Un duro enfrentamiento sostuvieron ayer la fiscal de Porvenir, Wendoline Acuña, y el abogado defensor Juan Carlos Rebolledo durante el primer día del juicio por el “Caso Quemados” en el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir.

Esta instancia es presidida por el juez Octavio Flores e integrada por el secretario, Jaime Alvarez y la jueza Palmira Muñoz, todos del Tribunal Penal de Punta Arenas.

En su presentación, la fiscal Acuña relató que los hechos por el que fueron víctimas José David Muñoz Vargas y Sergio Barría Calbuyahue ocurrieron en el domicilio del primero, Mardones 0347 la víspera de Año Nuevo de 2019.

Dijo que los imputados Juan Pablo Vilches Valdivia y Nelson Alexander Aguilar Gómez, motivados por la orientación sexual de las víctimas, tras referir que estaban hediondos por haber sostenido relaciones sexuales, sentaron a Muñoz Vargas en una tina con agua hirviendo, provocándole lesiones de riesgo vital, para luego dejarlo envuelto con una frazada en un sillón. Enseguida, arrojaron una olla con agua hirviendo sobre Barría Calbuyahue, la que le ocasionó graves quemaduras en sus extremidades inferiores.

Producto del primer ataque, cuando se trasladó a Muñoz al Hospital de Porvenir, se derivó enseguida al Hospital Clínico de Punta Arenas y desde allí se envió al área de grandes quemados de la Posta Central de Santiago, donde permaneció hasta agosto de 2019, con sobreinfección de quemaduras y bajo ventilación mecánica.

Por lo anterior, imputó los delitos de homicidio simple en grado de frustrado causados a David Muñoz y lesiones graves a Sergio Barría, ambos ilícitos en calidad de autores de los dos acusados.

Por el primer delito, la fiscal solicita para ambos imputados una pena de 10 años de prisión y la inhabilitación de cargos públicos y profesionales y, por el segundo ilícito, 3 años en su grado medio e inhabilitación en cargos públicos. Pero además, Wendoline Acuña añadió la agravante de la Ley Zamudio, “porque hubo odiosidad ante la condición sexual de las víctimas según las conductas y expresiones vertidas por los victimarios”. Entre éstas, citó frases como “hay que lavarlos, porque estos dos son degenerados” y por la decisión inicial de los afectados, de no querer hacer las denuncias ante los ataques de que fueron objeto.

Vergüenza de admitir homosexualidad

Apuntó que, en cambio, cada uno manifestó haber sufrido “accidentes domésticos”, por miedo a sus agresores y por la vergüenza de admitir su homosexualidad. Sin embargo, sería el médico que los atendió en el Hospital de Porvenir quien descartó lo narrado por los pacientes, denunciando sus sospechas a Carabineros, ya que -especialmente en el caso de Muñoz Vargas-, se trataba de “heridas causadas con manifiesta crueldad y salvajismo”, acotó la fiscal.

Todo ello, porque existió contacto directo de la piel del paciente con agua hirviendo; una actitud cruel de los imputados que, según Acuña, pretendían quemarlo vivo. El ataque perjudicó aún más a Muñoz Vargas por su estado de ebriedad y su contextura física desvalida en relación a sus agresores y a que el victimario Vilches llamó a la ambulancia muchas horas después de cometido el delito, llegando en muy malas condiciones físicas al centro asistencial.

La persecutora hizo notar que los victimarios no tenían condición mental ajena a la realidad y que más tarde emitirían declaraciones contradictorias, elaborando distintas teorías sobre presuntos accidentes domésticos. Sólo cuando las víctimas se atrevieron a relatar los sucesos se pudo establecer la verdad, agregó.

Entonces se determinó que David Muñoz sufrió lesiones por escaldadura (con agua hirviendo), situándose como “gran quemado” por la magnitud del área corporal afectada en “índice de Garcés 100” (de riesgo vital). Mientras que Sergio Barría sufrió quemaduras consideradas graves en ambos muslos, que lo discapacitaron por 30 días.

Por su parte, el abogado querellante del estudio Defensa Víctimas de Santiago, Elías Zerené, enfatizó que a los afectados se les quiso lavar con agua hirviendo por haber sostenido una relación sexual, por lo que “hubo ánimo homofóbico” y que “pudieron ser dos víctimas de homicidio frustrado, pero Barría luchó y sólo se afectaron sus piernas”. Zerené adhirió a la solicitud de la Fiscalía y planteó que Muñoz “mantenía oculta su homosexualidad en una localidad de pocos habitantes, donde tal vez no todos lo entendían”.

Férrea defensa desvirtuó homofobia

En su turno, el defensor público Juan Carlos Rebolledo exhibió una sólida defensa de sus representados, planteando que, más que con las palabras de la Fiscalía, el tribunal debe remitirse a las pruebas y que éstas dicen que “nunca David Muñoz fue sumergido en agua, sino que alguien le echó agua por la espalda y a Barría Calbuyahue le arrojaron una segunda olla de agua, que le cayó en los muslos”. Estimó que el informe fotográfico de la PDI justamente desmiente a la Fiscalía.

Detalló que las lesiones de Muñoz abarcaron sólo el 15% del total corporal y en la media de espaldas y glúteos, es decir, en el tercio inferior de su cuerpo. Insistió que la tesis de la acusadora es mentira, porque el afectado nunca fue sumergido bajo el agua, por lo que pidió “subjetivismo de acuerdo a los hechos” y no depender sólo de los presuntos dichos de Vilches, también considerar las declaraciones de Nelson Aguilar.

“Lo que habría dicho Vilches es mentira, lo inventó una funcionaria del hospital. Yo vivo en Porvenir y sé que David es enfermo alcohólico, llevaba tomando 2 días y se había orinado y defecado en su ropa. Y el testigo Jonny Vargas dice que a Arnold y a Cristián Oyarzún (otros ocupantes de la casa el día de los hechos), también los querían meter al agua. Víctimas y Fiscalía han estado confundidos en este juicio. ¿Objetivamente, hubo ánimo homicida mediante una olla de 2 ó 4 litros de agua que Vilches había puesto a calentar para bañar a su mamá?”, preguntó.

Denotó el defensor que “Nelson (Aguilar) no tuvo conducta alguna de homicidio ni lesiones” y que “el agua se vertió en la zona no vital del cuerpo” y que ésa fue la razón de la Corte de Apelaciones para dar prisión domiciliaria al imputado más joven. Apuntó que el hospital capitalino certificó que la quemadura de Muñoz Vargas fue tipo B, con 15% de extensión y mortalidad inferior al 20 por ciento.

En la primera jornada, los imputados decidieron no declarar y la fiscal Acuña exhibió un set de fotografías del lugar de los hechos y las lesiones de las víctimas, luego citó a los testigos Claudio Quintana Rivas, médico de quemados del Hospital Clínico Regional y a los funcionarios de la Sip de Carabineros, sargentos Pedro Toro y Jonathan Soto. El juicio -que podría extenderse por 4 días- se reinicia hoy desde las 9,30 horas.