La prensa libre, ¿un derecho social?

Jorge Costadoat
/El Mostrador

La libertad de prensa es un derecho civil. ¿Pudiera ser también un derecho social? ¿Un derecho a ser informado y a formarse una opinión en temas que importan al bien común?

Con ocasión de la etapa comenzada por la Convención, Carlos Peña, en una columna reciente, distingue tres tipos de derechos. Los derechos civiles, como el de movimiento y de religión, los cuales pueden ser ejercidos por los individuos aunque moleste a las mayorías. El derecho a la prensa libre cabría en esta categoría. Segundo, los derechos políticos, que salvaguardan la autonomía colectiva, como por ejemplo la posibilidad de formar un partido, aunque sea una agrupación minoritaria. Y, por último, los derechos sociales que benefician a las grandes mayorías con los bienes que la sociedad produce, derechos exigibles en la medida que ella tiene los medios para hacerlo.

Mi opinión es la siguiente: la verdad que sirve para la construcción social tiene un valor fundamental. Sin esta la sociedad democrática se desmorona en favor de los más poderosos. Sin medios de comunicación que canalicen la libertad de expresión, quienes pierden son las grandes mayorías. La ciudadanía, para ser tal y no masa expuesta a la mentira y la maledicencia, hoy fácilmente generadas industrialmente, tiene derecho a participar en debates informados.

El caso es que nuestras sociedades están enfrentando un mismo problema. Sus instituciones son socavadas por la perentoriedad con que sus autoridades son exigidas a dar cuenta de sus actos a través de las redes digitales. Twitter y Facebook no dan tregua, no dejan espacio a las explicaciones, hacen de armas. Los políticos son sometidos a un escrutinio despiadado. Lo más grave son los ataques contra los partidos en cuanto tales, a saber, las mediaciones básicas de la democracia. Por otra parte las encuestas y el rating contribuyen a la volatilidad de las opiniones. Esto y aquello, que por cierto y a pesar de todo ayuda a la participación popular, mina los organismos sociales que tradicionalmente procesan, organizan y vehiculan sus opiniones, e impiden también que los políticos cuiden a la ciudadanía de sí misma.

Creer que se puede prescindir de la prensa porque hay redes digitales que cumplen su misión, es un engaño brutal. Por cierto, sin la prensa estas redes no tendrían siquiera con qué informar a la gente. La falta de medios profesionales nos condenaría al rumor. Ocurre en las dictaduras. Las redes cumplen una labor de control indiscutible, pero lo hacen de un modo caótico y no garantizan información fidedigna. La prensa es una disciplina profesional clave de las democracias modernas.

Vuelvo al punto de partida. La prensa, si es sustentada por el Estado como un bien que la ciudadanía merece por derecho para participar responsablemente en el gobierno de sí misma, es una institución tan importante como los partidos. ¿No podría considerársela un derecho social y no sólo un derecho civil?

El rector de la UDP, al final de su columna, se pregunta por la propiedad privada. ¿Qué es? Ella vincula todos estos derechos. En su virtud, “el miembro de la sociedad abierta y democrática (como la que debe inspirar a la Convención) posee inmunidad frente a los demás (los derechos civiles); participa en la formación de la voluntad colectiva (derechos políticos); y en tanto ciudadano accede a los mínimos civilizatorios que la sociedad ha alcanzado (derechos sociales)”.

Me parece que, por análoga razón, la prensa cumple esta misma misión. Es más, para no depender de la mera propiedad privada, debiera ser financiada por el Estado. Una sociedad que goza de una prensa profesional sustentada por privados y por el Estado, mediante un control recíproco, tiene mayores posibilidades de ser llamada libre.