero las expectativas del gobierno no están sólo en crecer dentro de las 16 hectáreas mencionadas. “Tenemos pensado conversar  próximamente con la Conaf y la Onemi, para ver alternativas de ir limpiando los bosques hacia el lado del crecimiento del nuevo plan regulador, en el nuevo límite. Ahí se producirá un doble beneficio, porque posibilitará proveer de leña a la comunidad y salvaguardar la zona de incendios forestales, ya que los árboles están muy cerca de las casas”, apuntó.

El jueves tuvo lugar, en dependencias del Ministerio de Obras Públicas de Punta Arenas, la apertura técnica digital correspondiente a la segunda etapa del proyecto de construcción del camino Hollemberg – Río Pérez, en el tramo que va desde el kilómetro 42 al 64, esto es entre el sector de bahía Williams-cordillera Pinto, en la comuna de Río Verde y Natales. En la oportunidad, la comisión de apertura, conformada por los profesionales de Vialidad, Carlos Ortega, Eliecer Barría y de la seremi del Mop, Nestor Pavez, informaron que sólo una fue la proponente interesada: Ingeniería Civil Vicente. El presupuesto oficial para esta obra inserta en el programa del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas es de $9.893.415.959 y la unidad ejecutora es la dirección de Vialidad. El plazo de ejecución para las obras es de 840 días. La apertura económica se realizará el 25 de abril a las 16,30 horas. El seremi de Obras Públicos, Pablo Rendoll, indicó que el proyecto total considera 63 kilómetros. “Luego de este tramo sólo restarán 14 kilómetros. Anterior a esta licitación se completó en marzo el trayecto desde Seno Obstrucción hasta Río Azócar”, complementó.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional comprometió 350 millones de pesos a la compra de un terreno para depositar la basura domiciliaria del norte de la isla grande de Chiloé. Esta inversión se da en medio de la Alerta Sanitaria que afecta a la isla grande, y mantiene a la comuna de Ancud sin un espacio para el depósito de desechos sólidos. Felipe Salaberry, subsecretario de Desarrollo Regional, anunció la medida a los alcaldes de Ancud, Quemchi y Dalcahue y destacó que “nuestra Subsecretaría ha dispuesto los recursos necesarios para la compra de un terreno en el sector norte de la isla de Chiloé”. “La disposición de los recursos también para la contratación de profesionales y el estudio de mecánica de suelos que permita una solución definitiva. Esperamos que esto sea un verdadero modelo de gestión para seguir cuidando el medio ambiente”, agregó la autoridad. El pasado lunes la seremi de Salud de la Región de Los Lagos dispuso que el vertedero industrial de la empresa Aconser reciba los residuos domiciliarios de Ancud, hasta que el municipio entregue una solución en el corto plazo.

La decisión fue tomada por un juez mientras el ex Mandatario se encuentra hospitalizado. Un juez de Perú impuso este viernes 36 meses de prisión preventiva contra el ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) mientras es investigado por un presunto lavado de activos vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, pese a que el otrora Mandatario se encuentra hospitalizado. La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez, quien consideró que existen evidencias de que Kuczynski, quien se encuentra en una clínica de Lima, “hizo actos de conversión” de activos, ocultó y dio información falsa, y no cuenta con arraigo en el país, ya que su esposa y su familia residen en Estados Unidos. El juez señaló que Kuczynski, de 80 años, puede ser atendido en prisión de los problemas de salud que llevaron a que permanezca internado en una clínica de Lima después de que la semana pasada se dictaran 10 días de detención preliminar en su contra. El magistrado rechazó aplicar una medida similar contra la secretaria y el chofer del ex gobernante, Gloria Kisic y José Luis Bernaola, respectivamente, quienes son investigados por presunto lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado. Los tres están imputados por su presunta implicación en lavado de dinero de posible origen ilegal de Odebrecht a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, la empresa de Kuczynski registrada en Estados Unidos, cuando este era ministro del ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006). La Fiscalía sospecha que las consultorías, que ascendieron a 782.000 dólares entre 2004 y 2007, son supuestamente unos pagos con apariencia de legalidad para obtener los favores de Kuczynski en la adjudicación de grandes obras públicas cuyas licitaciones obtuvieron mediante sobornos. Kuczynski, quien tiene un impedimento de salida del país desde marzo de 2018, solicitó permiso el año pasado al Poder Judicial para viajar a Estados Unidos para tratarse de su mal cardíaco en una clínica especializada, pero esa solicitud no le fue concedida, por lo que siguió el tratamiento en Lima. Pérez dijo que los colaboradores de Odebrecht con la justicia han asegurado que los contratos firmados con empresas de Kuczynski fueron “una oportunidad para curar heridas”, en referencia a los supuestos sobornos para adjudicarse la construcción de la carretera Interoceánica sur. Además, señaló que Kuczynski trasladó las sesiones de la oficina a cargo de las inversiones públicas a Palacio de Gobierno, cuando fue ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), para poder modificar las normas con el fin de beneficiar a Odebrecht. La prisión de Kuczynski se ordenó pocas horas después de que los restos del también ex Presidente peruano Alan García fueran cremados, tras haberse suicidado este miércoles cuando iba a ser detenido por el Caso Odebrecht.

Masiva fue la despedida del ex Presidente peruano acorralado por la corrupción. Antes de morir, calificó su muerte de “muestra de desprecio” hacia sus rivales. Cientos de simpatizantes esperaban el féretro en la puerta de la Casa del Pueblo, la sede del Partido Aprista, para recorrer el centro histórico de Lima y despedir a Alan García. El ex Presidente de Perú, que el miércoles recién pasado falleció tras dispararse minutos antes de ser detenido por su implicación en el Caso Odebrecht -la mayor trama de corrupción de América Latina-, siempre había defendido su inocencia. Pero este viernes se conocieron sus últimas palabras, la carta que dejó a sus seis hijos antes de morir es una apología de su carrera. En ella, García lamenta “sufrir injusticias y circos”, asegura que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza” y lanza un amargo mensaje al calificar su suicidio de “muestra de desprecio” hacia sus rivales políticos. La leyó su hija Luciana en el salón de actos del cuartel general de la formación a la que el político estuvo vinculado desde sus inicios. “Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en dos ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento”, escribió García, quien gobernó en dos periodos no consecutivos, en los ‘80 y en la pasada década. Después del golpe de Estado de Alberto Fujimori se exilió en Bogotá y en París. Sufrió la persecución del ex Mandatario y, a pesar de que las circunstancias de las actuales investigaciones no guardan ninguna relación con lo sucedido entonces, su última carta hace referencia a una campaña en su contra. “Nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones”, afirma. “En estos tiempos de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar, vejar y no para encontrar verdades”, continúa García. Una multitud acompañó el féretro, durante unos dos kilómetros, hasta la Plaza de San Martín, donde el 27 de enero de 2001 García pronunció su primer discurso tras regresar al país y a la política activa. Esa noche prometió volver a la Casa de Pizarro, sede del gobierno peruano, y lo logró cinco años más tarde. Para muchos fue el mejor Presidente de la historia reciente. Pero el ex Mandatario sufrió, al terminar su segundo mandato, un declive que culminó el pasado mes de noviembre. García pidió asilo en la Embajada de Uruguay después de que un juez emitiera una orden que le impedía abandonar el país durante 18 meses por supuestos delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias. Era una de las piezas del Caso Odebrecht, una investigación vinculada a la concesión de la línea 1 del metro de Lima a la constructora brasileña. El sumario recogió también el pago, facilitado por un abogado, de 100.000 dólares de la constructora brasileña para compensar una conferencia que dio en mayo de 2012 ante la Federación de Industriales de São Paulo. Ninguna acusación estaba fundada, según García. “Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje mis enemigos era argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias”, dejó escrito.“La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podrá haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí: otros se venden, yo no”. “Cumplido mi deber en mi política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes”, prosiguió en su carta a sus hijos. “He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones; a mis compañeros, una señal de orgullo. Y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse”.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió trasladar a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur la causa que investiga la presunta corrupción de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, quitándosela de las manos a la Fiscalía Regional de O’Higgins. Lo anterior se da justo tras una denuncia del fiscal adjunto de la zona, Sergio Moya, el mismo que pidió la formalización de uno de los jueces indagados por corrupción y que ahora inició la acción contra su superior, el fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias. Dicha denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Radio Bío Bío, apunta a un eventual tráfico de influencias en el Caso Caval, obstrucción a la investigación en la indagatoria contra el ministro de la Corte de Apelaciones Emilio Elgueta, ocultamiento en la causa de Malversación de Caudales Públicos en el Teatro Regional de Rancagua y violación de secreto por sustracción de información desde la base de datos de la Fiscalía de O’Higgins que llegó a manos de un particular en Puerto Montt. Obstrucción a la investigación El fiscal Sergio Moya explicó que, en la indagatoria por corrupción de los jueces que involucra prevaricación y enriquecimiento, solicitó en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del fiscal regional Emiliano Arias para poder pedir la formalización del juez Emilio Elgueta, pero no recibió respuesta. Por lo anterior decidió actuar pese a arriesgar sanciones administrativas, y pidió la formalización sin el consentimiento de su superior jerárquico, debido a que le preocupaba que se demorara la indagatoria. Tráfico de Influencias El fiscal Emiliano Arias realizó sólo una intervención en el Caso Caval, la cual se llevó a cabo en diciembre de 2017 y consistió en un intento de realizar un procedimiento abreviado al síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín. Según detalla el fiscal Moya, se le planteó que se debía terminar con esa arista, porque la presencia de Chadwick en la causa y un eventual juicio oral, podría traer consecuencias para la imagen del gobierno entrante. Fue por eso que Arias intentó realizar un juicio abreviado, pero con penas que estaban fuera del marco legal, mucho más bajas de las establecidas. Ocultamiento de información También se denuncia el caso de la investigación contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos por cerca de $3.500 millones en el Teatro Regional de Rancagua. El fiscal Moya asegura que fue convocado a una reunión -que le pareció impropia pero no constitutiva de infracción- donde se encontraba el abogado del alcalde -imputado por este caso- y fue instruido por Arias para estar atento a los requerimientos del jurista. Tras esto solicitó autorizaciones judiciales para incautar computadores, ipads y aparatos electrónicos del alcalde, sin embargo el fiscal Arias le ordenó devolver las especies. Pese a lo anterior, el fiscal Moya no las devolvió por tratarse de una investigación por malversación de caudales públicos. Violación de secreto Finalmente la cuarta denuncia está ligada a una extracción de documentos de la base de datos de la Fiscalía Regional de O’Higgins, que terminaron en manos de un particular en Puerto Montt. El OS7 de Carabineros de esa ciudad dio con esa información y avisó a la fiscalía, por lo que Moya inició la indagatoria, determinando que la información fue extraída por orden del mismo fiscal regional Emiliano Arias. Es por lo anterior, y por estar involucrada la jefatura regional de los fiscales, que se debía poner en conocimiento de los antecedentes a la Fiscalía Nacional para que esta designara un persecutor encargado de indagar a Arias, pero según constató Moya durante esta semana, esa carpeta nunca llegó a su destino. Corrupción Moya explicó que hay antecedentes que se deben procesar y que ameritan que la causa que investiga corrupción en la corte de Rancagua se traslade a otra fiscalía, pero aseguró que él permanecerá a cargo de la indagatoria bajo el alero de otro fiscal regional, e incluso podrá trabajar más rápido.

Lyra McKee, una periodista de 29 años y oriunda de Belfast, murió durante unos disturbios en Londonderry, municipio de 90.000 habitantes de Irlanda del Norte situado cerca de la frontera con Irlanda, un caso que la policía norirlandesa está investigando como “incidente terrorista”. La víctima fue alcanzada por las balas mientras seguía un ataque a las fuerzas del orden, que imputan el hecho al Nuevo Ira, una escisión de la antigua banda armada contraria a los acuerdos que en 1998 pusieron fin a décadas de violencia. La policía indicó el viernes en rueda de prensa que hubo “más de una persona implicada” en la muerte. “Obviamente, sólo una persona apretó el gatillo, pero hubo más de una”, dijo el subinspector Stephen Martin, para quien el ataque formó parte de “un complot orquestado”. El estallido de violencia se produjo a raíz de los registros policiales practicados en varias viviendas del barrio residencial de Creggan con el objetivo de desmantelar un plan para atacar a la policía y “prevenir actos violentos inminentes” por parte de disidentes. Según explicó Martin, los autores de los disparos, presuntos disidentes del llamado Nuevo Ira, “incitaron” a grupos de jóvenes a provocar los disturbios, en los que se arrojaron 50 cócteles molotov contra coches de la Policía y se quemaron dos vehículos policiales. “Llevamos a cabo redadas porque creíamos que había gente en esta ciudad que perpetraría durante este fin de semana ataques contra la policía y quizás otros actos, como los vistos aquí en enero y la explosión en Bishop Street”, dijo, en referencia al estallido de una bomba en un coche ante los juzgados de Londonderry el pasado 19 de enero. El comisario adjunto de la policía norirlandesa, Mark Hamilton, aseguró por su parte que el objetivo de la operación policial, basada en informaciones de los servicios de inteligencia, era incautarse de armas y munición. La grabación del teléfono móvil de un testigo muestra cómo un individuo enmascarado irrumpe entre los agentes y abre fuego de forma indiscriminada con una pistola. Las autoridades imputan al Nuevo Ira (siglas en inglés del Ejército Republicano Irlandés), protagonista de ataques esporádicos en los últimos años, la explosión del coche bomba en enero, que no causó heridos. Y temen que incremente sus actividades en vísperas del aniversario del Levantamiento del Lunes de Pascua, en el que el mundo republicano conmemora la revuelta irlandesa de 1916 contra el poder británico que plantó las semillas de la independencia de los condados del sur. Arlene Foster, la líder del partido unionista norirlandés Dup, condenó los enfrentamientos y calificó de “acto insensato y descorazonador” el ataque a la policía. El partido nacionalista irlandés Sinn Féin también condenó “sin reservas” lo ocurrido, y calificó la muerte de McKee como “un ataque contra toda la comunidad, contra el proceso de paz y contra el acuerdo de Viernes Santo”, nombre que reciben los acuerdos de paz firmados en 1998 por los gobiernos británico e irlandés para poner fin al conflicto de Irlanda del Norte, y aceptados por la mayoría de los partidos políticos. También la primera ministra británica, Theresa May, calificó en un tuit de “sinsentido” el asesinato de McKee. “Era una periodista que murió haciendo su trabajo con gran valentía”, escribió. El nombre de Londonderry -Derry para la comunidad republicana- está asociado al traumático Bloody Sunday, el domingo sangriento”  de 1972 en el que soldados británicos abrieron fuego contra una manifestación, matando a 14 personas.

Los Turpin, el matrimonio que estremeció a medio mundo por haber mantenido encerrados y en condiciones infrahumanas a 12 de sus 13 hijos durante toda su vida, fueron condenados este viernes a cadena perpetua, con posibilidad de obtener la libertad condicional a los 25 años de cárcel. Deshechos en lágrimas, David Allen Turpin, de 57 años, y Louise Ann Turpin, de 50, pidieron perdón y declararon un amor profundo por esos niños, como si fueran seres completamente disociados de los que sometieron a sus descendientes a tan largo periodo de secuestro y torturas. Sólo el más pequeño, de dos años, no presentaba signos de maltrato. El matrimonio fue detenido en enero del año pasado en su casa de Perris, al sur de California, gracias a que una de las hijas, de 17 años, logró escapar y llamar al teléfono de emergencias. Al llegar, la policía se encontró con lo más parecido una casa de los horrores, habitada por una docena de niños desnutridos y sucios, que apenas salían, eran encadenados con frecuencia y subsistían en la oscuridad. Todos parecían, según las autoridades, mucho más jóvenes de lo que en realidad eran. La mayor, de 29 años, pesaba 37 kilos. Hacían vida de noche, dormían durante el día y apenas tenían permitido asearse. Sí les dejaban, en cambio, escribir un diario: unos cuadernos que se convirtieron en claves para la investigación. “Depravación humana” En la vista de este viernes se pudieron escuchar por primera vez las declaraciones públicas de varios de los hijos. Algunas de ellas son perturbadoras, como la del menor que pidió una sentencia más liviana alegando que todo lo que les habían hecho sus progenitores no buscaba más que “protegerles”, según recoge la agencia AP. “Quiero a mis padres y les he perdonado por muchas de las cosas que nos hicieron”, dijo otro de ellos. “Mi vida ha podido ser mala, pero me ha hecho fuerte. Luché para convertirme en la persona que soy. Vi a mi papá cambiar a mi mamá y casi me cambian a mí, pero me di cuenta de que lo estaba pasando”, afirmó una de las chicas. Los Turpin ya se habían declarado culpables en febrero de los cargos más graves que se les imputaban -tortura, detención ilegal, maltrato de adultos dependientes y maltrato de menores-. Si consiguen la condicional dentro de 25 años, el padre tendrá 82 y la madre, 75. Louise pidió perdón “por todo el daño” había hecho a sus hijos. “Les quiero más de lo que jamás imaginarán”. David tuvo que cederle el grueso de su discurso a su abogada, ahogado en llanto como se encontraba. “Quiero a mis hijos y ellos me quieren a mí”. El fiscal de Riverside, Mike Hestrin, definió lo ocurrido en aquella casa como un caso de “depravación humana”. Pese a todas las rarezas que mostraba la familia -apenas se veía a los niños, que parecían muy pálidos y retraídos-, los padres lograron mantener los delitos ocultos a los vecinos. Tampoco mantenían contacto con los parientes. Sin embargo, sí publicaban fotografías en sus redes sociales con apariencia de familia feliz.

El opositor Juan Guaidó convocó este viernes a una movilización masiva en Venezuela el 1 de mayo para exigir el “cese definitivo de la usurpación” del Presidente Nicolás Maduro, con quien mantiene una pugna por el poder. “Convocamos a todo el pueblo de Venezuela el próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia del país, a exigir por el cese definitivo de la usurpación”, instó Guaidó, reconocido como Mandatario interino del país por más de 50 países, durante un “cabildo” (asamblea) abierto en Caracas. El jefe del Parlamento, de mayoría opositora, evitó revelar si el destino final de la movilización sería el palacio presidencial de Miraflores, como lo había anticipado al anunciar hace semanas su “operación libertad”, la hoja de ruta para desalojar a Maduro. “El sitio de destino de esa protesta va a ser el lugar de exigencia para que cese definitivamente la usurpación”, insistió ante una multitud que gritaba “¡Miraflores! ¡Miraflores!”. Desde que Guaidó se autoproclamó Presidente encargado el 23 de enero, ha llamado a mantener la presión contra el gobierno en las calles, con concentraciones vecinales y grandes marchas en todo el país, golpeado por la más grave crisis económica de su historia reciente. Guaidó se juramentó después de que el Legislativo declarara a Maduro “usurpador”, alegando que su segundo mandato iniciado el 10 de enero es producto de elecciones fraudulentas. Maduro, a su vez, lo acusa de ser la cara visible de un plan golpista comandado por Estados Unidos, y responde con masivos actos públicos con fuerte presencia militar y en zonas cercanas a la sede del Ejecutivo. Guaidó, quien ha intentado quebrar el férreo apoyo de los militares al gobierno con la aprobación de una ley de amnistía, reiteró su llamado a las fuerzas armadas a unirse a “la transición”.

Carabineros y el Ministerio de Obras Públicas realizaron el balance del inicio del fin de semana largo en conmemoración de la Semana Santa, cifrando en más de 200 mil los vehículos que han abandonado la capital, dejando ocho fallecidos en accidentes de tránsito. Dentro de las novedades este año está la implementación de los test de drogas o "narcotest" a los conductores con dispositivos que en 15 minutos arrojan resultados sobre el consumo de marihuana, cocaína, metanfetaminas, entre otros. Según información preliminar de Carabineros, al menos seis personas arrojaron positivo en el "narcotest" rápido, todas ellas por el consumo de marihuana. Además, se detectaron a 53 personas conduciendo en estado de ebriedad y 20 personas bajo la influencia del alcohol. Las principales rutas han tenido un comportamiento normal, con atochamientos leves. "El balance ha sido positivo, hasta las 10,30 de la mañana habían salido de la capital al rededor de 200 mil vehículos, creemos que las medidas de mitigación adoptadas por el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con Carabineros y con el Ministerio de Transportes han funcionado", explicó el coordinador y jefe territorial de contingencias del Mop, José Luis Uriarte. En la Ruta 5 Sur habían transitado durante la mañana 80 mil vehículos. Ejecutivos de Ruta del Maipo destacaron que el flujo vehicular se manifestó sin grandes complicaciones.