FNE acusó por colusión a Prosegur, Brinks y Loomis y pide millonarias sanciones

Solicitó al Tribunal de Libre Competencia que se apliquen multas totales equivalentes a US$63,4 millones.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento por el delito de colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país y sus principales ejecutivos.

Este requirimiento fue presentado luego de que, presuntamente, la plana ejecutiva de las empresas de seguridad hayan ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.

La FNE pidió al TDLC que se apliquen sanciones totalizadas en 81.585 Unidades Tributarias Anuales (Uta), equivalentes a 63,4 millones de dólares.

Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s Chile S.A., por 39.325 Uta, correspondientes a 30,5 millones de dólares; y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A., por 33.253 Uta, equivalentes a 25,8 millones de dólares. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.

Para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), la FNE solicitó una sanción económica de 8.314 Uta, que corresponden a 6,4 millones de dólares.

En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s) con 149 Uta (115 mil dólares), Marco Malverde Muñoz (Prosegur) con 134 Uta (104 mil dólares), y Cristián Catalán Jerez (Loomis) con 114 Uta (88 mil dólares).

Según detalla la FNE, se logró acceder a esta información gracias a la colaboración del Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos (FBI).

Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, la acusación también se dirige contra los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica:

De acuerdo a la FNE, el inicio del acuerdo entre las empresas se remontaría, al menos, a marzo de 2017, momento en que los ejecutivos de Brinks y Prosegur ya habrían estado coordinando los precios de sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y prestaciones sociales. A este acuerdo se había incluído plegado Loomis en diciembre del mismo año.