Violencia gineco-obstétrica
Cuando se abordan las temáticas de inequidad y de violencia en contra de las mujeres, poco se habla de una forma de agresión que ha sufrido, al menos, el 25% de las embarazadas al momento de controlarse o de dar a luz, según las estadísticas que se barajan respecto de las atenciones en el sector público.
Mayor es el porcentaje 56,4% que señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto.
Es la denominada violencia gineco-obstétrica, que ocurre a lo largo de todas las fases de un embarazo, es decir, en los ámbitos de la gestación, preparto, parto, post-parto y aborto en las causales establecidas por la ley.
La Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados aprobó en general, por unanimidad, el proyecto de ley que fue ingresado al Congreso y que es conocido como “Ley Adriana”.
El nombre deriva de la lamentable experiencia sufrida por Adriana Palacios, cuyo caso se remonta a 2017 cuando, en la localidad de Alto Hospicio, sufrió violencia obstétrica y negligencias médicas, las que, además, tuvieron un triste saldo: su hija Trinidad nació sin vida.
Este caso sirvió de base para la referida propuesta legislativa, en cuanto con ella se busca establecer los derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual. Además, expresamente sanciona la violencia gineco-obstétrica.
Los profesionales del área que asistieron a la comisión admitieron que existe un factor cultural detrás de este maltrato y también una brecha de la cual el país tiene que hacerse cargo respecto de recursos humanos como de infraestructura para poder lograr una atención del parto con calidad.
Esto tiene que ser complementado con mayor información y educación, acompañamiento durante el proceso y un enfoque preventivo de promoción de los derechos de la mujer, del recién nacido y de la pareja.
