Contrarreloj y con reparos avanza proyecto que entrega facultades a gobernadores

Iniciativa recién pasó a su segundo trámite legislativo, con apoyo pero sin convencimiento.

“Intentar forzar los pasos” para lograr que existan estructuras regionales con algún grado de mayor eficiencia, ha sido una frase recurrente en las intervenciones del senador Carlos Bianchi y en la discusión producida al interior de la Comisión de Gobierno del Senado.

Las facultades, resolutividad y competencias que tendrá el nuevo cargo de gobernador regional parecen haber dado un paso importante la tarde del pasado miércoles, luego que el Senado aprobara parte de un aspecto clave de cara al funcionamiento de este nuevo cargo: el traspaso de competencias y su regulación.

En la propuesta destaca que el gobernador regional será el superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales y que las competencias transferidas de manera definitiva sólo podrán revocarse mediante una ley. Asimismo, se establece como ente dirimente a la Contraloría, que dispondrá de un procedimiento de resolución de competencias en caso de que surjan diferencias entre los futuros gobernadores y los delegados presidenciales.

Sin embargo, la opinión del parlamentario magallánico acerca de la falta de competencia para la nueva autoridad no es la única que va en esa dirección. La mayoría de quienes aprobaron durante la jornada (incluyendo a los senadores Bianchi y Carolina Goic) lo hicieron poco convencidos, pero entendiendo muchos de ellos que a esta altura no queda más que apoyar y quedar a la espera de que “en el camino se arregle la carga”.

El senador Alejandro Navarro (Pro) calificó lo ocurrido el miércoles como sólo “un barniz” para quienes “llegarán desnudos al nuevo cargo”, mientras su par Luz Ebensberger (Udi) dijo que “con suerte se arregla la situación para que no sea desastrosa”.

A segundo trámite

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para iniciar su segundo trámite legislativo, por lo que algunos lo siguen viendo como un tema no resuelto y apostando a que será un proceso paulatino con eso de “tiempo al tiempo”. No obstante, la realidad indica que a menos de dos meses de la asunción de la autoridad (en Magallanes Jorge Flies) las transferencias de competencias y de recursos aún siguen sin ver luz verde en el Congreso, y que la complejidad del tema puede dilatar la discusión en la Cámara Baja.

Uno de los puntos en discordia ha sido la transferencia financiera, donde se apunta a establecer normas de responsabilidad fiscal y la creación de fondos con el objeto de dotarlos de las herramientas necesarias para una descentralización en materia de recursos. Lo segundo es la transferencia de competencia, que busca definir claramente una toma de decisiones sin duplicidad de funciones.

“Está demostrado una vez más que va a ser casi imposible que un gobernador o un gobierno regional logre, finalmente, tener un traspaso de competencias, pondría incluso en duda que haya una señal distinta, porque están todas las potestades para que esto se mantenga como facultad del Presidente de la República”, expone Bianchi.

La transferencia de una competencia desde un gobierno regional surge como un camino empedrado y de largo aliento. El procedimiento tiene al menos 5 instancias para el rechazo y sólo una para la aprobación. Se detalla de la siguiente manera: el gobernador solicita un traspaso de competencia que, para seguir el conducto debe contar con el respaldo de un determinado quórum por parte del Consejo Regional. Luego es despachada y analizada por un comité interministerial de descentralización con 3 representantes de gobierno, quienes pueden dar “luz verde” o declararla inadmisible. Posteriormente, pasa a una comisión de análisis integrada por representantes del poder central, el Ejecutivo y el propio gobierno regional, trabajo que se puede dilatar hasta por 6 meses. Tras esto, la propuesta o queda lista para la aprobación o se proponen modificaciones (que deberían ser vistas por el Consejo Regional). Si hay acuerdo, la propuesta final pasa al Presidente de la República, quien tiene la facultad de aprobar o rechazar.

“Silencio administrativo”

Pero también hay otra “instancia”, la que se conoce como el “silencio administrativo”. En la práctica, es el nombre que se da cuando se pide una competencia y el gobierno central no responde. Este punto también generó una fuerte discusión entre los legisladores y el Ejecutivo, ya que mientras los primeros abogaron para que luego de 6 meses sin respuesta eso se entendiera como una aprobación, el gobierno insistió en que se tomara como un “rechazo”.

La tarde del miércoles este último punto fue zanjado en el Senado, cuando por 31 votos a favor el texto quedó redactado de la siguiente manera: “En caso de solicitar la competencia, el no tener un pronunciamiento favorable o desfavorable por parte de la autoridad, y mientras esta circunstancia sea debidamente representada por el respectivo gobierno regional al comité de descentralización, se procederá a rechazar expresamente la solicitud de transferencia de competencias mediante un decreto firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública”.