Parlamentarios rechazan declaración judicial del general Yáñez sobre el rol de Carabineros durante el 18-O

Las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ante la fiscal del Ministerio Público, Claudia Perivancich, en la investigación donde la fiscal busca determinar si hubo o no delitos de lesa humanidad durante el “estallido social”, no pasaron inadvertidas.

Yañez, quien se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad durante el mando de Mario Rozas, fue sometido a un interrogatorio de 10 horas, donde justificó los procedimientos de Carabineros y “descartó absolutamente” que la institución haya desplegado una política de ataque sistemático contra la población.

“La mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros. Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en sentido contrario, esto es, cumplir los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar la integridad de los detenidos, y esto aún en situaciones de agresión a Carabineros o que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés por recuperar el orden público”, indicó.

En el Congreso, las declaraciones del jefe de la policía uniformada causaron polémica. “Son gravísimas, no sabemos en qué país está viviendo”, indicó el diputado Jorge Brito (RD), mientras la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado (PS), sostuvo que “una vez más Carabineros insiste en esconder y no reconocer que hay un descontrol de las policías, que se da por la justificación constante que hacen autoridades civiles y policiales a los abusos”.

Para Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, “las declaraciones son insólitas, es como que tengamos que darle las gracias a Carabineros de que no salieron a matar ciudadanos en el contexto del ‘estallido social’, que sólo mutilaron sus ojos, que solo dispararon a la cabeza bombas lacrimógenas, que sólo torturaron o cometieron abusos sexuales o desnudamientos en comisarías, o que solo lanzaron al puente de Pío Nono a un adolescente, pero no salieron a matar”.

En resumen, y contradiciendo lo señalado por el general director de Carabineros, a juicio de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, “sí hubo un ataque a la población las más de 600 personas mutiladas los miles de detenidos y cientas de acusaciones de torturas así lo demuestran, por eso considero inaceptables las palabras del general Yáñez”.

La declaración
de Yáñez

En sus declaraciones a la fiscal Perivancich, el jefe de la policía uniformada además dio otros detales de la respuesta de Carabineros durante el estallido social. Respecto a las tareas de orden público, comentó que “al 18 de octubre, de un total de 60.000 funcionarios, sólo 2.000 carabineros estaban destinados a cumplir esta labor específica, técnica y especializada”. Y  producto del “estallido social” esa cifra “se engrosó a 29.000 (al 25 de octubre) por la gravedad de la contingencia”.

En cuanto a la relación con La Moneda, Yáñez indicó que “los lineamientos del gobierno apuntaban a resguardar a las personas, la propiedad pública y privada y minimizar los riesgos de daños a las personas y a personal de Carabineros”, y reconoció que los nexos con el Ministerio del Interior se intensificaron durante las semanas de crisis.

Respeto a las víctimas de lesiones oculares, el jefe de Carabineros indicó que “el general director fue evaluando la situación hasta que se acotó el uso de la escopeta antidisturbios”, tras un estudio de la Universidad de Chile que reveló que la composición de los perdigones sólo contenían 20% de goma, aunque un informe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros señalaba que estaban fabricados de caucho.