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Comisión Chilena de DD.HH. y ex juez Garzón presentaron la acusación contra el Jefe de Estado

Denuncian al Presidente Piñera por crímenes de lesa humanidad

Por Agencias Viernes 30 de Abril del 2021

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Ante la Corte Penal Internacional (CPI), la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el ex juez Baltazar Garzón presentaron una denuncia contra el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades políticas y policiales, “por su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad” desde las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 hasta la fecha.

“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, señala la declaración del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta Trincado, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (Cred), representado por Fabio Marcelli y la Asociación Americana de Juristas (Aaj), representada por Vanessa Ramos.

La declaración subraya que “los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar en la impunidad”.

Los firmantes acusan además un “grave incumplimiento” del Gobierno a las recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh formuló en el mes de diciembre de 2019) a Chile y enfatiza  que “los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos”.

Asimismo, acusaron una “omisión” del Ministerio Público “de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la justicia”.