Más de 400 firmas de vecinos y dirigentes de diez sectores periurbanos y rurales de Punta Arenas respaldan una carta que exige mayor seguridad en el Terminal de Buses Mina Loreto, el único terminal municipal en pleno centro de la ciudad, en calle Chiloé esquina Ignacio Carrera Pinto. Locatarios y trabajadores denuncian consumo de alcohol y drogas en la vía pública, riñas, amenazas y agresiones, en un recinto sin cámaras de seguridad operativas y con una respuesta tardía de las autoridades.

La recolección la encabeza Cristián Gómez, abogado y operador de transporte interprovincial, quien suma cerca de 410 firmas. Entre ellas están las de presidentes de juntas de vecinos de Río Seco, Barranco Amarillo, Río de los Ciervos, Llau Llau, Sueños del Andino y Monteverde, sectores a los que llegan los buses que salen del terminal. Las firmas acompañarán una carta que será entregada hoy al director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, Carlos Sanhueza Schwarzenberg.

En ella, “vecinos, trabajadores y usuarios habituales” del terminal advierten que en sus inmediaciones “se mantiene de manera permanente un grupo de individuos que incurre reiteradamente en diversas incivilidades”, entre ellas “el consumo de alcohol y drogas, riñas, mendicidad, acoso y malos tratos hacia el personal”. Por eso solicitan “una presencia permanente o, a lo menos, constante y periódica de Seguridad Municipal” en el terminal y sus alrededores, especialmente en los horarios en que esas personas se concentran.

“A pesar de que está la administración de la municipalidad en el Terminal de Buses, está abandonado”, afirma Gómez. “No hay cámara de seguridad”. Según relata, los locatarios han tenido que esconder en reiteradas ocasiones a estudiantes y a personas perseguidas por delincuentes.

El abogado apunta a Seguridad Ciudadana. Sus funcionarios, sostiene, “no se bajan de la camioneta y solamente están destinados prácticamente a sacar multas y parte del vehículo mal estacionado, pero no están cuidando a las personas”. Gómez plantea que se mantengan en el lugar al menos tres o cuatro horas en los horarios peak, cuando trabajadores y escolares regresan a sus casas. También responsabiliza a la secretaría regional ministerial de Seguridad Pública y no descarta presentar un recurso de protección.

Gómez relata que hace unos días le pidió al administrador municipal del terminal, que llegaba en una camioneta de seguridad, que invitara a retirarse a un hombre que bebía alcohol a pocos metros de los pasajeros. “¿Y qué puedo hacer con eso?”, le habría respondido.

“Esto es público”

En el Terminal trabajan unos ocho locatarios y una guardia por turno, cuya labor se limita al interior del recinto. “Como locatarios esperamos mayor protección. Más seguridad de la municipalidad y de Carabineros”, dice Raúl Águila, uno de ellos. “Aquí han pasado muchas cosas que no salen a la luz ni tampoco lo resuelven”.

Aguila cuenta que cuando intentan sacar a alguien, la respuesta de Carabineros es que no pueden hacerlo porque el lugar es público. Y que cuando los llaman, tardan. “El otro día llamamos a los carabineros, llegaron (…) después de dos horas, ya había pasado todo”, recuerda sobre una pelea con armas frente al terminal.

Una de las guardias, que pidió no ser identificada, explica que ante una situación de riesgo el protocolo es llamar al supervisor y a Carabineros, “y si está muy malo, se cierra el portón”. Según los trabajadores, Carabineros ha llegado hasta tres o cuatro horas después de un llamado, y la única cámara del recinto no funciona. Los locatarios recuerdan a un muchacho que persiguió a otro con un hacha, a una joven que tuvo que esconderse en el baño porque la perseguían, y a Aguila, golpeado en el rostro durante el último Carnaval, cuando le rompieron los lentes.

“Puede haber
hasta una muerte”

Anadelia Gallardo Obando, de 79 años, también locataria, afirma que la situación ha golpeado las ventas, porque hay gente que ya no quiere ir al Terminal. Ha sido amenazada varias veces, incluso por escolares, y recuerda que una vez intentaron apuñalar a unas jóvenes dentro del recinto. “No hay cámaras, no hay nada”, reclama. “Aquí de repente puede haber hasta una muerte”.

Cuenta que fue a reclamar a la municipalidad, sin respuesta. “No está funcionando como corresponde”, sostiene.