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EDITORIAL

Abigeato, cierre sin culpables

Por La Prensa Austral Sábado 14 de Agosto del 2021

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Un nuevo revés ha tenido la lucha contra el abigeato y el faenamiento clandestino en la región. Ello, luego de que el fiscal Fernando Dobson solicitara al Juzgado de Garantía su decisión de no perseverar en la investigación por la pérdida de más de un millar de ganado ovino.

La indagatoria se había originado en una querella interpuesta en contra de todos los que resulten responsables de la sustracción de tal cantidad de animales. La acción fue interpuesta hace dos años por la Ganadera Cañadón Grande Limitada.

De acuerdo a la revisión realizada, entre los años 2018 y 2019, en la estancia ubicada en la comuna de San Gregorio se determinó que faltaban 313 corderos hembras, 181 corderos machos y 869 ovejas.

Sin embargo, el fiscal resolvió dar por cerrada la investigación el 27 de mayo pasado y su decisión de no seguir adelante se basó en que no pudo reunir los antecedentes necesarios para formalizar y fundar una acusación en contra de un imputado determinado.

El abigeato es un problema que no sólo se registra en nuestra zona, sino que se observa a lo largo de todo el país y, pese a que para encararlo de mejor manera se establecieron modificaciones legales, se ha observado poco avance en la persecución de todos quienes participan de esta cadena delictiva.

Así, sigue siendo bajísima la tasa -menos de 1%- de las causas de abigeato abiertas y que terminan con una sentencia condenatoria en el país.

En regiones como Magallanes, la persecución de este tipo de ilícitos se hace más difícil por su extensión territorial y por la falta de controles policiales y de los servicios especializados en los predios rurales que están demasiado apartados.

Pero, también es cierto que, al menos popularmente en diversas localidades, es bastante conocida la red de sustractores y comercialización ilegal de los animales, repitiéndose los nombres y los modus operandi.

El delito del abigeato tiene que ser perseguido y, para ello, no basta con alentar las denuncias si, frente a ellas, los organismos competentes y la Fiscalía se muestran incapaces de establecer acciones que lleven a elevar la tasa de causas que terminen con sentencias acusatorias.