Lucas Ulloa Intveen
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Cuatro estudiantes de cuarto medio del Colegio The British School de Punta Arenas enfrentan una querella criminal por lesiones graves tras la agresión que dejó con fracturas en el rostro a un compañero de tercero medio, de 16 años, seleccionado regional de básquetbol. La acción legal fue presentada este lunes ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, con el patrocinio del abogado Leonardo Vallejos Ramírez.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 28 de junio, cerca de las 20,30 horas, en el complejo deportivo Magallanes Camp de villa Las Nieves, durante un partido de fútbol entre los equipos de tercero y cuarto medio del establecimiento particular. Según el escrito judicial, tras una jugada que involucró a la víctima y a uno de los querellados, y luego de un intercambio de palabras, este último acometió con golpes de puño en el rostro. Los otros tres se sumaron de inmediato, golpeando al adolescente en la cabeza mientras intentaba defenderse. Compañeros presentes lograron intervenir y sacarlo del lugar.

El padre concurrió al recinto deportivo avisado por alumnos que presenciaron la agresión. En su relato, consignado en la querella, sostiene que una compañera le entregó un archivo de video donde se capta parte de lo ocurrido.

Uno de los puntos más cuestionable del escrito apunta a Carabineros. La familia sostiene que los funcionarios recogieron de manera parcial la información, detuvieron solo a dos de los cuatro agresores y también al propio agredido. Añade que el parte policial consignó los hechos como una falta de lesiones en riña y que no se empadronó a ningún testigo, pese a que todos estaban presentes en el lugar.

Lesiones y costo deportivo

El Dato de Atención de Urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, emitido la madrugada del 29 de junio, consigna fractura nasal traumática, fractura maxilar, cortes en párpado y contusión en el costado izquierdo de la cara. El adolescente fue trasladado en ambulancia desde el recinto deportivo.

La tomografía computarizada de cerebro practicada la misma noche descartó hallazgos intracreaneanos agudos y confirmó fractura de huesos nasales.

La querella también invoca un artículo del Código Penal que sanciona las lesiones que causan enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Esa calificación es la que sostiene la familia: el propio escrito solicita al Ministerio Público que requiera al Servicio Médico Legal el peritaje que ratifique el tiempo de incapacidad. La familia pidió además que la PDI tome declaración a los querellados y a siete testigos, y que se levanten las cámaras de seguridad del sector.

El adolescente víctima integra la Selección Regional de Básquetbol de Magallanes y debía viajar el 1 de julio con el Club Deportivo Sokol al Campeonato Nacional. Las lesiones se lo impidieron. Sus padres señalan que deberá permanecer varios meses sin entrenar ni competir.

En la carta enviada al rector del colegio, el 30 de junio, los apoderados describen a un joven asustado, con temor de salir de su casa y de volver a clases por posibles represalias, y que comenzó a recibir apoyo psicológico. El estudiante cursa tercero medio en el establecimiento, desde prekínder, sin sanciones disciplinarias previas.

“No buscamos venganza; buscamos justicia”, afirma la familia en su declaración pública. Solicitó al Ministerio Público celeridad y medidas de protección que le permitan volver a clases en un entorno seguro, considerando que los cuatro querellados son alumnos del mismo colegio.

La respuesta del colegio

Consultado por La Prensa Austral, el rector Alvaro González Sanzana señaló que el establecimiento lamenta profundamente cualquier situación de violencia que involucre a sus estudiantes, con independencia del contexto, y que por respeto a la privacidad de los alumnos y sus familias no comenta medidas o procesos que involucren a personas determinadas.

Agregó que al tomar conocimiento de situaciones que puedan afectar el bienestar de los estudiantes, se activan los procedimientos internos que correspondan dentro del marco de sus atribuciones, resguardando el debido proceso, la confidencialidad y el interés superior de los estudiantes.

Sobre este caso en particular, sostuvo que los hechos habrían ocurrido fuera del establecimiento y durante el periodo de vacaciones, por lo que existen límites legales y reglamentarios respecto de las competencias del colegio. Indicó que mantiene comunicación con las familias involucradas y ofrece el acompañamiento que corresponda.

La querella describe el encuentro como una actividad extracurricular entre alumnos del colegio: un partido entre los equipos de cuarto y tercero medio. Los cinco involucrados son estudiantes del mismo establecimiento y, según la carta de los apoderados, la víctima deberá reincorporarse a clases compartiendo espacios con quienes lo agredieron.

En esa carta, la familia pidió al colegio activar los protocolos de convivencia escolar, instruir una investigación interna, aplicar medidas disciplinarias y adoptar resguardos concretos para el retorno a clases. Lo anterior, fue solicitado en una reunión presencial a la dirección el pasado 3 de julio. Los apoderados citan el propio Reglamento Interno del establecimiento, que considera de especial gravedad las conductas ejecutadas con superioridad numérica o abuso de poder.

El secretario regional ministerial de Educación, José Raúl Alvarado, prefirió no referirse al caso, pese a estar en conocimiento de la situación y haber recibido a la familia de la víctima para asesorarla sobre los pasos a seguir.