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  • Carlos Alberto Cárdenas Bahamonde

Con millonaria demanda termina sueño de proyecto inmobiliario

Por La Prensa Austral Sábado 13 de Febrero del 2021

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En la justicia tanto civil como penal terminó un proyecto de construcción de viviendas en Punta Arenas, el que se vio truncado por irregularidades en cuanto a sus tramitaciones. Hoy, a más de tres años del inicio, aparecen demandados el Serviu y el municipio por más de $550 millones, además el representante de la empresa fue formalizado por estafa.

Los hechos se remontan a diciembre de 2017 cuando Inmobiliaria Magallanes Spa inició las gestiones para generar un proyecto en terrenos ubicados en la prolongación de calle Mardones, el que consideraba la construcción de 32 viviendas. Tras la adquisición del área a edificar (propiedad de un particular), se comenzó a trabajar en lo que sería el condominio Altos de la Pradera, que consultaba la edificación de 10 inmuebles y, posteriormente de 22. Sin embargo, luego de meses de tramitación, del inicio del movimiento de tierra y de la celebración de contratos de promesas de compraventa, el proyecto debió ser cancelado debido que el terreno estaba sujeto a expropiación.

Esto último llevó a que el representante de la inmobiliaria interpusiera ante el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas una demanda por indemnización de perjuicios “por falta de servicio” en contra del municipio y del Serviu, donde solicita una indemnización de $553.713.000 por detrimento patrimonial por perjuicio directo y por daño emergente.

En lo penal

Paralelo a lo anterior, en la justicia penal radica una causa donde el representante de la empresa aparece formalizado por la Fiscalía. Se le investiga como presunto responsable del delito de estafa al realizar al menos dos promesas de compraventa dentro del frustrado proyecto, con dineros involucrados que superan los $70 millones.

Consultado al respecto, el representante de la inmobiliaria, Christian Barrientos, señaló que es poco lo que se puede agregar más allá de los antecedentes contenidos en la causa. Sin embargo, reconoció y lamentó la situación que han tenido que enfrentar las personas que suscribieron las promesas de compraventa, como también manifestó su desazón por no haber podido cumplir “un sueño” de proyecto que se truncó por “falta de servicio e información”.

En su demanda contra el Serviu y municipio, la inmobiliaria reconoce la celebración de ocho contratos de promesa de compraventa entre el 16 de marzo de 2018 y el 19 de diciembre del mismo año. Los ingresos por este concepto se complementaban con el financiamiento del 50% de la inversión por parte de una entidad bancaria. Sin embargo, se señala que la demora en el otorgamiento del permiso de edificación redundó en un atraso y, finalmente, el certificado que precisaba que el terreno estaba sujeto a expropiación hizo que el banco no otorgara los recursos, paralizando definitivamente el proyecto.

No obstante, asegura el escrito, tres meses después se emitió un nuevo informe de situación que estableció que el terreno no estaba afecto a expropiación.