Abogados de comerciante chino acusado de violación se querellaron en contra de la fiscal Wendoline Acuña

Una querella por los presuntos delitos de “obstrucción a la justicia” y “falsificación de instrumento público”, presentaron los abogados Carlos Quezada Orozco y Luis Inostroza Zapata en contra de la fiscal Wendoline Acuña Aliaga.
Ambos son los defensores del imputado Wenchuang Jin, investigado por la fiscalía de Punta Arenas por un delito de violación en contra de una ex empleada del mall chino de Avenida Eduardo Frei, hecho ocurrido presuntamente el 21 de diciembre del año pasado.
“Es un delito especial, creado por el 2015, una especie de obstrucción a la investigación pero que solo puede ser cometido por un fiscal o asistente de fiscal”, indicó uno de los abogados querellantes, Carlos Quezada.
Por ende el fiscal nacional, Jorge Abbott, deberá nombrar un fiscal regional que investigue la querella.
La querella se presentó el sábado último y ya fue acogida a trámite y derivada a la fiscalía para su investigación.

“Esto nace a partir de una denuncia que surgió en una audiencia debido al problema surgido con un informe pericial bioquímico que descartaba que el imputado fuera el autor del delito, porque se encontraron restos de ADN en la víctima que no eran compatibles con el imputado”, señaló.
Con dicho argumento la Corte de Apelaciones de Punta Arena revocó la prisión preventiva que desde enero pesaba en contra del detenido y lo dejó con arresto domiciliario total.
Esto se supo recién ahora porque en las últimas audiencias vía remota no se permitió el acceso a la prensa.
Entre las diligencias de la investigación, el 2 de septiembre pasado se evacuó el informe pericial bioquímico de la PDI, que analizó las muestras biológicas obtenidas tanto el día de la denuncia, como con posterioridad y que fueron levantadas tanto del sitio del suceso, así como de la propia denunciante y el acusado.
“Efectuada la comparación de los marcadores genéticos del contenido vaginal con los marcadores genéticos de las muestras extraídas a nuestro representado, no se encontró coincidencia entre ambas”, se indica en la querella.
“Por lo anterior, se concluye en el mismo informe que se excluye a Wenchuang Jin como contribuyente de las mezclas de material genético encontrada en el espéculo, señalándose además que la referida muestra contiene material genético de dos individuos, pero ninguno de ellos correspondería a nuestro representado”.
Este antecedente llevó a la defensa a solicitar una audiencia para pedir el cese de la medida cautelar de prisión preventiva. Un punto de relevancia para la defensa, “porque excluye al imputado de la investigación de delito sexual en base a pruebas científicas, e implicaría una prueba cierta de su inocencia, antecedente que fue deliberadamente ocultado por la fiscal querellada a la defensa”.
En dos ocasiones solicitaron copia de la carpeta de investigación, agosto y septiembre, “no siendo entregada por la fiscal querellada, en circunstancias que a lo menos la primera semana de septiembre ya contaba en su poder la copia del informe pericial referido, siendo necesario requerir la entrega en audiencia de fecha 16 de octubre pasado, audiencia en la cual el tribunal tuvo que apercibir al Ministerio Público para entregar copia de los antecedentes dentro del plazo de 5 días, remitiéndose finalmente la copia el día 20 de octubre, misma fecha en que la defensa solicitó la revisión de la medida cautelar”.
El 2 de noviembre de 2020 se realizó una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, donde la defensa cuestionó la existencia del delito y participación del acusado en base a la pericia bioquímica evacuada por Lacrim Central, que en sus conclusiones excluía al imputado como donante de las muestras sobre las cuales se practicó el correspondiente análisis comparativo.
Pero el tribunal mantuvo en prisión al denunciado así que la defensa llegó a la Corte de Apelaciones, instancia que en fallo dividido revocó la medida e impuso como medida cautelar el arresto domiciliario total. Esto se produjo el 5 de noviembre pasado.
En la querella los abogados sostienen que la fiscal Wendoline Acuña, “con el objeto de oponerse a la libertad solicitada por la defensa, en base al informe pericial existente en la carpeta de investigación, en audiencia de 2 de noviembre de 2020, efectuó una afirmación falsa que no constaba en los antecedentes de investigación, alterando de esa forma una supuesta declaración prestada por la denunciante y que ha querido salvar posteriormente mediante una supuesta constancia telefónica cuya veracidad ponemos en duda y que deberá ser objeto de investigación”.
“Para el 29 de diciembre fuimos citados a una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo de esta causa”, indicó el abogado.