Convención Constitucional: luces y sombras en la aprobación del Reglamento

Con dificultades -debido a los cambios realizados por la pandemia- la Convención Constitucional ha ido deliberando y votando el contenido que contendrán tanto el Reglamento General como los reglamentos de ética y de participación popular y consulta indígena. Se trata de un hito fundamental en el desarrollo de la Convención Constitucional pues nos permitirá establecer los principios, definiciones y deberes que regirán el actuar de este ente colegiado.

Este avance es, sin lugar a dudas, una buena noticia. Ello porque podremos, de una vez por todas, abocarnos a lo que espera la ciudadanía de nosotros: que discutamos y resolvamos los contenidos que contendrá la propuesta de Carta Fundamental que prepararemos y sobre la cual deberá referirse el país a través del plebiscito de salida. Entre dichas materias, se pueden destacar temáticas tales como la estructura administrativa que tendrá nuestro país, la regulación y perfeccionamiento de nuestro catálogo de derechos políticos y sociales, y la regulación de nuestro Banco Central.

Un punto a resaltar en la aprobación del Reglamento fue la ratificación de que las normas constitucionales propuestas por la Convención deben cumplir con el quórum de dos tercios de los convencionales constituyentes en ejercicio, en línea con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución vigente -enmienda aprobada en diciembre del 2019- que habilitó y reguló los aspectos centrales del funcionamiento de este inédito proceso. En este caso, la racionalidad y el espíritu de respetar la institucionalidad prevaleció por sobre los intentos expresos de ignorar el ordenamiento constitucional, resguardándose el espíritu de la norma, que no es otro que la búsqueda de acuerdos constitucionales amplios y sostenibles en el tiempo.

Con todo, muchas de las normas aprobadas por el Pleno son altamente preocupantes. En particular, las siguientes ideas son las que -a mi juicio- dificultarán más el trabajo, los fines y la eficacia de la Convención.

En primer lugar, la aprobación de un mecanismo para establecer plebiscitos dirimentes. Dicho mecanismo -de concretarse- le restará eficacia al quórum de los dos tercios y, tal como señaló el académico Castellá, constituye un caso atípico de participación ciudadana. Valorando y promoviendo la participación ciudadana, estimo que es más conveniente -debido a las distorsiones y dificultades que genera- que esta se manifieste -tal como se había acordado en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución- en el plebiscito de salida, en el cual los ciudadanos se manifestarán sobre la propuesta global de nueva Carta Fundamental que presentará el Pleno de la Convención Constitucional.

En segundo lugar, existen normas aprobadas que dificultarán la deliberación al interior de la Convención. En concreto, me refiero a las normas aprobadas referentes a la eventual existencia de discursos de odio y de negacionismo. La referida norma dispone que sería considerado negacionismo toda acción u omisión que minimice o justifique delitos de lesa humanidad en dos épocas muy complejas y controvertidas de nuestro país (y, la segunda hipótesis, muy reciente, por cierto), estableciéndose importantes sanciones aplicables a los convencionales que sean considerados infractores. Esta controvertida norma ha sido ampliamente criticada. A modo de ejemplo, José Miguel Vivanco -Director Ejecutivo de Human Rights Watch- afirmó que se trataba de una definición vaga y ambigua, siendo por tanto inconsistente con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Teniendo en consideración las luces y sombras de las normas reglamentarias aprobadas a la fecha, considero que el proceso histórico por el que atraviesa nuestro país requiere el compromiso de todos. Dicho compromiso debe materializarse en apertura al diálogo, flexibilidad, empatía y búsqueda activa de acuerdos amplios. Solo así podremos ofrecerle a Chile una nueva Constitución que contribuya a superar la crisis de institucionalidad y que sea herramienta eficaz para abordar los desafíos que tiene y que tendrá en el futuro nuestro país.