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El negocio de los servicios destinados a los más vulnerables

Por Ramón Lobos Vásquez Miércoles 4 de Noviembre del 2020

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Tras largas postergaciones avanza el proyecto del nuevo Sename, una nueva institucionalidad destinada a darles respuesta a los niños, niñas y adolescentes que requieren trabajo y dedicación especial por sus condiciones fundamentalmente sociales. Donde la intervención es multiprofesional por las diversas repercusiones que los problemas sociales tienen en su vida y fundamentalmente en su desarrollo.

Pero lamentablemente un punto no resuelto es el financiamiento de estas políticas y la tercerización de los servicios. Nuevamente se mantiene una lógica de subsidiaridad del Estado y de reflotar el surgimiento de instituciones sin fines de lucro que trabajan al amparo de esta modalidad.
Ya todos están concientes de lo que significa que el Estado asuma un rol subsidiario en el cuidado y protección de los menores en el país, lo que sumado al modelo de financiamiento (el per cápita), crea incentivos perversos en la operación de algunas de estas instituciones que nunca egresan a los residentes porque se acaba el negocio si se van de alta. Así de perverso, es un sistema que “no mejora”, sino que mantiene a los niños, niñas y adolescentes cautivos, porque son una fuente permanente de ingreso. El rol subsidiario del Estado lo garantiza.

Esto que parece tan desproporcionado se mantiene en el Nuevo Sename. Se seguirá pagando según el número de residentes que acojan. O sea para asegurarse hay que estar lleno y nunca egresar a nadie.
Así nos hemos enterado como ciudadanos de las atrocidades que se cometen al amparo de esta noble función, de los daños irreparables a niños, niñas y adolescentes que han pasado por estas instituciones y programas. Lo digo con conocimiento de causa, ya que como familia vivimos este calvario y esta insensibilidad del modelo para con esos y esas menores.
Así con este nuevo Sename se asegura la mantención de la externalización (privatización) de tareas ineludibles del Estado. Se creó un negocio difícil de romper y reestructurar. Salvo que quede implícito en una nueva constitución. Así que tomen nota ya los futuros constituyentes en estos temas. 

Esto que vemos en menores se refleja exactamente igual en los servicios ofertados para adultos mayores. La tercerización de servicios y prestaciones para mayores son un buen incentivo para hacer negocios con sus necesidades. No importa si no hay recuperación de los ancianos o calidad y dignidad de las atenciones al final de la vida. La lista de requirentes de un cupo en larga estadía hace que el negocio prospere y sea permanente.

No es necesario asegurar la permanencia de los mayores en las instituciones. Ojalá vayan rotando, así se aseguran de tener y mantener los ingresos del modelo.

De todas las externalizaciones efectuadas, sólo las que se hacen a instituciones ligadas al ámbito público son efectivas, en especial las que se realizan con las municipalidades, que tienen un buen control y seguimiento de los adultos mayores con problemas sociales y médicos.

Ya se acumulan en Magallanes muchas experiencias fallidas con instituciones sin fines de lucro que trabajan con los mayores.

Por ejemplo Conapran con el Hogar de Natales que abandonó en su operación y que manejó el primer Eleam Público  durante seis meses, generando todos los gastos para dejarlo abandonado también por no poder operarlo. Ambas decisiones basadas en términos financieros, más que en la misión que dicen encarnar.

En la misma línea Fundación Hogar de Cristo terminó hace unos años con la operación de la residencia en Porvenir, por las mismas razones. Funcionando hasta ahora por voluntad del Servicio de Salud, porque no hay quién lo pueda hacer, ya que no es rentable. Mientras los números per capitados no den, no son negocio y el Estado debe asumirlos. Pero apenas se vislumbra ganancia aparece generosamente quien asuma el desafío.

Hoy lo mismo sucede con la Residencia del Hogar de Cristo en Punta Arenas, dejó de ser rentable y se olvidan las nobles intenciones al asumir los desafíos. Mientras las autoridades designadas siguen mirando al cielo por respuesta, ya que su rol es velar que no se vulneren los derechos de esos mayores. Que ya están siendo vulnerados delante de sus ojos, pero no se entiende a cuáles derechos se refieren en sus comunicados.

Si hubiese un plan regional o local de atención y cuidados de los mayores, asegurado y estructurado; con participación de voluntariados, comunidad y también de estas instituciones, al alero de las municipalidades, otro sería el destino de esos adultos mayores. Ni siquiera se pensaría en que pudiesen vulnerarse sus derechos. Estarían ya asegurados. Hemos insistido durante años por esta red local. Pero como no se ha dado el visto bueno de Santiago nadie recoge el guante y hacen como que no escuchan.
Pero, ¡oh! Se vienen tiempos de campaña y los adultos mayores son votos duros para los futuros elegidos.

Entonces ya empezó el festival de anuncios, fotos, posteos y planes por doquier: Centro Diurno en Natales, más Residencias Protegidas en Punta Arenas, y un largo etcétera. Total el papel aguanta y siempre habrá viejos que sucumban antes los anuncios y maravillados voten por estos iluminados que se cuelgan a última hora de sus necesidades para asegurar su elección. Anunciar ahora es fácil, ya queda menos tiempo para cumplir  si no los eligen y muchos más si son electos.

Por eso y más el cambio constitucional debe dar al Estado otra categoría en la responsabilidad de responder a niños, niñas, adolescentes y por sobre todo a sus mayores.

Un Estado que asegura protección es bueno para todos en toda edad o situación vital.