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EDITORIAL

Pandemia y derecho a la educación

Por La Prensa Austral Viernes 4 de Diciembre del 2020

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Como todas las actividades cotidianas, la enseñanza se ha visto trastocada producto del coronavirus, el temor a contagiarse, las medidas de confinamiento y aislamiento  social.

De las clases presenciales, todo el sistema debió adaptarse a la enseñanza virtual, dejando en evidencia las enormes brechas entre los diferentes establecimientos respecto de conocer y poseer las nuevas tecnologías, tener acceso a Internet y contar con cuerpos docentes capacitados para impartir conocimientos a través de estos formatos.

También quedó de manifiesto el desequilibrio existente en el alumnado, siendo evidente que la educación online pesó en contra de los estudiantes de familias de menores recursos, muchos de los cuales no sólo no poseían ni computadores ni dispositivos móviles, sino tampoco de Internet para conectarse a las clases.

Quizás lo único que fue transversal fue la conclusión de que nuestro sistema educacional no estaba preparado para afrontar las imposiciones de la autoridad sanitaria y que la brecha se hace más intensa respecto de los colegios, liceos y universidades a las que acceden niños y jóvenes de mayores recursos y aquellos establecimientos, como los municipales y de zonas apartadas, que reúnen a un estudiantado de familias más empobrecidas.

Pero, también hubo otro grupo social que resultó fuertemente perjudicado, aquel constituido por familias de clase media que hacen tremendos esfuerzos por mantener a sus hijos en establecimientos subvencionados y particulares pagados,.

Para ellos, en la gran mayoría de los casos, no hubo reducción de mensualidades y no en pocos casos debieron enfrentar una merma considerable de los ingresos familiares producto de la crisis.

Por ello, resulta totalmente atingente que el Congreso haya despachado el proyecto que prohíbe a los colegios dejar sin matrícula a los alumnos que tengan deudas.

Esta ley va en el sentido correcto en cuanto a que la educación, más que un negocio, debe ser entendida como un derecho que no puede ser conculcado a ningún niño ni joven.