Combustibles y bloqueo de rutas

El miércoles por la tarde, un grupo de automovilistas inició un bloqueo de rutas de acceso y salida de Punta Arenas, para demandar al gobierno una solución al alza sostenida del precio de los combustibles.

En vísperas de un fin de semana largo y, además por los trastornos que tales cortes viales comenzaron a ocasionar a la población y al sector productivo, en general, apremiaba hallar un entendimiento. Tras cuatro horas de negociaciones, entre la delegada presidencial y los representantes de los movilizados, el viernes cayendo la tarde se logró que estos últimos aceptaran levantar el bloqueo. Por su parte, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, se comprometió a congelar las alzas hasta pasadas las elecciones del 21 de noviembre y establecer una mesa de trabajo para acordar un mecanismo que, al menos, garantice a los magallánicos que el ajuste de valores no lleve a que los precios regionales de los combustibles superen a los del resto del país.

La movilización, por justo que haya sido su motivo -pues es una realidad la tendencia alcista de los precios de la bencina-, complicó a muchas personas, pasajeros, en general, que llegaron a la zona o que tenían que viajar y se encontraron con una ciudad trastocada en su vida cotidiana. El sector industrial y el comercio también sufrieron el corte de rutas, el cual les ocasionó millonarias pérdidas.

Pero, además de todo aquello, quedó al descubierto un grave problema de seguridad y orden públicos, pues, aunque anunciada profusamente la intención de bloquear caminos, las autoridades encargadas de estos ámbitos permitieron que ello ocurriera. Mala señal, ya que de ahora en más cualquier grupo pudiera verse tentado a hacer lo mismo.

Estas son reflexiones necesarias a la hora de abordar lo sucedido, más allá de celebrar el fin del bloqueo y la disposición del gobierno central de estudiar el mecanismo y detenerse a considerar las particularidades del caso magallánico.