El anuncio del Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz Castro, marca un punto de inflexión crítico para las finanzas públicas y, especialmente, para el desarrollo regional de Chile. Tras conocerse que el ejercicio fiscal 2025 cerró con un exceso de gasto de US$10.000 millones -un desequilibrio calificado por el nuevo gobierno como insostenible- se ha dado inicio a un Plan de Ajuste Fiscal de carácter permanente y de ejecución inmediata.

Este plan no es sólo una declaración de intenciones, pues contempla una reducción drástica de US$3.000 millones en el límite de gasto para 2026, sumada a una rebaja transversal del 3% del gasto bruto de cada ministerio. Sin embargo, la mayor alarma debe encenderse en nuestras regiones. Bajo el pretexto de combatir “abusos y malas prácticas”, el instructivo ordena una revisión y priorización de inversiones de todos los servicios, con un análisis particular que definirá la continuidad de proyectos ya en marcha.

Aunque el ajuste se presenta como un saneamiento administrativo, sus lineamientos técnicos sugieren un golpe directo a la infraestructura regional. El documento es taxativo: se debe detener el inicio de nuevos programas y, lo que es más preocupante para la continuidad territorial, detener los arrastres definidos como “etapas 2 y siguientes” hasta nuevas instrucciones.

Esta instrucción pone en riesgo inminente el Plan Especial de Zonas Extremas (Pedze). Si bien el Pedze ha sido el motor de grandes obras de conectividad y desarrollo, el nuevo criterio de “austeridad fiscal” obliga a paralizar cualquier gasto que no sea una obligación legal previa al 10 de marzo de 2026. No se trata sólo de una revisión de contratos de aseo o licencias médicas; se trata de la detención de estudios de inversión, asesorías y programas programáticos que son el corazón de la inversión en zonas apartadas.

Este escenario valida la reciente advertencia de la delegada presidencial, quien ya había adelantado una revisión de la millonaria cartera de proyectos impulsada desde la gobernación regional. Lo que en su momento pareció una tensión política, hoy se revela como la antesala de un ajuste estructural donde la eficiencia del gasto y la “disciplina fiscal” primarán sobre la urgencia de los proyectos magallánicos.

El ajuste es, según Hacienda, “ineludible”. Pero es imperativo alertar que, en el afán de equilibrar las cuentas nacionales tras años de déficit estructural y una deuda pública que escaló al 42% del Pib, no se puede sacrificar el compromiso del Estado con sus territorios más aislados. La ciudadanía difícilmente entenderá que el esfuerzo fiscal signifique dejar a medias las etapas de proyectos que prometían cambiar la cara de nuestras regiones extremas.