Incorporan tecnología digital para definir acciones efectivas en el control del castor

El castor, una especie exótica invasora, se ha convertido en el principal enemigo de los ecosistemas de la Patagonia, estimándose que el daño que ha causado en las siete décadas de presencia en la zona austral asciende a 73 millones de dólares y afecta a más de 27 mil hectáreas de bosque nativo y turberas, una superficie equivalente a 43.200 estadios nacionales o a casi un tercio de la extensión del gran Santiago.

Tierra del Fuego y las islas adyacentes son los territorios más afectados y donde el impacto de esta especie ha sido más estudiado. Pero el castor (Castor canadensis) está también en la zona continental de la Región de Magallanes desde la década del ‘90, lo que plantea la preocupante inquietud acerca de cuál puede llegar a ser el perjuicio sobre el medio ambiente de sectores con alto valor ecológico y paisajístico, como son las áreas silvestres protegidas por las reservas cercanas a la ciudad de Punta Arenas, o incluso el Parque Nacional Torres del Paine, reconocido por la Unesco como reserva de la biósfera.

Pero los investigadores constantemente están preguntándose: ¿Cómo establecer cuál es efectivamente el riesgo de que el castor colonice un determinado sector? ¿Cómo anticiparse y tomar decisiones de control acertadas? Lo que se sabe hasta ahora es que este roedor ha demostrado una sorprendente habilidad para adaptarse a entornos que se pensaba le serían hostiles.

“El castor habita principalmente en cursos de agua que puede modificar, rodeados, por ejemplo, de zonas de bosque ya que utiliza los árboles tanto como alimentación, como material para construir sus diques”, explica Jonathan Lara, veterinario y asesor técnico del proyecto Gef Castor.

Se pensaba, por lo tanto, que las zonas de praderas y arbustos no eran apropiadas para su asentamiento y serían una barrera natural para su expansión. Pero el castor modificó sus conductas: en vez de construir sus casas al centro de los cursos de agua, utilizando troncos y ramas, se adaptó a cavar madrigueras en la visera de los ríos. Esta flexibilidad para adaptarse a ambientes desafiantes, más el hecho de que en la Patagonia el castor carece de depredadores naturales, permitió que la especie se asentara exitosamente en la zona norte de Tierra del Fuego y lograra incluso cruzar el estrecho de Magallanes, utilizando la isla Dawson como puente natural para llegar al continente.

Esto demuestra lo urgente e importante que es predecir cómo esta especie podría avanzar en territorio continental, para prevenir que la devastación que hoy existe en Tierra del Fuego, pueda replicarse en la zona continental de la Patagonia, tanto chilena como argentina.

En su tesis doctoral, publicada en 2014, el biólogo Derek Corcoran buscó responder esta pregunta, analizando qué ambientes y ecosistemas del continente cumplen con un conjunto de condiciones que podrían transformarlos en las rutas migratorias por las cuales el castor podría ascender y afectar territorios de alto valor ecológico. Utilizando modelos que consideran características climáticas, hidrológicas y que también incluyen las condiciones bióticas y abióticas, entre otras, arribó a una preocupante conclusión: localidades como Cerro Castillo y Torres del Paine en Magallanes, e incluso Villa O´Higgins y Cochrane, en la Región de Aysén, podrían recibir a este invasor, el que desde estos lugares podría dispersarse hacia Río Turbio y El Calafate en Argentina. 

La prioridad de
monitorear

Monitorear el avance del castor se transforma, entonces, en una prioridad al momento de definir la estrategia con la cual el país se hará cargo del enorme desafío de evitar daños irreparables al patrimonio ecológico de Magallanes. Desde 2017, la labor de definir esta estrategia está a cargo del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor canadensis), una especie exótica invasora en la Patagonia chilena”, conocido como Gef Castor.

Este proyecto es ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y financiado por el Global Environment Facility (Gef), a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao). Socios estratégicos, y co-ejecutores de este proyecto son el Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la ONG Wildlife Conservation Society (WCS)