Reparación económica para ex presos políticos
En abril de 2017, un grupo de ex presos políticos, todos domiciliados en Punta Arenas, presentó una demanda en contra del Estado chileno, buscando obtener una reparación económica por su condición de ex presos políticos sometidos a torturas indecibles en sus pasos por diversos centros de detención durante la dictadura.
Todos tienen en común haber sido confinados, junto a otras personas, en la isla Dawson, donde se levantó un verdadero campo de concentración y de apremios ilegítimos, teniendo el triste calificativo de ser, así, el centro de detención y de tortura más austral del mundo.
Cada uno de los demandantes solicitaba $200 millones y el caso vivió diferentes etapas procesales, hasta que la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia inicial del juez Javier Toledo, quien dio por acreditado que las víctimas fueron apresadas, torturadas y relegadas, en algunos casos, por agentes del Estado. Igualmente, se avaló que este trato inhumano ha provocado a los demandantes diversas secuelas de salud física y psicológica, las que correspondían indemnizar.
La semana pasada, el subsecretario de Justicia decretó a la Tesorería Regional de la Magallanes que se cursara el pago de la indemnización, erogando unos $1.500 millones en total, a favor de 17 demandantes.
Este tipo de fallos y sus sentencias tienen como premisa que el Estado está sujeto a la regla de responsabilidad, cuando sus agentes han violado los derechos humanos de sus ciudadanos, cuestión que tiene un amplio respaldo en la legislación nacional y está contemplada en diversos tratados internacionales.
Igualmente, es amplio el respaldo jurídico que le asiste a las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario, quienes pueden interponer recursos efectivos con miras a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.
