Fiscal descartó la participación de terceras personas en la muerte de Guadalupe Oyarzún

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Preliminarmente no hay antecedentes o información vinculada a la intervención de terceras personas”, afirmó a La Prensa Austral el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson Soto, despejando así una de las principales interrogantes que dejó la desaparición y muerte de Guadalupe Oyarzún Cárdenas.

Todos los hallazgos y evidencias que fueron analizadas descartan “la comisión de algún delito específico”.

El caso de Guadalupe mantuvo en vilo a la comunidad magallánica. Fue una historia que surgió a partir del 10 de julio cuando desapareció al interior de la Reserva Magallanes. Un área muy boscosa y de difícil acceso en algunos sectores, al cuidado de Conaf.

Ese día ella y su pareja, Mauro Quevedo Quilodrán, de 50 años, llegaron a la portería de la reserva forestal. Le comunicaron a un guardaparque que se internarían a buscar unos animales que estaban extraviados.

En un momento la pareja habría tomado caminos distintos, pero quedaron de encontrarse en la casa que compartían ambos, ubicada en la entrada del camino que conduce a la reserva, camino al Andino.

El hombre llegó pero ella no. Y como las horas pasaban, en pleno invierno, con mucho frío y nieve, comunicó esto a Carabineros. A partir de ese momento se inició una búsqueda que se prolongó por 53 días. Hasta el 1 de septiembre, cuando rescatistas del Grupo Ladridos del Sur hallaron el cuerpo en un lugar de muy difícil acceso, cerca de una quebrada, siendo rescatado por el equipo de búsqueda de Carabineros.

Surgieron sentimientos encontrados en ese momento en la familia. La hermana, Rosa Piffaut Cárdenas, expresó estar más tranquila al saber que podrían darle sepultura, “pero por otra parte tenemos la incertidumbre de saber qué le pasó”.

Incluso al día siguiente de ser encontrada, la pareja de la mujer, Mauro Quevedo, fue brutalmente golpeado por personas que obviamente logró identificar y que lo enviaron al hospital, debiendo ser intervenido por una fractura. Esta causa se encuentra en plena indagación en la Fiscalía.

Habla el fiscal

A un mes del hallazgo del cuerpo de Guadalupe Oyarzún, el fiscal Fernando Dobson destacó que la autopsia se hizo bajo protocolos internacionales, en relación a posibles víctimas de violencia intrafamiliar. Por ejemplo el cuerpo fue sometido a radiografías completas.

Además viajó desde la Región Metropolitana una antropóloga del Departamento de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal.

Todo ayudará a complementar los estudios histopatológicos. “Estamos remitiendo las vestimentas al Instituto de Derechos Humanos, a los departamentos correspondientes, todo ello para tener mayor respuesta en relación a poder establecer hipótesis o causa de muerte”.

No obstante tras descartarse preliminarmente la participación de terceras personas, el fiscal subrayó que “hay una serie de diligencias y pericias complementarias que se deben realizar. Porque lo que no queremos es que hayan cabos sueltos. Y en cierta forma que no hayan aspectos sin ser resueltos desde el punto de vista de las pericias que se puedan realizar”.

Pericias al celular

En todo caso hay varias pericias pendientes. Pero una es prioritaria para Dobson. La revisión del teléfono celular de la víctima, que fue encontrado en el sitio del suceso.

“Esto, sumado a otras diligencias de carácter más investigativo, no tanto con los hallazgos, nos van a permitir arribar a una conclusión que permita dar a la familia y la comunidad tranquilidad que se ha podido conocer y reconstruir las circunstancias bajo las cuales ella falleció”.

Causa de muerte

La causa de muerte sigue estando caratulada “en estudio”. Es indeterminada aún porque siguen pendiente varias pericias complementarias.

El fiscal destacó el trabajo, de primer nivel, en relación a los profesionales que han intervenido, particularmente del Servicio Médico Legal y Labocar de Carabineros.

Sobre todo porque ha sido mancomunado y coordinado interinstitucionalmente.

Además de las reuniones lideradas por Dobson, se hicieron las coordinaciones con los distintos departamentos en la Región Metropolitana. Esto permitió obtener tiempos muy acotados y distintos a los que regularmente se logran en este tipo de pericias. “Algunas que tardan más de seis meses las hemos tenido en un par de semanas y esto sí que ayuda a tener respuestas mucho más pronto”, valoró el fiscal jefe de Punta Arenas.