Condena mundial a junta militar de Birmania por muerte de decenas de niños
Desde este viernes, la junta militar birmana es objeto de una masiva condena internacional por la muerte de más de 40 niños y las “desapariciones forzosas” de centenares de personas en la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado.
Más de 543 personas, entre ellas 44 niños, murieron en dos meses en la represión de las movilizaciones contra el golpe militar del 1 de febrero, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
Cerca de 2.700 personas han sido detenidas y centenares se encuentran desaparecidas, según esta ONG local.
En un contexto de creciente violencia, la organización Save the Children dijo que el número de jóvenes muertos se ha más que duplicado en los últimos 12 días.
“Resulta chocante que los niños figuren entre las víctimas de estos fatales ataques, pese a los llamados a protegerlos”, indicaron en un comunicado desde la organización.
“Es particularmente aterrador que varios de esos niños hayan sido asesinados en sus casas, donde en principio deberían estar protegidos”, agregaron.
Las autoridades han procedido a numerosas detenciones durante registros nocturnos en domicilios de personas sospechosas de apoyar a las manifestaciones o al movimiento de desobediencia civil contra el golpe.
Según Human Rights Watch (HRW), la junta ha provocado la “desaparición forzosa” de cientos de personas al rehusar confirmar su ubicación o permitir a los detenidos un acceso a sus abogados.
“La junta militar generaliza las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas, para imponer el miedo entre los manifestantes”, asegura el director de HRW para Asia, Brad Adams.
Ante esta creciente violencia, las condenas de países y organismos internacionales han ido en aumento.
El Consejo de Seguridad de la Onu manifestó en una declaración unánime que “condena enérgicamente” las muertes de centenares de civiles en Birmania.
El Reino Unido, la antigua potencia colonial, impuso nuevas sanciones contra los intereses financieros de la junta, en concreto contra el conglomerado Myanmar Economic Corporation (Mec).
Pero de momento ni las sanciones ni las condenas han hecho mella en la junta militar, que prosigue su brutal represión contra los manifestantes.
