Necrológicas
EDITORIAL

Probidad y conflicto de intereses

Por La Prensa Austral Domingo 10 de Octubre del 2021

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La semana que termina estuvo plagada de pésimas noticias en diversos ámbitos, si bien varias de ellas están cruzadas por dos términos: probidad y conflicto de intereses.

El primero es definido como la moralidad, integridad y honradez en las acciones y, en administración pública, se trata de un principio elemental e insoslayable del ejercicio de todo funcionario estatal.

En nuestro país, existe la Ley Nº20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, que dispone que toda persona que se desempeñe en este ámbito, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercer conforme con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad.

Este principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. De igual forma, se precisa que existe conflicto de intereses cuando concurren a la vez el interés general propio del cargo con el interés particular, sea o no de carácter económico.

Tras el escándalo internacional del Pandora Papers, el fiscal nacional debió abrir una investigación penal por presuntos delitos que involucran nada menos que al propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, su familia y el amigo del Mandatario, el empresario Carlos Délano. Esta noticia dio la vuelta al mundo y el propio sector político del gobernante se abrió a estudiar una acusación constitucional contra él, luego de que las bancadas opositoras adelantaran su apoyo a tal acción.

En tanto, el Séptimo Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva para los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos por un caso de malversación y falsificación de instrumento público. En esta causa, también fue formalizada la ex ministra de Justicia de la Presidenta Bachelet, Javiera Blanco.

Cabe remarcar el nivel de los funcionarios públicos involucrados en estos casos: un Presidente de la República, dos ex generales directores de la institución policial que debe combatir a los delincuentes y una ex ministra de Justicia. Cualquier cosa que agreguemos estaría, sinceramente, demás.