La conmemoración de los 86 años del decreto de límites antárticos ofrece un oportuno contraste entre la retórica oficial que declara al Continente Blanco como una “prioridad absoluta” y las severas deudas en regulación interna, el desborde del turismo y el complejo escenario geopolítico global.

La celebración del Día de la Antártica Chilena en Magallanes destacó por un marcado acento cívico y comunitario. El primer desfile militar y de orden realizado en la Costanera de Punta Arenas a los pies del monumento al Piloto Luis Pardo Villalón, la entrega del texto de orientaciones pedagógicas para integrar los contenidos polares en el currículo escolar y el reconocimiento al investigador Dr. Anelio Aguayo por sus seis décadas de labor científica dieron cuenta de una región que vive su vocación austral como parte de su identidad cotidiana.

Sin embargo, este despliegue territorial contrasta con el tono complaciente del nivel central. Durante el lanzamiento de la 63ª Expedición Científica Antártica (Eca 63) en la sede del Instituto Antártico Chileno (Inach), desde la Cancillería se reafirmó que la Antártica es una prioridad estratégica para el país y que se utilizan todas las capacidades para consolidar a Punta Arenas como la gran puerta de entrada mundial. Plantear que hoy, al igual que hace 86 años con el histórico decreto del Presidente Pedro Aguirre Cerda, la Antártica constituye una prioridad absoluta para el Estado exige confrontar ese discurso con las omisiones de la gestión pública.

El contexto internacional actual ya no es el de mediados del siglo XX. El sistema del Tratado Antártico opera hoy en un escenario atravesado por la denominada “geopolítica de los recursos”, donde las potencias globales miran con creciente interés la riqueza energética, minera y biológica del continente blanco, proyectando sus intereses hacia el horizonte de revisión que abre el Tratado hacia el año 2048. Frente a esta presión internacional, la diplomacia de un país signatario y reclamante no puede sostenerse únicamente en proclamas de soberanía histórica o discursos de buena voluntad.

La vulnerabilidad más evidente de Chile radica en su propio frente interno. A más de cinco años de la promulgación de la Ley Antártica en marzo de 2021, la implementación del estatuto regulatorio registra demoras injustificables. De los reglamentos encomendados al Ministerio del Medio Ambiente, instrumentos clave -como el que norma las autorizaciones previas del Inach para el ingreso a zonas especialmente protegidas, la intervención de fauna o la introducción de especies- fueron retirados de Contraloría y continúan en revisión. ¿Cómo se puede pretender liderar la gobernanza antártica si el Estado es incapaz de poner en vigencia sus propios reglamentos de fiscalización y protección ambiental?

Es de justicia reconocer los esfuerzos realizados en inversión científica e infraestructura estratégica. Sin embargo, estos avances conviven con una expansión acelerada del tráfico marítimo y del turismo de crucero que amenaza con desbordar la capacidad instalada. El hecho de que desde 2004 los programas antárticos nacionales que operan desde Punta Arenas hayan aumentado de 12 a 21 -sumados a otros ocho de paso ocasional- expone la urgencia de contar con marcos de control ambiental estrictos, puertos adecuados y normativas que eviten que la masa de investigadores y turistas deteriore los mismos ecosistemas que el país busca resguardar.

Ejercer soberanía efectiva en el siglo XXI exige mucho más que organizar actos conmemorativos. Requiere que el Gobierno central destrabe sin más dilaciones la tramitación del estatuto normativo antártico, fortalezca la presencia fiscalizadora de los organismos públicos y respalde con presupuesto permanente la infraestructura logística de Magallanes.

Mientras el mundo acelera su competencia estratégica por los recursos polares, Chile no puede permitirse que la Antártica sea una “prioridad absoluta” solo en los discursos de los ministros.