Alto funcionario de justicia fue fiscalizado conduciendo bajo los efectos del alcohol

Un alto funcionario del sistema judicial en Magallanes fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol, razón por la cual los antecedentes del caso fueron remitidos a la Fiscalía.

El hecho, confirmado ayer por Carabineros, fue parte del operativo desarrollado por personal policial y de Senda durante la noche del viernes y madrugada de sábado, en la cual se detectó a dos conductores infringiendo las normas de manejo.

De acuerdo con los antecedentes, el abogado Pablo Miño Barrera, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, fue fiscalizado en el sector norte de Punta Arenas poco antes de la medianoche, constatándose que se desplazaba en su vehículo conduciendo “bajo la influencia del alcohol”, lo que de acuerdo a la respectiva ley corresponde a las personas que mantienen entre 0,3 y 0,8 gramos de alcohol en la sangre.

El procedimiento que corresponde en estos casos, y que Carabineros aseguró haberse efectuado de manera normal, es trasladar al conductor hasta el Hospital Clínico para el respecto examen de alcoholemia. Además, el vehículo debe ser retirado por un tercero.

En cuanto a las sanciones que determina la justicia para estos casos, es la suspensión de la licencia de conducir por 3 meses y el pago de una multa que va de 1 y 5 UTM (alrededor de $262 mil). Lo anterior, considerando que no existe reincidencia y que no se registraron lesionados ni daños.

Además, del caso anterior, una segunda persona fiscalizada durante los controles policiales que buscan, justamente, velar por la conducción responsable, manejaba su automóvil en estado de ebriedad (más de 0,8 gramos de alcohol en la sangre). Aquí el procedimiento es similar, aunque las penas pueden llegar a cárcel y a la suspensión de la licencia por 3 años. Además, la multa se duplica.

En la jornada se efectuaron 120 controles, tanto a conductores como a transeúntes, arrojando como saldo 4 personas infraccionadas y la realización de 31 exámenes Intoxilyzer.

“Aclaración pública”

A través de una “aclaración pública” la jurisdicción Punta Arenas del Poder Judicial, a través de su área de Comunicaciones, confirmó la situación vivida por el abogado Miño.

Señala que “el examen de Intoxilyzer (prueba de soplido) marcó una dosificación de alcohol en la sangre que, de acuerdo a la Ley de Tránsito, podría configurar la falta de conducción bajo la influencia del alcohol, figura que no constituiría delito, lo que debe ser confirmado o descartado por el resultado de la alcoholemia”.

El magistrado Miño se sometió voluntariamente a la alcoholemia, sin que en ningún momento requiriera de algún trato especial en razón del cargo que sirve en el Poder Judicial. Como establece la ley mencionada, está a la espera del curso de la investigación que ha de efectuar el Ministerio Público, una vez que Carabineros envíe a dicha institución el parte formal de lo ocurrido”, se señala.