Pésima evaluación y urgencia de recuperar la autoridad moral

En el Te Deum Ecuménico, el obispo Bernardo Bastres realizó un urgente llamado al mundo político: recuperar su autoridad moral. Esto en el marco de un país que está inmerso en un año eminentemente electoral, donde una vez más los ciudadanos serán llamados a las urnas en noviembre para renovar a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como a los integrantes de los Consejos Regionales. Además, está ya en funcionamiento la Convención Constitucional, órgano elegido popularmente para redactar una nueva Carta Magna.

Pertinente al llamado eclesial resulta revisar algunos datos de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (Cep). Un 61% de los encuestados planteó que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y la Convención Constitucional, como órgano que redactará la nueva Constitución, debutó en este sondeo con 24 puntos de confianza, ubicándose sobre la mitad de la tabla que tiene a las universidades públicas como las entidades mejor evaluadas (47) y al gobierno (11), el Congreso (8) y a los partidos políticos (4) como los peor calificados.

Otros datos interesantes se refieren a las expectativas ciudadanas. El 49% estimó que la nueva Carta Magna “probablemente ayude a resolver problemas” (siete puntos porcentuales menos que en la versión de 2019); un 15% se inclina porque “probablemente empeore la situación actual”; y un 30% cree que “probablemente deje las cosas igual”.

Nuevamente, este sondeo muestra el descrédito de la política, marcado ello por la pésima evaluación del gobierno, los parlamentarios y los partidos. También y aunque está entre las entidades mejor evaluadas, se aprecia un desencanto respecto de la Convención y el efecto que podrá tener el cambio constitucional en la resolución de los problemas más acuciantes.

Estos datos son claros y, aunque pueden tener algún sesgo, evidencian, en algo, el sentir ciudadano respecto de los gobernantes y la clase política. En tal contexto, el llamado del obispo cobra sentido al valorar la autoridad ejercida por personas realmente comprometidas con el bien común.