Comisión mixta busca resolver “ley corta” para proceso de descentralización del país

Ayer se constituyó la comisión mixta que buscará zanjar las diferencias que mantienen entrampado el proyecto de ley destinado a implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país.

En esta primera reunión, el senador Carlos Bianchi fue elegido de manera unánime para presidir la instancia, responsabilidad que dijo asumir con mucho orgullo y decisión para buscar acuerdos en torno al proyecto y a las diferencias surgidas entre ambas cámaras.

“Espero, por el bien del país, que haya avances verdaderos. No vamos a negarnos a discutir temas que son de la mayor controversia. Anhelo que la posición que hoy nos muestra el gobierno no sea la posición que tenga el Presidente de la República cuando se reúna con los gobernadores. Espero apertura, diálogo y encontrar acuerdo”, enfatizó Bianchi, recordando que se llega a esta instancia luego que la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar y el Ejecutivo propusiera mantener el texto aprobado por el Senado.

La idea matriz del proyecto propone definir el concepto de competencia en forma unívoca; establecer un procedimiento de seguimiento y evaluación de las competencias transferidas; establecer la revocación de competencias por ley; crear un procedimiento que resuelva las cuestiones de competencias que puedan surgir de la aplicación de la nueva normativa que rige la actuación de los gobiernos regionales, a cargo del contralor general; incluir normas para evitar la duplicidad de funciones y propender a la unidad de acción, una vez transferidas las competencias; establecer al gobernador regional como superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales; precisar el rol de la unidad de control del gobierno regional y regular el silencio administrativo.

Justamente, esto último es uno de los temas más discutidos de esta “ley corta”. La normativa establece que, en caso de que solicitada la competencia no se haya producido un pronunciamiento, ya sea favorable o desfavorable por parte de la autoridad o no exista constancia de comunicación alguna con el gobierno regional en dicho sentido, en el plazo de seis meses se procederá a rechazar expresamente la solicitud de transferencia de competencias mediante un decreto firmado por el ministro del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, el cual además será suscrito por los ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.

También se han discutido y modificado las funciones de las secretarías regionales ministeriales, las que ahora deben “coordinarse con el gobernador regional en relación a las políticas, planes, y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional y que digan relación con el respectivo sector”.