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Ni tan pobre para el Estado ni tan sólido para el banco

Por Emilio Boccazzi Campos Lunes 10 de Mayo del 2021

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En estos días, nos encontramos preparando un nuevo convenio de programación para la construcción de viviendas sociales (con financiamiento del Estado y de la región). Estos convenios que no son otra cosa, que “emprender una sociedad”, un sumar fuerzas entre el Estado central, representado por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, representada por el gobierno regional, y en forma específica por el Consejo Regional. Es decir, platita del erario nacional y platita de la región sumadas para la consecución de más y mejores viviendas.

El primer convenio de programación para la construcción de viviendas, se remonta al año 1998, cuando por primera vez, se reconoció que era importante sumar recursos, y con ello, se logró construir el barrio Cardenal Raúl Silva Henríquez en Punta Arenas (ex Barrio Los Glaciares) y en Puerto Natales el inicio del poblamiento del sector sur de la ciudad, que hoy concentra una importante población en la capital del turismo. También se materializaron viviendas en Porvenir y en Puerto Williams.

Sin duda, la concreción en su momento de un barrio modelo como se planteó (Barrio Silva Henríquez), con calles y pasajes más anchos, diversidad de viviendas (en Punta Arenas se construyeron 7 tipos de soluciones), colectores de aguas lluvias incorporados, y una serie de mejoras a las viviendas que venían construyéndose en la región, significó un antes y un después. En el año 1999 se superó el déficit histórico de viviendas en la región.

En dicha sociedad con el Estado central, el aporte del Ministerio de la Vivienda alcanzaba a un 74% y el aporte del Core, alcanzaba a un 26%. Hoy, con los últimos convenios, ha habido momentos, en que en algunos loteos, el aporte ha sido casi parejo en el 50%, lo que evidentemente lesiona el presupuesto regional, toda vez que con los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), no sólo se deben construir viviendas, sino que mejoramientos y normalización de consultorios o Cesfam, apoyo y cofinanciamiento en arreglo de colegios, cofinanciamiento en la construcción de hospitales, ampliaciones, equipamiento, postas rurales, construcción de caminos, calles, semaforización, apoyo a Conaf regional, Agricultura, Inia y un cuánto hay de necesidades regionales.

Por ello, la defensa del presupuesto regional por parte no sólo del Consejo Regional, sino que de los funcionarios del Ministerio de la Vivienda y del Serviu en la región, es vital. Trato justo y colaboración en una materia que esencialmente está radicada en la cartera de Vivienda, pero donde la región (todos los magallánicos) ponemos recursos para mejorar y completar las altas exigencias en materia de Urbanización y de vivienda más sólidas y amplias.

Por otro lado, ad portas de discutirse en estos días, un nuevo convenio (el último habría terminado en 2020), es importante considerar la materialización de viviendas en todas las comunas de la región, de manera de generar una distribución territorial más justa y homogénea. ¿Hace cuántos años que el Estado no materializa una vivienda en Torres del Paine, San Gregorio, Cerro Sombrero o Laguna Blanca, por nombrar sólo a algunas comunas o poblados ? ¿Es, esto justo?.

En lo concerniente al perfil socio-económico de los postulantes y de los beneficiados, y que da el título a nuestra columna de hoy, “ni tan pobre para el Estado ni tan sólido para el Banco”, es una realidad, que la escuchamos, la sentimos y la vivimos en nuestros entornos más inmediatos, a través de amigos, familiares y conocidos, que no son objeto de calificación por parte de las soluciones que el Estado entrega, ni tampoco son atendidos por las entidades financieras para poder acceder a un crédito hipotecario. La gente que busca que el Registro Social de Hogares los deje en el 40% de mayor vulnerabilidad, tiene a las personas al borde de un ataque de nervios y haciendo las piruetas más increíbles.

Por ello, es primordial, clave, decisivo, el recuperar la cartera hipotecaria en el Serviu, y el que el Ministerio vuelva a generar programas de Vivienda para la clase media y media baja, que tuvo, por ejemplo, en el Programa Especial de Trabajadores (P.E.T.) la posibilidad de alcanzar la solución a su tema habitacional. Eso debe volver, en una versión mejorada y ampliada.

Todos pueden pagar algo (a manera de los que era antiguamente pagar un adecuado crédito de bajo y razonable monto), de manera que la recaudación permita, como si fuera una “rueda”, que a todos les toque su solución y no se deba esperar la vida entera en algunos casos, en especial los magallánicos nacidos y criados y, muchos años, la gente que ha llegado más recientemente a la región. Para lo anterior, se necesitará autoridades regionales empoderadas y no simples “Yes,Man”.

Estaremos observando. Y el próximo fin de semana amigo(a) lector(a), vaya a votar. En una sociedad hay derechos y deberes que deben cumplir todos.