La preocupación de las mamás cultivadoras de Cannabis por el efecto de la “Ley Antinarcos”

Opinan que este proyecto “precariza aún más nuestra situación”.

Con preocupación reaccionaron las mamás cultivadoras de Cannabis Sativa en Magallanes por la reforma a la Ley 20.000, denominada Ley Antinarcos, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados. Y, es que advierten que esta iniciativa precariza aún más la situación en que se encuentran para poder ofrecer tratamiento a sus hijos con cáncer.

La abogada y mamá cultivadora, Verónica Garrido, señaló que el propio ministro del Interior les aseguró que nada tienen que temer con esta modificación legal, pues la misma procura perseguir a las grandes organizaciones del crimen organizado.

Garrido destacó que la historia de la Ley 20.000, da cuenta que la misma sólo buscaba el castigo del tráfico o microtráfico de drogas, sin pensar en sancionar en ningún momento a los usuarios medicinales. Sin embargo, añade, hoy la gran mayoría de los procedimientos policiales que se llevan en contra de usuarios medicinales de Cannabis, éstos han sido injustamente castigados y medidos bajo los mismos paradigmas que los narcotraficantes.

La abogada planteó su preocupación por las palabras del ministro del Interior, pues las autoridades “pretenden hacer como si no existiéramos y sumar a nuestras preocupaciones el injusto hecho que la autoridad tendrá, además, la facultad de disponer de nuestros bienes materiales por el sólo hecho de cultivar Cannabis”.

De esta manera desnuda la compleja situación en que quedan las madres en la legislación nacional, con la anuencia del Estado, sin que sea capaz de regular el cultivo medicinal generando vulnerabilidad, indefensión y falta de certeza jurídica.

En medio de este incierto escenario, enviaron una carta al diputado Gabriel Boric donde dan cuenta de la delicada situación en que se encuentran frente a este proyecto que se discute en el Congreso.

“Llevamos años ya con esta lucha, golpeando todas las puertas de la institucionalidad, para dejar de ser invisibilizadas y precarizadas. Incluso, es por esta experiencia que nos atrevemos a sostener que la lucha por la regulación del uso medicinal de la Cannabis es una problemática de género”, enfatizó.

Enseguida añadió que “derechos claves se han convertido en un negocio para contratar seguros privados, terminando nosotras las mujeres a cargo de los cuidados, no sólo de la crianza, estamos a cargo de las personas mayores, de las personas enfermas. Todo lo que el Estado retrocedió en términos asistencialistas o bienestar de los ciudadanos, lo dejó a cargo de las mujeres”.

Su hijo, Joaquín Campos Garrido, está en tratamiento con Cannabis desde 2014. Verónica comenzó a cultivar Cannabis porque tuvo un glioma al nervio óptico que afectó su ojo izquierdo, enfermedad que le implicó someterse a un tratamiento de quimioterapia intensiva, lo que generó consecuencias colaterales que repercutieron en la baja excesiva de peso, por efecto de constantes náuseas y dolores arteriales, a lo cual se sumó la imposibilidad de conciliar el sueño. Fue gracias al suministro de aceite de Cannabis que su hijo logró enfrentar el tratamiento. En la actualidad, Joaquín todavía tiene un tumor en su cabeza y por eso continúa con esta terapia.

“Nos tuvimos que enfrentar a la realidad, al hecho que por alguna circunstancia del destino nos tocó ser madres de niños especiales y que por sus distintas patologías se han visto expuestos a dolorosos tratamientos… Todas llegamos al uso de la Cannabis medicinal en nuestros niños, luego de un largo recorrido por tratamientos costosos, dolorosos e invasivos, que causaban estragos en la calidad de vida de nuestras familias. Coincidimos en el antes y el después que significó para nuestras vidas la llegada de la Cannabis. Hoy la reconocemos como nuestra medicina, la planta sagrada que nos devolvió a la vida. Sin embargo, a pesar a nuestras positivas experiencias, del esfuerzo que implica para nosotras ser cuidadoras de un hijo con alguna patología, nos vemos enfrentadas a una grave vulneración de nuestros derechos humanos, el Estado nos obliga a vivir con miedo”.