Mamá de Fundación Daya, Verónica Garrido: “Nuestros niños tienen problemas graves de salud y no encontraron alivio en la medicina tradicional”

Con el miedo constante a ser allanados, las mamás de Fundación Daya y de Mamá Cultiva dan cuenta de la situación de vulneración que viven los usuarios medicinales de cannabis por la intensificación de allanamientos e incautaciones. En sólo las últimas semanas de este año se han registrado más allanamientos que durante 2020 en contra de pacientes de Fundación Daya a lo largo de Chile, llegando a 11 procedimientos policiales.

Desde la Fundación Daya en Magallanes, Verónica Garrido explica que cuando una familia que cultiva es allanada pierden la continuidad del tratamiento, uno que representa el único alivio para sus hijos que viven con patologías graves. En estos procedimiento se llevan la medicina o las plantas.

Explica que la legislación permite el cultivo con fines medicinales y que, a nivel judicial cuando las familias son allanadas, el trámite queda en nada porque no hay tráfico que es lo que la ley persigue. “Pero, los grupos familiares ya han pasado un muy mal rato, se llevaron las plantas y trajinaron tu casa, vivieron un momento muy violento por la irrupción a su vida privada, son tratados como delincuentes y ese es el principal problema. Estamos muy desprotegidos y, por eso, es que lo que pedimos es que lo regulen, de manera que se pueda vivir tranquilo. Cultivar es legal, pero no está regulado, por lo que la manera que te van a tratar depende de la policía y de la fiscalía del lugar”, comenta.

Frente a ello, Verónica Garrido señala que las mamás que cultivan cannabis lo hacen porque sus “niños tienen problemas graves de salud, problemas que no han encontrado alivio en la medicina tradicional y el cannabis es el único apoyo que han encontrado para que puedan recuperar la calidad de vida”.

Para Verónica, la historia comienza en octubre del 2014 cuando su hijo Joaquín Campos tenía 11 años y fue diagnosticado con un glioma en el nervio óptico y tenía que partir, cuanto antes, con quimioterapia. Joaquín quedó muy mal después de la segunda sesión. Quedó con fecalomas, dolores neuropáticos, le dolían todas las extremidades, comenzó con vómitos, no comía; bajó 15 kilos y tuvieron que suspenderle la terapia. Cuando Verónica ya comenzaba a desesperarse porque necesitaba una manera de aliviarlo, una amiga le contó sobre el cannabis. Ese mismo día que le regalaron el aceite a Verónica, le dio 10 gotas a Joaquín y, por primera vez, en 20 días, durmió toda la noche. Se alivió al punto que pudo seguir su quimioterapia.

La lucha por el proyecto de ley

La fundadora de Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla, reconoce que la situación es desesperante y es que son familias que han luchado por años.

“Siempre las familias llegan por un problema de salud y cuando ya se han agotado todas las instancias… Es horrible porque hemos peleado para impulsar la ley de cultivo seguro y no somos escuchados. La senadora Carolina Goic tiene frenado en la Comisión de Salud este proyecto que sólo viene a respaldar lo que está estipulado en la ley”, comentó

En su caso comenzó a cultivar por su hija Javiera Canales, quien tiene epilepsia refractaria y esclerosis tuberosa. “Nosotros hicimos lo que nos indicaron los médicos por casi cinco años y la Javi cada vez se deterioraba más, quedó con problemas a la vista y tenía un problema de irritabilidad que se golpeaba y nos golpeaba, se sacaba las uñas y para los médicos era normal porque era producto de los medicamentos. Fue terrible  y ya no dábamos más. Buscábamos una y otra alternativa. Era un gasto enorme en las consultas de especialistas y en medicamentos gastaba más de 600 mil pesos en medicación, además tiene problemas de formación ósea y fue operada siete veces de sus piernas, y viene saliendo de una operación a la columna vertebral. Los que llegamos al cannabis es porque ningún tratamiento hizo efecto. Hay epilepsias refractarias que no responden a medicamentos y la Javi pasaba internada con estatus convulsivo y cuando no, estaba con crisis de irritabilidad, no tienes vida y es una realidad que viven miles de personas”, comenta

Explica que hay tres artículos que las protegen y la Corte Suprema se pronunció al respecto, sin embargo advierten que para las mamás cultivadoras no hay presunción de inocencia. “Nosotras tenemos que demostrar que somos inocentes, para no ser encerrado y muchas veces llegan sin una orden y amenazando a las familias con pistola en mano”, relata la mamá.

Es por ello que han luchado por este proyecto que viene a establecer que si hay una receta médica no allane y no retire las plantas del lugar. Facilitando que se investigue todo lo que quiera. De manera de evitar a lo que pasa ahora con las familias que viven un allanamiento. “Es un proceso muy violento y les quitan todo, después el tribunal dice no es traficante y se puede ir. El año pasado un padre se quitó la vida porque no soportó la presión del procedimiento, lo tuvieron un año en trámites y la fiscalía pedía 15 años”, comentó la mamá

La historia de
Rosa Salazar

Desde Chillán Rosa Salazar conversó con La Prensa Austral. Ella tiene 55 años de edad, fue diagnosticada con Fibromialgia y una hija con discapacidad mental y física del 100%. Fue una de las madres que fue allanada durante esta semana, por lo que estuvo esposada en el calabozo durante cinco horas y, mientras tanto, por el actuar de las policías, tuvo que dejar a su hija que tiene discapacidad total, con un vecino que es apenas un conocido y quien no tenía ningún entrenamiento para atenderla.

Rosa es conocida en la zona porque desde hace años vende frutos secos en un carrito afuera de un supermercado del centro de la ciudad, siempre acompañada de su hija Camila del Pozo, con discapacidad total debido a una asfixia en el parto. Camila tiene 33 años, pero se ve como una niña, ella también es paciente de Fundación Daya Chillán, usa aceite de cannabis para la epilepsia que sufre. Hay que darle de comer, mudarla y también tiene problemas de movilidad y de habla, no mastica y no controla esfínter, ella no mira a los ojos, la cabeza se le va para el lado.

Desde la Fundación Daya informó que, la mañana del miércoles 17 de febrero, un grupo de tres detectives golpeó la puerta de esta madre y su hija, la amedrentaron para que los dejara entrar a la casa sin una orden judicial. Le quitaron su indoor que había comprado con esfuerzo y tres plantas. “Yo sé que no tengo que dejar entrar a los policías sin una orden porque no corresponde, pero me amenazaron, cuando les pedí la orden me dijeron: ‘¡Ah, eres chorita! ¿Quieres que volvamos con los perros?’. Estuvieron una hora dando vuelta la casa, revisaron todos los cajones, todas las habitaciones, decían: ‘¡¿Dónde están los paquetitos?!’. Yo les decía que no había nada, les mostraba las recetas médicas mías y de mi hija, todos los antecedentes médicos, ellos veían  a mi hija inmóvil y aterrada en su cama… arrancaron mis plantas de los maceteros, se llevaron mi indoor y me llevaron detenida. Me sacaron esposada con todos mis vecinos mirando”, cuenta esta madre soltera a la Fundación Daya.

No les importó que Rosa tuviese que dejar a su hija sola, apenas le permitieron mudarla antes de irse detenida, incluso se negaron a dejarlas solas en la habitación y tuvo que cambiarle los pañales con un detective supervisando.

“Todo quedó en nada, se llevaron todas mis plantas y revisaron toda mi casa, se llevaron mis cosas, pero nunca fui juzgada”, comentó.