Necrológicas

– Luis Ramón Carpanetti Fuentealba
– Olga Ester Jerez Hidalgo

– María Angela Muñoz Bahamonde

Reclaman soluciones desde 2017

Pese a gestiones, informes y compromisos los problemas persisten en condominio San Ignacio III

Martes 24 de Agosto del 2021

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Desde 2017 los habitantes del condominio San Ignacio III reclaman soluciones a las fallas estructurales que presentan edificios de planes habitacionales sociales.

Fue tras el temporal registrado hace algunos días, y que generó importantes daños en algunos edificios, principalmente en Brisas del Sur (sector surponiente de Punta Arenas), que la empresa Salfa se comprometió con el municipio a revisar el estado estructural de la totalidad de los departamentos que se han levantado como parte de los planes sociales en la última década.

El principal malestar surge del condominio San Ignacio III que, por más de 4 años, ha presentado problemas. “Las palabras y buenas intenciones que se han hecho públicas contrasta con las respuestas que se nos vienen entregando. Hemos hecho gestiones y logrado compromisos que han quedado sólo en eso. Ellos vienen a ver, quedan en volver y luego no aparecen diciendo que no nos pueden ubicar. Así los problemas continúan”, señala Karina Faúndez, quien anunció que el viernes volverán a manifestarse, esta vez en la Plaza de Armas.

El pasado 9 de agosto la empresa Salfa le envió una carta donde se señala que “hemos analizado su solicitud en relación a la posibilidad de levantar las cañerías de agua sobre la superficie, a modo de prevenir posibles filtraciones a futuro”. Se agrega que “al evaluar dicha propuesta, se determina que no es posible llevar a cabo el requerimiento, en cuanto a que la vivienda no presenta problemas de filtración con un historial reiterativo. Sin embargo, es nuestro compromiso como empresa, velar por el correcto funcionamiento de sus hogares, por lo que, en caso de que se evidencie una filtración de este tipo, se tomarán las medidas que correspondan a nuestra competencia. Es decir, se avaluará caso a caso, en la medida que se presenta la situación antes decretada”.

Investigación
de Contraloría

Fue esta propia vecina quien en 2020 solicitó a Contraloría investigar las eventuales irregularidades en que pudo haber incurrido el Serviu. El informe levantado por el ente fiscalizador concluyó que el servicio no aportó los antecedentes suficientes para subsanar las observaciones y que correspondía la adopción de medidas pertinentes para que las situaciones objetadas no se reiteraran en lo sucesivo.

En el informe de Contraloría se observó que “el Serviu Magallanes devolvió al contratista la boleta que caucionaba la buena ejecución de las obras y su buen comportamiento, no obstante existían problemas de humedad en los departamentos ubicados en el primer piso de los edificios del “Condominio San Ignacio 3”, y aunque hubo intentos por parte de la empresa constructora para su solución, la situación se mantuvo en el transcurso de los años 2017, 2018 y 2019, e inclusive durante la visita efectuada por funcionarios de esta Contraloría Regional, el 4 de marzo de 2020, en la cual se verificaron trabajos por parte del contratista en los muros exteriores del block A, departamentos 102 y 104, los que se relacionan directamente con la erradicación de la humedad interior de los inmuebles. Por tal motivo, se requirió al servicio, en lo sucesivo, adoptar las medidas correctivas pertinentes”.

Se agregó que el Serviu Magallanes no fiscalizó el cabal cumplimiento del servicio de gestión técnica y social de proyectos que debe efectuar la entidad patrocinante, en cuanto a que, en los talleres expositivos, los beneficiarios no recibían toda la información en relación con el servicio de post venta que le compete a la empresa constructora, omitiéndose los 120 días corridos posteriores a la entrega de las viviendas -correspondientes a la garantía de buena ejecución de las obras y su buen comportamiento-, la cual es coordinada por la entidad patrocinante, situación que no se aviene a lo dispuesto en el numeral 57, de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de este origen, que aprueba normas de control interno de la Contraloría General, que establece que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos.