Caso SQM: fiscal Perivancich explicó decisión de no perseverar y responsabilizó a Impuestos Internos

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, explicó las razones por las cuales se decidió no perseverar en la investigación contra 34 personas en el denominado Caso SQM, el cual comenzó en 2015 por el presunto financiamiento ilegal de campañas ilegales.

Entre las personas beneficiadas con esta decisión, aparece el ex Ministro del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo (PPD). Están también los hijos del actual vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC) -quien fue sobreseído-, Benjamín y Jorge Pizarro; la hermana del ex senador PS Fulvio Rossi, Irina Rossi; y Harold Correa (PPD), ex jefe de gabinete del ex ministro concertacionista, Nicolás Eyzaguirre.

El Caso SQM, que es una arista del Caso Penta, se refiere al financiamiento ilegal realizado por la empresa minera Soquimich, y en el que había pagos a políticos de todos los espectros y por el cual se investigaron a cientos de ellos y sus campañas.

“Nuestro sistema obliga a que el inicio de la acción en cualquier investigación penal, respecto de la comisión de delitos tributarios, tenga como punto de partida una denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos”, dijo la fiscal Perivancich.

“No existiendo aquella, no es posible formular acusación en contra de estas personas y, por otro lado, no podemos mantener permanentemente vigente las investigaciones”, añadió.

Sin embargo, la persecutora aseguró que “el Ministerio Público tenía convicciones para imputar delitos tributarios”, explicando que esas convicciones permitían “entender que (las 34 personas) habían tenido participación en delitos tributarios que involucraron la declaración tributaria de la empresa SQM”.

Sin embargo, Perivancich aseguró que esta “no es la única arista” del caso, explicando que también hay una acusación de delitos tributarios contra 16 personas, entre ellos, el gerente general de la empresa SQM, Patricio Contesse, y el ex senador de la Udi, Pablo Longueira.

Al ejecutivo se le imputa el delito de soborno, mientras que, al político, el de cohecho.