Otros 50 días de investigación por denuncia de violación de trabajadora de la Salud y el Tribunal acogió querella
El Tribunal de Garantía de Punta Arenas otorgó 50 días más de plazo a la Fiscalía para que cierre la investigación en contra de los dos ciudadanos indonesios, denunciados de violar a una técnico en enfermería en una residencia sanitaria, en agosto del año pasado.
La solicitud vino de la fiscal Wendoline Acuña, basada en una serie de diligencias que no se han concretado, como un informe bioquímico de ambos imputados solicitado a la PDI. A raíz de lo mismo el fiscal regional, Eugenio Campos, envió un oficio al prefecto regional, el 26 de octubre del año pasado, para apurar la diligencia pero hasta ahora no lo han recibido.
Los imputados no han prestado declaración, “y la defensa se ha limitado a indicar que la versión de la víctima no es verídica”.
Igualmente solicitó una pericia a los teléfonos celulares de los imputados, peritaje que está asociado a los registros fotográficos que podrían existir, de los indonesios con la víctima. Esta petición tiene fecha 1 de octubre de 2020. Como esto la PDI no lo hace en Punta Arenas, lo derivó al Laboratorio de Criminalística central, el 14 de septiembre del año pasado, “y hasta el momento no tenemos los resultados y por eso solicitamos el aumento de plazo de 50 días”, argumentó la fiscal.
Querella
La abogada del Centro de Apoyo a Víctimas, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Natacha Oyarzún Oyarzún, en representación de la víctima presentó el jueves pasado una querella criminal en contra de los ciudadanos extranjeros Septian Agung Xilando y Abdul Kidar.
En esta calidad, de querellante, compareció en la audiencia y adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público, sobre todo en atención a que una de las diligencias pendientes también fue solicitada por la víctima, “por tratarse de un elemento que ella considera esencial para la prueba de sus dichos, que han sido coherentes con las diferentes declaraciones entregadas a la Fiscalía”.
También actúa en esta causa como querellante la abogada de la intendencia, Catalina Solís, que se limitó a apoyar la solicitud de ampliación de plazo.
El abogado defensor de ambos imputados, Ramón Bórquez, dijo que ellos están en prisión desde el 30 de agosto de 2020, y que ese mismo día accedieron a muestras biológicas y otras diligencias. Pero le pareció excesivo los 50 días extras.
Al final el magistrado Ricardo Larenas resolvió otorgar el plazo solicitado por la Fiscalía, en razón de que muchas de las pericias se hacen en el nivel central y hoy los tiempos no son los mismos, producto de la pandemia.
