Plataforma continental, la respuesta legal y diplomática

Durante la semana pasada, Chile oficializó la actualización del límite exterior de la plataforma continental desde Punta Puga, en la Región de Los Lagos, hasta las islas Diego Ramírez, ubicadas en nuestra zona.

De esta forma, el Presidente Piñera dio curso a una de las declaratorias más esperadas y cuya demora le había valido muchísimos cuestionamientos a la Cancillería chilena en la última década.

Este acto concitó el inmediato rechazo del gobierno argentino, el cual, a través de un comunicado emitido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental trasandina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”. Respecto de estos últimos, puntualizó que dichos territorios “forman parte del Patrimonio Común de la Humanidad de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

No es menor considerar que el acto administrativo, político y soberano de Chile se dio a sólo semanas de que se produjera el insólito hecho de que Argentina comenzara a hablar del estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”. Tras la enérgica protesta nacional, el gobierno de Fernández debió recular y aceptar el reclamo chileno.

Lo cierto es que el Ministerio de RR.EE. del vecino país nos tiene acostumbrados a una política exterior desafiante, que busca constantemente arrinconar a Chile respecto de límites, derechos territoriales y soberanía. Sólo en el caso de la plataforma continental las pretensiones argentinas estaban fijadas desde 2009, superponiéndose al territorio chileno.

Frente a ello, siempre se ha visto el accionar chileno como más pasivo y, a ratos, escalofriantemente inmutable.

La actualización de los espacios de soberanía marítima en la zona austral por parte de nuestro gobierno había sido largamente esperada y ahora, sobre todo desde Magallanes, cabe celebrar esta respuesta legal y diplomática a los intentos argentinos. Esto, pese a que ahora la vecina nación alegue que, con ello, Chile generó un nuevo diferendo territorial.