Cuando las instituciones quedan en manos de privados

De todos los eventos ocurridos en las últimas semanas hay uno que no pasó inadvertido y fue motivo de mucha preocupación en nuestras comunidades, y que está relacionado con un niño en un hogar de Sename en Providencia.

La preocupación estriba en cómo esos niños, niñas y jóvenes viven su día a día en estos hogares, supuestamente protegidos y amparados por el Estado chileno. Porque se da la paradoja de que los y las menores ven vulnerados sus derechos o son violentados en los lugares que están para su protección. Y no es el único, son muchas las políticas públicas que más bien generan conflictos y acarrean problemas a los ciudadanos que una real solución.

Los programas piloto se echan andar con recursos y voluntad para realizarlos. Lamentablemente año tras año los presupuestos para tales iniciativas sufren recortes para mantener en equilibrio los gastos del estado; lo que termina más temprano que tarde con un financiamiento que no cubre todo lo que se requiere para intervenir.

La forma más usada para mantener operaciones es la tercerización de los servicios requeridos por el Estado, so pretexto de que el Estado es ineficiente o racional en el uso de los recursos. Operar en esas circunstancias atenta con la buena atención y cuidados de los grupos vulnerables; los ejemplos abundan y todos o todas saben o conocen de ellos.

El único que nunca sabe o que hace oídos sordos a esta situación es el mismo Estado, que siempre es sorprendido en estas situaciones, y que responde casi con un “me enteré por la prensa”, ya que es la divulgación por los medios de comunicación lo que finalmente pone en alerta de lo sucedido; es decir, los reclamos o denuncias de los usuarios o sus familias sistemáticamente son ignorados por quien financia y mantiene estos programas.

Lamentablemente esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo en muchas iniciativas y acciones para grupos vulnerables de nuestra comunidad, donde están niños y niñas en situación de vulnerabilidad física o social, personas que viven con discapacidad o adultos mayores entre otros. Debiendo ser una responsabilidad inherente al Estado velar por ellos, terminan siendo tercerizados. Si no hay un privado o una ONG que lo realice es obligación del Estado proveer los  sistemas para la atención de estos chilenos o chilenas. Pero habiéndolo deja de ser prioritario para el Estado, deja de ser su responsabilidad y por lo establecido en la Constitución, el Estado no compite con los privados respecto a esta atención de grupos vulnerables de nuestra población.

Es lo que conocemos como el rol subsidiario del Estado chileno. Sólo si nadie lo hace, es deber del estado hacerlo. Por eso se requiere urgente
un cambio constitucional en esta área.

Así en Magallanes en este año hemos conocido de cómo una institución de carácter nacional deja de operar una residencia para adultos mayores en Punta Arenas, por poco rentable y simplemente abandona su trabajo, con el silencio cómplice de instituciones sociales del Estado que están para ese fin. Pero también ha ocurrido con una institución que por años se había ocupado de los niños en situación de abandono social.

Esta institución magallánica ha sido desplazada para favorecer a otras instituciones no locales sino que nacionales, para cumplir estas tareas. El cierre hace algunos años del Hogar del Niño en Miraflores por poco rentable es un hecho también de la causa.

Son ejemplos que se basan en una sociedad más de mercado y de rentabilidad económica que social.

Es en este nuevo escenario social, donde radica la importancia de la administración territorial, porque son las organizaciones comunitarias que van velando por satisfacer las necesidades de la población.

Pero el Estado centralista justamente interfiere buscando siempre, ya no relacionarse localmente con diversas agrupación para estas tareas; sino que más bien con una o dos instituciones de carácter nacional que atienden las diversas y variadas necesidades que tienen en el territorio.

Esta mirada de un programa de carácter único -implementado exactamente igual en todo el territorio- no es capaz de dar respuestas a las variables locales, a esas diferencias y particularidades (no sólo en lo social).
Es por esto la importancia que tiene la elección de los alcaldes: es la elección más cercana a la gente en términos de administración y uso del territorio. La elección de un gestor local requiere necesariamente más que una figura que nos sea simpática o cercana, sino que en la capacidad de formar y dirigir equipos que trabajen en resolver las problemáticas sociales de una comunidad. La forma cómo se hace cargo de los problemas y se administran las realidades territoriales hacen que en definitiva sea la elección más importante para cada comunidad.

La postergación de la elección permitirá conocer de sus programas y acciones. Así los problemas locales tendrán respuesta local, articulando servicios y recursos locales y nacionales. Es tiempo de decidir por y para todos. Está en tus manos cambiar la historia de muchos magallánicos en sólo cinco semanas más.